La Curatela
Despacho de Abogados en Sevilla

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La Curatela


La Curatela

Tiene por objeto complementar la deficiente capacidad del menor de edad o incapaz sujeto a ella.

Personas sujetas a Curatela

a) Menores de edad no emancipados que no cuentan con la asistencia de sus padres

b) Menores sometidos a tutela que hayan obtenido judicialmente el beneficio de la mayoría de edad.

c) Los declarados pródigos

d) Personas a quienes la Sentencia de Incapacitación les coloque bajo esta forma de protección

Curador

Puede ejercerse por cualquier persona física que tenga capacidad de obrar, y esté en pleno uso de sus derechos civiles y, subsidiariamente, cualquier persona jurídica que no tenga finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de incapaces.

Al igual que la tutela, es un cargo renunciable y puede ser retribuido. La Curatela de los incapacitados tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido.

Funciones del Curador

El curador no es el representante legal del incapacitado, sino que son la de asistir al incapaz y complementar su capacidad, en aquellos actos que no pueda realizar por sí mismo.

Los actos en que se considera necesaria la intervención del curador deben quedar delimitados en la sentencia que haya establecido la Curatela.

Cuando la sentencia no específica el alcance de la Curatela, se entiende que el curador tiene que asistir a su pupilo en los mismos actos que el tutor necesita autorización judicial.
Suele ceñirse e a la administración de los bienes. En estos casos, el curador asistirá al incapaz en la administración ordinaria y en la realización de negocios jurídicos que el cuartelado por sí, no puede efectuar.

En el caso de existir discrepancias entre el sometido a Curatela y el curador, en un asunto en que éste último deba intervenir, tendrá que solicitarse el auxilio judicial.

Extinción de la Curatela

– Cuando el menor de edad cumple 18 años, salvo que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado.
– Por la adopción del menor de edad sometido a Curatela.
– Por fallecimiento del curador y/o de la persona sometida a Curatela.
– Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la Incapacitación, o que modifique la sentencia de Incapacitación sustituyendo la Curatela por la tutela.

 

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Pensión de alimentos


Pensión de alimentos

Reclamaciones fallo servicio Blackberry

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

Cuantía

Estará en función de las necesidades del alimentista y los medios de que disponga el alimentante.

Gastos extraordinarios

Se salen de lo natural o común, no tienen periodicidad fijada, dimanantes de supuestos de difícil o imposible previsión. La proporción habitual al pago de estos gatos es de 50% entre progenitores.

Modificación de la cuantía

– Actualización de la cuantía

– Aparición de hechos nuevos que altere las circunstancias

– Que el cambio afecte a circunstancias accesorias o accidentales

– Modificación permanente

– Imprevisible

Extinción del derecho a alimentos:

– Fallecimiento del alimentante o alimentista

– Extinción del vínculo familiar

– Superación del estado de necesidad de alimentista

– Abandono del hogar del hijo mayor de edad para mantener una vida independiente

– Reducción de la fortuna del alimentante

El impago durante 2 meses consecutivos o de 4 meses no consecutivos de la pensión de alimentos es constitutivo de un delito de abandono de familia sancionado con pena de prisión de 3 meses a 1 año o de multa de 6 a 24 meses.

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Pensión compensatoria


Pensión compensatoria

El objetivo de este tipo de pensión es compensar al cónyuge más desfavorecido desde el punto de vista económico por la ruptura del matrimonio o unión (desequilibrio económico).

La Pensión Compensatoria debe fijarse mediante Resolución judicial, puede ser propuesta por el solicitante o por ambas partes en el Convenio Regulador.

Cuantía 

La fija el juez en función de los ingresos y bienes de la persona que debe satisfacerla.

La cantidad establecida en la sentencia de separación se actualiza todos los años de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumo que publica el Instituto Nacional de Estadística.

Causas de extinción

– Renuncia

– Matrimonio o conveniencia marital con otra persona

– Fallecimiento del acreedor

– Transcurso del tiempo

– Cese de la causa que la motivó

Duración

La Pensión Compensatoria podrá ser temporal o vitalicia, según lo acuerden las partes o se establezca en la Sentencia, si bien, la pensión vitalicia estaría más encaminada a prevenir un desequilibrio económico y enfocada en aquellos casos en que exista dificultad o imposibilidad de que se produzcan las causas de extinción.

Modificación

Podrá instarse una modificación cuando se haya producido un cambio en las circunstancias económicas de cualquiera de los cónyuges que se tuvieron en cuenta para su establecimiento.

Actualización

Existen diversos criterios para proceder a la actualización de la Pensión Compensatoria, siendo la práctica más habitual el incremento anual del Índice de Precios al Consumo (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

El impago de la pensión compensatoria, al igual que el de pensión de alimentos, puede dar lugar a la comisión de un delito de abandono de familia castigado con pena de prisión de 3 meses a un año o multa de 6 a 24 meses..

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Guarda y custodia


La Guarda y Custodia

Convivencia de uno de los progenitores de forma estable con los hijos, siendo el responsable de su cuidado cotidiano y de tenerlos en su compañía.

· Prevalencia del interés del menor

Modalidades:

– Custodia por uno solo de los cónyuges

– Guardia y custodia compartida por ambos cónyuges

– Custodia encomendada a otros familiares (abuelos, otros parientes y allegados, o entidad pública).

· Modificación del régimen de custodia: por alteración de las circunstancias.

Determinación de la Guarda y Custodia

– Por acuerdo de los progenitores en el Convenio Regulador de Separación o Divorcio.

– Por decisión del Juez cuando no exista acuerdo entre los progenitores

Criterios para otorgar la Guarda y Custodia

Los Tribunales analizarán cada caso basándose en las circunstancias existentes y el interés superior del menor. Como datos objetivos, se tendrán en cuenta:

– Dedicación prestada a la atención de los hijos

– Disponibilidad de tiempo para dedicar a los hijos en el futuro (Ej. horario de trabajo)

– Opinión de los hijos menores. Será obligatorio oír a los hijos cuando tengan suficiente juicio, y siempre que sean mayores de 12 años.

– Situación de riesgo para los menores por enfermedad, toxicomanía o alcoholismo de un progenitor.

Modificación del Régimen de Custodia 

Podrá modificarse el régimen de custodia cuando se produzca un cambio de las circunstancias tenidas en cuenta para acordar la medida definitiva de Guarda.

Los supuestos más frecuentes son:

– Voluntad del hijo

– Cambio de domicilio del progenitor custodio que suponga un traslado del hijo fuera de su entorno habitual

– Cambio de horario de trabajo del progenitor custodio

– Enfermedad sobrevenida que impida el ejercicio de la custodia

Régimen de visitas

Atribuida la custodia a uno de los padres es legalmente preceptivo establecer los mecanismos precisos para asegurar una relación de los hijos con el progenitor no custodio.

· Prevalencia del interés del menor

Establecimiento del régimen de visitas: fin de semanas, vacaciones, etc.

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Separación matrimonial


Separación matrimonial

Desde el mes de Julio de 2005, en el que se produce una reforma del Código Civil, desaparece en España el sistema de causas, tanto en el divorcio como en la separación

Mediante la separación los cónyuges deciden poner fin a su convivencia e iniciar vidas separadas e independientes.

La separación conyugal no rompe el vínculo matrimonial, lo que tan sólo sucede por fallecimiento, declaración de fallecimiento o divorcio.

Las fórmulas para proceder a la separación son: la separación de hecho o la separación judicial, y dentro de esta última puede llevarse a cabo de mutuo acuerdo o de manera contenciosa.

Separación de Hecho

Se produce por acuerdo entre ambos cónyuges o por decisión de uno solo de ellos, por ejemplo, abandonando el domicilio familiar.

Inconvenientes

– No se suele proceder a la liquidación del régimen económico matrimonial, por lo que empiezan a producirse confusiones entre los patrimonios de los excomponentes de la pareja.

– El cónyuge que decida marcharse del domicilio familiar pude incurrir en un delito de abandono de la familia

Separación Judicial

De mutuo acuerdo

Necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio y que se aporte junto a la demanda de separación un Convenio Regulador, donde se establezcan los acuerdos alzados por los cónyuges respecto la guardia y custodia de los hijos, el régimen de visitas, la Pensión de alimentos, la Pensión compensatoria, la vivienda familiar, etc.

Para la interposición del procedimiento judicial es preceptiva la asistencia de abogado y procurador.

Contenciosa

Se produce en aquellos supuestos en que los cónyuges no son capaces de llegar a ningún acuerdo sobre la guardia y custodia de los hijos, el régimen de visitas, la Pensión de alimentos, la Pensión compensatoria, la vivienda familiar, por lo que en lugar de aportar Convenio Regulador, será el Juez quien decida sobre estas materias.

Es necesario que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio. Podrá omitirse este plazo cuando se acredite que existe un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge que solicita la separación, de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

Durante el procedimiento podrán acordarse medidas provisionales destinadas a regular la situación patrimonial de los cónyuges (cargas del matrimonio), el régimen de visitas, la Pensión de alimentos, la Guarda y Custodia, etc.

En cualquier momento del procedimiento, si los cónyuges llegasen a un acuerdos sobre estas materias, podrá convertirse el procedimiento en mutuo acuerdo, agilizando su tramitación.

Para la interposición del procedimiento judicial es preceptiva la asistencia de abogado y procurador.

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La promesa de matrimonio


La promesa de matrimonio

Negocio jurídico por el que dos personas de distinto o igual sexo y con capacidad matrimonial se obligan a celebrar matrimonio en el futuro (tradicionalmente denominada esponsales). No exige formalidad alguna.

Pese a ello el Art. 42 del Código Civil, dispone :“la promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo que se hubiere estipulado para el supuesto de su no celebración””.

La promesa comporta el compromiso de contraer matrimonio con una persona, en el entendido que, jurídicamente, no hay obligación de contraer nupcias, sino tan solo de indemnizar, caso de que se dé un incumplimiento sin causa.

Obligación de resarcimiento de gastos: por la persona mayor de edad o menor emancipado y que abarca los gastos efectuados y las obligaciones contraídas como consecuencia del matrimonio prometido.

Presupuestos

– Hecha por persona mayor de edad o menor de edad emancipado

– Certeza de la promesa

– Ausencia de causa que justifique el incumplimiento

– Libertad de forma

Gastos y obligaciones susceptibles de reembolso

Todos aquellos gastos realizados que se encuentran en inmediata y directa relación con el matrimonio proyectado y que efectivamente han sido realizados, después de la promesa de matrimonio; así como otros gastos no incluidos en la partida anterior, pero necesarios para cumplir las prestaciones futuras a las que se haya obligado el demandante, en función del matrimonio prometido.

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Comunidad de Propietarios


Comunidades de Propietarios

Derecho de Propiedad recae sobre uno o varios pisos, viviendas o locales de un edificio, adquiridos separadamente por diversos propietarios, con ciertos derechos y obligaciones comunes.

Elementos Comunes

Son elementos comunes los espacios indivisibles, ya sea por su propia naturaleza o por la naturaleza quela Comunidadde Propietarios les ha atribuido. La característica esencial de estos elementos es que todos los vecinos llevan a cabo un uso de los mismos en condiciones de igualdad. Ejm. suelo, vuelo, cimentaciones, pasos, muros, fosos, patios, pozos, escaleras, porterías, ascensores, corredores, cubiertas, canalizaciones y servidumbres, entre otros.

Características:

– Son elementos comunes aquellos susceptibles de un aprovechamiento en condiciones de igualdad entre los propietarios de los distintos pisos y locales que configuran el inmueble.

– Estos elementos no pueden ser objeto de transmisión, embargo o gravamen considerados aisladamente, sino únicamente con el elemento privativo al que sirven.

– Los elementos comunes no pueden ser divididos ni física ni jurídicamente; ahora bien, es posible individualizar su aprovechamiento a un comunero.

– Su titularidad pertenece a todos los comuneros en la proporción que corresponde según el coeficiente asignado a cada uno de los elementos privativos a que sirven.

– Las obras, modificaciones o alteraciones que se deseen llevar a cabo sobre estos elementos necesitarán, como requisito para que dichas actuaciones sean legales, de un acuerdo de los comuneros, a diferencia de las alteraciones que puedan llevarse a cabo sobre elementos privativos.

Elementos Privativos

Son elementos privativos de cada propietario aquellos pisos o locales que formen parte de un inmueble y que sean susceptibles de un aprovechamiento independiente por parte de éste. Estos pisos o locales tienen salida, generalmente, a un elemento común o bien a la vía pública.

Obras Permitidas

Cada  propietario podrá realizar obras en su piso o local,  modificando sus elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios a condición de que:

– No reduzca o altere la seguridad del edificio, su estructura general, ni su configuración o estado exteriores.

– No perjudique los derechos de otro propietario.

– Comunique la realización de tales obras previamente ala Comunidad.

En el resto del edificio no puede realizar alteración alguna y si advirtiese la necesidad de reparaciones urgentes deberá comunicarlo al Administrador.

Derechos y Deberes de los Propietarios

Derechos

Los propietarios tienen una copropiedad, con los demás dueños de los demás pisos o locales, de los restantes elementos, pertenencias y servicios comunes.

Además, el propietario podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de su piso o local, siempre sin menoscabar la seguridad del edificio, su estructura general, o perjudicar los derechos de otros propietarios.

Deberes

– Respetar las instalaciones generales de la Comunidad y demás elementos comunes.

– Mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la Comunidad a los propios propietarios.

– Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la creación de servicios comunes de interés general.

– Permitir la entrada en su piso o local para la realización de las obras que sean necesarias para mantener y conservar el buen estado del inmueble o edificio.

– Contribuir a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título.

– Contribuir a la dotación del fondo de reserva que existirá en la Comunidad de propietarios para atender las obras de conservación y reparación de la finca.

– Observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás titulares y responder ante éstos de las infracciones cometidas y de los daños causados.

– Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario dela Comunidad, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la Comunidad.

– Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la Comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el cambio de titularidad de la vivienda o local. El que incumpla esta obligación seguirá respondiendo de las deudas con la Comunidad devengadas con posterioridad a la transmisión de forma solidaria con el nuevo titular, sin perjuicio del derecho de aquél, a repetir sobre éste.

Junta de Propietarios

Facultades

– Nombrar y cesar a las personas que ejerzan los cargos de Presidente, Secretario y Administrador y resolver las reclamaciones que los titulares de los pisos o locales formulen contra la actuación de aquellos.

– Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las cuentas correspondientes.

– Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras de reparación de la finca, sean ordinarias o extraordinarias.

– Aprobar o reformar los estatutos y determinar las normas de régimen interior.

– Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general parala Comunidad, acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común.

Reuniones

Al menos una vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas y en las demás ocasiones que lo considere conveniente el Presidente o si así lo solicita la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que representen al menos el 25 % de las cuotas de participación.

La convocatoria de las Juntas debe hacerla el Presidente y, en su defecto, los promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará en primera o, en su caso, en segunda convocatoria.

Impugnación de acuerdos

Cuando sean contrarios a la Ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.

Cuando perjudiquen gravemente para los intereses de la propia Comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.

Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

Acta de la Junta de Propietarios

Debe contener:

– La fecha y el lugar de celebración.

– El autor de la convocatoria y, en su caso, los propietarios que la hubiesen promovido.

– Su carácter ordinario o extraordinario y la indicación sobre su celebración en primera o segunda convocatoria.

– Relación de todos los asistentes y sus respectivos cargos, así como de los propietarios representados, con indicación, en todo caso, de sus cuotas de participación.

– El orden del día de la reunión.

– Los acuerdos adoptados, con indicación, en caso de que ello fuera relevante para la validez del acuerdo, de los nombres de los propietarios que hubieren votado a favor y en contra de los mismos, así como de las cuotas de participación que respectivamente representen.

El acta deberá cerrarse con las firmas del presidente y del secretario al terminar la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes.

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Derechos y deberes de arrendador y arrendatario.


DERECHOS Y DEBERES DE ARRENDADOR

Derechos

– Derecho a recibir  fianza como garantía de que la vivienda le será devuelta en buenas condiciones.

– Derecho a recibir el pago de la renta fijada, que se destine la vivienda al uso pactado y que se cuide.

– Derecho a que el arrendatario repare los daños que por su causa se hayan producido.

– Derecho a aumentar la renta de acuerdo con lo que se haya especificado en el contrato.

– Derecho a aumentar la renta por obras de mejora realizadas en la vivienda una vez transcurridos cinco años de duración del contrato, salvo que las partes hayan pactado lo contrario.

–  Derecho a interrumpir el sistema de prórrogas del arrendamiento en el caso de que lo necesite ocupar antes de cinco años para destinarlo a vivienda permanente para él, siempre que este supuesto conste expresamente por escrito en el contrato.En el caso de que el arrendatario no cumpla los acuerdos establecidos en el contrato, el propietario tendrá derecho a instar el cumplimiento, o bien a rescindir el contrato con indemnización de daños y perjuicios.

– Derecho a rescindir el contrato por falta de pago del arrendatario; también si éste subarrienda la vivienda sin el consentimiento del propietario; hace obras sin su conformidad; por daños en la vivienda; o si el arrendatario lleva a cabo en la vivienda actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.

Deberes

– Garantizar al arrendatario el uso pacífico de la vivienda.

– Hacer las reparaciones necesarias de carácter urgente y, si no lo hace, pagarle el coste al inquilino.

– Garantizar las condiciones necesarias para hacer que la vivienda sea habitable a lo largo del contrato.

– No puede exigir el pago anticipado de más de una mensualidad.

– No puede perturbar al arrendatario en el uso y la posesión pacífica de la vivienda.

– Cumplir las cláusulas del contrato bajo pena de anulación por parte del arrendatario.

– Comunicar al arrendatario la actualización de la renta un mes antes de que tenga lugar.

– Justificar todos los gastos, en general, que provoquen un aumento de la renta pactada inicialmente, con recibos, facturas de obra, etc.

DERECHOS Y DEBERES DEL ARRENDATARIO

Derechos

– A comprobar el estado de la vivienda y el mobiliario (en el caso de que esté amueblado) antes de entrar a vivir.

– A comprobar que quien le alquila la vivienda es realmente el propietario; eso puede hacerse simplemente acudiendo al Registro de la Propiedad. También se tiene derecho a comprobar que la persona que actúa en nombre del propietario tiene poderes notariales suficientes para hacerlo.

– Uso pacífico de la vivienda. La propietaria o propietario no puede perturbar este uso.

– A que el propietario garantice las condiciones necesarias a fin de que la vivienda sea habitable a lo largo del contrato.

– A que el arrendador no exija el pago anticipado de más de una mensualidad.

– A recibir el justificante por escrito de los recibos que hagan referencia a la renta mensual y que acrediten todos y cada uno de los conceptos por los cuales el arrendatario está pagando.

– A tener garantizado el alquiler durante un periodo mínimo de cinco años prorrogables por propia petición dirigida al propietario.

– A hacer obras de mejora que no modifiquen la configuración de la vivienda, siempre con el consentimiento del propietario.

– A rescindir el contrato.

– A recuperar la fianza en la finalización del contrato, siempre que no haya desperfectos en la vivienda. Si el propietario se niega a devolverla, el inquilino tiene derecho a exigir que le explique sus motivos y los acredite. En el caso de que la vivienda esté amueblada es recomendable que antes de dejarla se compruebe, junto con el propietario, que todo es correcto y firmar una hoja de conformidad.

– A subrogarse en el contrato en los casos antes previstos.

Deberes

–  Pagar una fianza.

– Pagar la renta mensual, hasta el plazo marcado en el contrato.

– Cuidar la vivienda y no realizar actividades molestas, insalubres o ilegales.

– Destinar la vivienda alquilada a lugar para vivir, personal o familiar, y no a otros usos diferentes de los pactados con el propietario.

– Afrontar los gastos de mantenimiento del inmueble (servicios, tasas, cargas y responsabilidades que correspondan a la vivienda alquilada), siempre que se haya pactado que sea el arrendatario quien se haga cargo.

– Afrontar  los gastos por servicios (luz, agua, gas), que tienen que acreditarse mediante recibos de pago facilitados por el propietario.

– Reparar  los daños que, bien por culpa del arrendatario, bien por negligencia, se hayan producido.

– Pagar las obras de mejora hechas en la vivienda, con consentimiento del propietario, siempre que éstas no modifiquen la estructura o la configuración de la vivienda.

– Pagar la renta que falte hasta la finalización del contrato en el caso de abandonar la vivienda antes de que finalice el contrato.

– No subarrendar la vivienda sin consentimiento del propietario.

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Herencia y Testamento


La Herencia

Comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por la muerte.

¿Se heredan también las deudas? Las obligaciones de una persona no se extinguen por su muerte, por lo que las deudas han de heredarse.

El Testamento

La forma mediante la cual una persona dispone sobre qué hacer con sus bienes una vez que se produzca su muerte.

Capacidad para otorgar testamento

Cualquier persona mayor de 14 años y que no esté incapacitada podrá otorgar testamento.

Clases de testamento

–         Comunes:

  • Ológrafo: escrito íntegramente por el testador respetando los requisitos legales.
  • Testamento abierto: Este testamento se otorga ante Notario quien conservará el original del documento.
  • Testamento cerrado: En este caso, el testador declara que su última voluntad se encuentra en un documento entregado al Notario y no da a conocer cuál es.

–         Especiales:

  • Militar
  • Marítimo
  • Otorgado en país extranjero

Revocación del testamento

Todas las disposiciones contenidas en un testamento se pueden revocar o anular. El mismo es revocado parcial o totalmente cuando el testador emite otro testamento posterior o realiza alguna declaración notarial modificando de alguna manera sus cláusulas. Para dicha declaración hay que cumplir con los mismos requisitos que para otorgar testamento.

En caso de que se emita más de un testamento, será válido el de fecha posterior

Sucesión Testamentaria

Si el fallecido ha dejado testamento existirán dos tipos de herederos:

Herederos voluntarios

Figuran como tales en el testamento y son los designados por el testador para que lo sucedan como titulares de los bienes que conforman su patrimonio.

Herederos forzosos

Son los que por ley tienen derecho a heredar al menos un tercio del patrimonio del fallecido, se le llama legítima. En esta categoría se encuentran, por este orden, los hijos (naturales, por adopción, matrimoniales y no matrimoniales) y descendientes y en su defecto, los padres y ascendientes. Además, la viuda/o heredará en la forma que establece la ley.

Los herederos voluntarios pueden recibir la totalidad de la herencia en caso de que no existan herederos forzosos, de existir estos últimos, pueden adquirir lo que exceda del tercio de la legítima.
Además de los herederos pueden concurrir a la herencia los legatarios, que heredan solo bienes definidos de forma explícita en el testamento.

Sucesión Legímita,Intestada o Ab Intestato

En principio, el caudal hereditario se divide por disposición legal en tres tercios: la ‘legítima‘, la ‘mejora’ y el ‘tercio de libre disposición‘.

La legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a unos determinados herederos  llamados por esto herederos forzosos.

Herederos Forzosos:

a) Los hijos (tanto biológicos como adoptados) y descendientes respectos de sus padres y ascendientes.

b) Ascendientes: heredan en defecto de los hijos y descendientes del difunto. En estos casos, el padre y la madre heredan por partes iguales y si sólo uno de ellos vive, heredará la totalidad de la herencia. Si no viven los padres, heredarán los ascendientes más próximos en grado (los abuelos).

c) El cónyuge: hereda a falta de descendientes y de ascendientes y antes que los familiares colaterales (hermanos y sobrinos).

d) Los colaterales: si sólo concurren hermanos, éstos heredarán por partes iguales; si participan en la herencia hermanos y sobrinos, los sobrinos repartirán entre sí la porción de la herencia que le hubiese correspondido al hermano fallecido.

e) Los demás parientes hasta el cuarto grado (primos) heredarán en defecto de todos los anteriores. Más allá de este cuarto grado de parentesco no es posible heredar si no hay testamento.

f) En ausencia de todos los parientes anteriores, hereda el Estado, que a su vez está obligado a asignar un tercio de la herencia a instituciones municipales de beneficencia, acción social.

La mejora

El padre o la madre podrán disponer en concepto de mejora a favor de alguno o algunos de sus hijos o descendientes, ya lo sean por naturaleza, y por adopción, de una de las dos terceras partes de la legítima.

La legitima del cónyuge viudo

  • Si hay hijos y descendientes comunes: El usufructo del tercio de mejora.
  • Si no hay descendientes pero viven sus ascendientes: El usufructo de la mitad de la herencia.
  • Si concurre con hijos del fallecido no comunes y concebidos durante el matrimonio: El usufructo de la mitad de la herencia.
  • Si no existen descendientes ni ascendientes: El usufructo de los dos tercios de la herencia. Sin embargo, en estos supuestos los herederos pueden optar por satisfacer al cónyuge viudo su parte de usufructo siguiendo otro método: asignándole una renta vitalicia, un determinado importe o atribuyéndole en propiedad determinados bienes.

La Desheredación

Equivale a privar de la legítima a un heredero forzoso, mediante testamento y con base en alguna de las causas legalmente establecidas.

El Albacea Testamentario

Persona expresamente nombrada por el testador para dar cumplimiento a sus disposiciones testamentarias.

Características: cargo testamentario, personalísimo, voluntario, temporal y gratuito.

La Aceptación de la Herencia

Acto por el cual la persona designada heredera del causante, tanto por sucesión testada como intestada, manifiesta su decisión de tomar tal condición, subrogándose en la posición del causante en todos sus derechos y obligaciones.

Clases de aceptación

Aceptación pura y simple

Sin ningún tipo de cautela por el aceptante, de modo que el heredero se hace responsable de todas las cargas que el patrimonio heredado pueda contener.

Aceptación a beneficio de inventario

El aceptante no responde por las obligaciones del causante ilimitadamente, sino hasta donde alcance el valor de los bienes hereditarios. Permite deslindar el patrimonio hereditario, de modo que las deudas que pueda contener no afecten al patrimonio del heredero.

Repudicación de la herencia

Acto por el que el llamado a la sucesión declara formalmente que rehúsa la herencia

Partición de la Herencia

Acto que pone fin a la comunidad hereditaria mediante la adjudicación a los herederos de las titularidades activas que forman en contenido de la herencia.

Clases de partición

–         Extrajudicial:

  • Testamentaria: realizada en vida del causante o tras su fallecimiento por la persona que él expresamente haya establecido.
  • Convencional: practicada de común acuerdo por los herederos

–         Judicial: cuando el testador no ha hecho partición ni encomendado a otro esa facultad

Operaciones particionales

–         Encabezamiento

–         Inventario de los bienes que constituyan el haber hereditario

–         Avalúo: tasación de cada uno de los bienes.

–         Liquidación del caudal

–         División y adjudicación

Colación

Adición al haber hereditario del importe de las donaciones realizadas en vida del causante a los herederos que son legitimarios, para evitar posibles situaciones de desigualdad. Se entiende que las donaciones realizadas en vida por los padres a los hijos, suponen un adelanto de su participación en la herencia, por lo que, el valor de lo ya recibido deberá restarse de la cuota que le corresponda tras la partición.

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Contrato de seguro


Contratación de una Póliza de Seguro

Seguro: contrato (póliza) mediante el que se le paga una suma de dinero (prima) a una Compañía de Seguros para recibir una compensación (indemnización) en caso de que se materialice alguno de los riesgos previstos en dicho contrato.

Términos

Tomador: Es la persona que contrata el seguro y realiza el pago de la primas (No necesariamente es el beneficiario del seguro).

Asegurado: Es el bien que se asegura.

Asegurador: Es quien indemniza cuando se materializa alguno de los riesgos previstos en el contrato.

Beneficiario: Es la persona que recibe la indemnización.

Capital final: Monto del dinero que recibe el beneficiario al término del contrato.

Mediador: Es la persona que asesora al tomador durante el proceso de contratación del seguro.

Póliza: Contrato suscrito entre el tomador y el asegurador donde se asientan los términos del seguro.

Prima: Precio del seguro, generalmente de anual.

Recibo: Documento que avala el pago de la prima.

Siniestro: Suceso previsto en la póliza, por el cual el asegurador debe indemnizar al beneficiario.

Franquicia: Cantidad que se deduce de la indemnización que paga el asegurador mediante la cual el asegurado asume parte del costo del siniestro.

Documentos

Solicitud del seguro: Documento mediante el cual el tomador realiza la petición formal del seguro a la compañía aseguradora, en él se asienta el riesgo a asegurar para que la compañía establezca las condiciones y precio del seguro.

Proposición del seguro: Documento emitido por la entidad aseguradora donde asienta las condiciones bajo las cuales accede a cubrir el riesgo a cubrir.

Carta de garantía: Documento emitido por la entidad aseguradora que prueba que se está tramitando la póliza solicitada.

Póliza del seguro: Documento suscrito entre al tomador y el asegurador donde se describen las condiciones del contrato de seguro.

Cláusulas:

Generales: Definen las relaciones entre las partes y definen las coberturas ofrecidas por la entidad aseguradora.

Particulares: Especifican los riesgos y coberturas contratados de entre todos los ofrecidos porla Compañía de Seguros.

Especiales: Modificaciones, ampliaciones o anulaciones que realizan las partes a las condiciones generales.

Anexos, Apéndices y Suplementos.

Duración del Contrato de Seguro

La duración de un contrato de seguro es, por regla general, de un año. Llegado el mismo la renovación será automática, a no ser que el asegurado notifique a la compañía con dos meses de antelación que no va a renovar. En caso de que sea la compañía quien no desee renovar, estará obligada a notificarlo con la debida antelación. Si la compañía desea rescindir la póliza antes de su vencimiento está obligada a devolver la parte de la prima proporcional al período de tiempo que falte para dicho vencimiento.

Cancelación del Contrato por el asegurador

– Si se vende el objeto asegurado (estará obligado a devolver la parte de la prima pendiente).

– Si durante el tiempo en que esté vigente el contrato se agrava el riesgo que cubre la póliza. En este caso el asegurador puede proponer una modificación de las condiciones recogidas en el contrato o cancelar la póliza. En cualquier caso el asegurador estará obligado a devolver la parte proporcional de la prima. En caso de que el asegurado oculte de mala fe el agravamiento del riesgo cubierto y este se materializa, el asegurador se podrá liberar del pago de la indemnización. Si, por el contrario, no existiera mala fe, la compañía solo deberá pagar la diferencia entre la prima contratada y la que corresponda al incremento del riesgo.

– Que el asegurado proporcione datos falsos a la hora de contratar la póliza.La Compañía de Seguros tiene un mes desde que se conozca el hecho para cancelar el contrato sin que el asegurado tenga derecho a recuperar la prima correspondiente al tiempo que queda hasta la fecha de cumplimiento del contrato (salvo que demuestre que no actuó de mala fe).

Cancelación del Contrato por el asegurado

– Haber comprado un objeto que estaba asegurado y que no le interese mantener el seguro.

– En caso de disminución del riesgo, por lo que habría de reducirse la prima y la aseguradora no admita la modificación de la misma. En tal caso el tomador del seguro tiene derecho a cobrar la diferencia entre la prima que ha pagado y la que le hubiera correspondido desde que notificara la disminución del riesgo.

Impago de la Prima

Si el tomador no paga el recibo del seguro, perderá la cobertura al cabo de un mes (llamado mes de gracia). En caso de seguros de vida o jubilación, se procederá a su liquidación con las cantidades que correspondan. Si la deuda es superior a los 300€,la Compañía de Seguros dispondrá de 6 meses (contados a partir del vencimiento de la prima), para reclamar el pago de la misma. En el caso de los seguros de automóvil, asistencia sanitaria y multirriesgo el tomador tendrá 5 meses desde el cumplimiento del mes de gracia para abonar el importe de la prima (en tal caso se recuperará la cobertura en 24 horas).

El Siniestro

Si se llega a producir un siniestro el tomador, el asegurado o el beneficiario tienen un plazo de 7 días hábiles (sin contar domingos o festivos) para informar ala Compañía de Seguros de la ocurrencia del mismo así como de las consecuencias y de las circunstancias en que se produjo. Si no se comunica el siniestro en el plazo estipulado, la aseguradora podrá reclamar una indemnización por daños y perjuicios que ocasione el retraso. Una vez que la compañía sea debidamente informada, envía un perito para hacer un análisis del siniestro y de los daños. Cuando finalicen la peritación y las investigaciones, la compañía tiene la obligación de pagar la indemnización, reparar o reponer el objeto asegurado en dependencia de lo estipulado en el contrato. La aseguradora puede eximirse del pago de la indemnización en caso de que el siniestro sea provocado por el propio asegurado, de no ser así, tiene la obligación de pagar el monto mínimo de la indemnización en un plazo de 40 días a partir de la notificación del siniestro y la totalidad de la misma al cabo de los 3 meses.

La Vía Judicial

En caso de no abonar la indemnización transcurridos los 3 meses, se podrá exigir judicialmente el pago de esa suma, de los intereses que esta produzca y de una indemnización adicional por daños y perjuicios que pueda originar el retraso. El tomador dispone, para interponer la acción judicial, de un plazo de 2 años si el seguro cubría daños patrimoniales y de 5 años si cubría daños personales. Las acciones judiciales se tramitarán ante el juez correspondiente al domicilio del asegurado.

Cobertura de Defensa Jurídica

Asistencia jurídica o reembolso de los gastos que puedas tener como asegurado, propietario, conductor u ocupante del vehículo en el momento del siniestro dentro de una reclamación en vía administrativa, judicial o arbitral. De este modo serán abonados por la Compañía., usted podrá elegir para su defensa al abogado de la Compañía de Seguros, o a un abogado de su confianza cuyos honorarios.

 

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Derecho de Autor y Propiedad Intelectual


prropiedad intelectual y derechos de autorLa Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual está integrada por una serie de derechos de carácter personal y/o patrimonial que atribuyen al autor y a otros titulares la disposición y explotación de sus obras y prestaciones.

Obras Protegidas

Creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.

Requisitos

1.- Debe tratarse de una obra original

2.- Debe haber sido expresada por cualquier medio

Ejemplos

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza;

b) Las composiciones musicales, con o sin letra;

c) Las obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantominas y, en general, las obras teatrales;

d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;

e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas;

f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería;

g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia;

h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;

i) Los programas de ordenador.

Titulares del Derecho de Autor

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.

Sujetos de los otros Derechos de Propiedad Intelectual

– Artistas intérpretes o ejecutantes.

– Productores de fonogramas.

– Productores de grabaciones audiovisuales.

– Entidades de radiodifusión.

– Creadores de meras fotografías.

– Protección de determinadas producciones editoriales.

Nacimiento del Derecho de Autor

El autor de una obra adquiere los derechos de propiedad intelectual por el simple hecho de la creación. El depósito de la obra en el Registro dela Propiedad Intelectual, llegado el caso, tiene carácter potestativo y posee meros efectos probatorios.

Contenido del Derecho de Autor

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y  patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación, sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley de Propiedad Intelectual.

Derechos morales

En virtud de este derecho moral de autor, corresponden al creador –en exclusiva- las siguientes facultades:

1) Decidir si la obra ha de ser divulgada y en qué forma;

2) Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente;

3) Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra;

4) Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación;

5) Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural;

6) Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de los derechos de explotación;

7) Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.

Estos derechos morales son intransmisibles.

Derechos patrimoniales

–      Derechos relacionados con la explotación de la obra o prestación protegida

  • Derechos exclusivos: aquellos que permiten a su titular autorizar o prohibir los actos de explotación de su obra o prestación protegida por el usuario, y a exigir de este una retribución a cambio de la autorización que le conceda.
  • Los derechos de remuneración: no facultan a su titular a autorizar o prohibir los actos de explotación de su obra o prestación protegida por el usuario, aunque si obligan a este al pago de una cantidad dineraria por los actos de explotación que realice, cantidad esta que es determinada, bien por la ley o en su defecto por las tarifas generales de las entidades de gestión.

– Derechos compensatorios, como el derecho por copia privada que compensa los derechos de propiedad intelectual dejados de percibir por razón de las reproducciones de las obras o prestaciones protegidas para uso exclusivamente privado del copista.

Reproducción de Obras Protegidas

Exige el previo consentimiento del titular de los derechos de explotación, sea el titular de los derechos de explotación el autor original de la obra, o un tercero a quien aquél se los haya transmitido. El consentimiento del titular de los derechos de autor para la utilización de sus obras deberá formalizarse a través de un contrato de cesión.

El Derecho de Cita

Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. No requiere de consentimiento del autor o titular de los derechos de explotación de la obra citada.

Condiciones de la cita

–       Recaer siempre sobre obras ya divulgadas, la cita de obras inéditas exige siempre el consentimiento del autor.

–       Recaer siempre sobre fragmentos de la obra ajena, la reproducción íntegra de una obra no se considera cita.

–       La cita debe ir siempre acompañada de la fuente y del nombre del autor de la obra citada.

–       Sólo puede realizarse para el análisis, comentario o juicio crítico del texto citado, y a los solos fines de docencia e investigación.

Obras de Dominio Público

Los derechos de explotación de la obra no tienen carácter indefinido, estando limitados temporalmente a la vida del autor y los setenta años posteriores a su muerte. Transcurrido este período, la obra pasa a integrar el dominio público. Así mismo, no son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores.

La Copia Privada

Es un límite al derecho de reproducción que ostentan los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las obras y prestaciones protegidas.
Este límite permite que determinadas obras divulgadas a la cual haya tenido acceso legal una persona física pueda ser reproducida por esta, siempre que la copia que obtenga no sea utilizada de forma colectiva, ni lucrativa.

En España la obligación del pago de la compensación por copia privada corresponde a los fabricantes e importadores de equipos y soportes idóneos para la reproducción de obras, que vayan a destinarlos a la distribución comercial o utilización dentro del territorio español. Además de los anteriores sujetos obligados al pago, los sucesivos adquirentes en la cadena de distribución que no sean considerados consumidores finales o usuarios de los equipos y soportes, son considerados responsables solidarios del pago de la compensación.

El Registro de Propiedad Intelectual

Al protegerse la obra por el sólo hecho de su creación, la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual es voluntaria. Es conveniente, sin embargo, indicar la reserva de derechos y el símbolo ©, en el caso de una obra o prestación o, si se trata de fonogramas el símbolo ®.

 

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Ley de Medidas de Agilización Procesal


El próximo día 31 de Octubre entrará en vigor la Ley de Medidas de Agilización Procesal, 37/2011 de 10 de Octubre, con el objetivo de dotar a nuestra justicia de medios modernos y eficientes.

Los datos estadísticos más recientes sobre entrada de asuntos en nuestros tribunales acreditan que en los últimos tiempos se ha producido una subida exponencial de la litigiosidad. Así, el número de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones durante el año 2009 ha tenido un crecimiento cercano al 33 % con relación al número de asuntos ingresados 10 años antes. En algunos órdenes jurisdiccionales el volumen de entrada ha sido especialmente intenso, como en el civil, que ha doblado la entrada de asuntos en esa misma década.

El sobrevenido aumento de la litigiosidad es indicativo de la confianza cada vez mayor que los ciudadanos depositan en nuestra Administración de Justicia como medio para resolver sus conflictos y pretensiones, pero al propio tiempo ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir profundas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de calidad. Este fue también el objetivo último que determinó la promulgación de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley 13/2009, de la misma fecha, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.

La Ley que ahora se presenta continúa la línea de reformas procesales iniciada con las reformas que se acaban de mencionar, tratando ahora de introducir en la legislación procesal mejoras que permitan agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías para el justiciable.

El objeto de la Ley es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo que obedecen al propósito común de suministrar a nuestros tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal. Tales medidas son de distinto signo. Unas están encaminadas a garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, como ocurre en el caso del orden penal, otras a optimizar los procedimientos, a suprimir trámites procesales innecesarios o a sustituirlos por otros más breves, y otras, en cambio, están orientadas a limitar el uso abusivo de instancias judiciales

Sus principales aspectos son:

– PROCESO CIVIL

Desahucio: Se incluye el monitorio como medio de procedimiento para el desahucio por falta de pago y se modifica el art. 440 LEC (Enervación y requerimiento)

Monitorio: Se suprime el límite de cuantía.

Tercería de dominio y mejor derecho: A partir de la entrada en vigor de la reforma se sustanciarán por los trámites del juicio verbal.

Recursos:

Apelación en el Juicio Verbal: Se excluye por cuantía hasta 3000 euros.
Desaparece la preparación de los recursos devolutivos (apelación y casación)
Recurso de Casación: Se aumenta la cuantía hasta 600.000 Euros.

Costas: Se incluye en la LEC el importe de las tasas judiciales.

– PROCESO PENAL

Se modifican preceptos de la LECRIM, respecto al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. (Competencia, derecho de defensa, juicio oral, conformidad y rebeldía).

PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO


Se reducen trámites en cuanto a la prueba.
Se limita las vistas en el procedimiento abreviado.
Los asuntos por cuantía en el procedimiento abreviado se elevan a 30.000 euros.
Se regulan las medidas cautelarísimas.
Se incluye el criterio del vencimiento en materia de costas en procedimientos en primera o única instancia.

– TASAS JUDICIALES

Se modifican las tasas del monitorio que exceda de 3000 Euros (50 euros, antes 90) y las de ejecuciones en general a ejecución extrajudiciales (se mantiene los 150 euros).

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Sentencia sobre la custodia compartida del perro


¿Cómo gestionar el disfrute de nuestra mascota tras la ruptura de la pareja? ¿Puede establecerse una custodia compartida del perro?

Os mostramos una curiosa Sentencia sobre la custodia compartida del perro de una pareja. En ella, se establece un régimen de visitas para el disfrute de la mascota tras la ruptura de la pareja.Sentencia sobre la custodia compartida del perro

La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº  2 de Badajoz,  de 7 de Octubre de 2010, resuelve la demanda de uno de los dueños del perro, quien tras la ruptura con su pareja, también propietaria del mismo, interesa la tenencia compartida de la mascota mediante un sistema de turnos iguales para ambos dueños.

El Tribunal declara como hechos probados que la pareja había estado conviviendo juntos de 1996 a 2005, compartiendo un perro abandonado, cuando tras la ruptura de la misma en 2009, él se quedó con la posesión exclusiva de la mascota.

  FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La propiedad de los animales.
Los animales son bienes semovientes y, en nuestra tradición jurídica, las referencias legislativas son abundantes. El Código Civil los incluye dentro de la categoría de «cosas».
Así, el artículo 333 proclama que todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles. Los animales entonces son cosas que pueden ser objeto de apropiación y tienen la naturaleza de bienes muebles, sin más salvedad que la contemplada en el artículo 334 del Código Civil con relación a los viveros, palomares, colmenas, etcétera.
Es entonces la ocupación una de las formas de adquirir la propiedad de los animales. El artículo 610 recoge que se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño. Y el artículo 612.3 prevé que el propietario de animales amansados podrá reclamarlos dentro de veinte días, a contar desde su ocupación por otro, y pasado dicho término pertenecerán al que lo haya cogido y conservado. La ocupación, según la doctrina, es un medio originario de adquirir la propiedad que consiste en la aprehensión de una cosa corporal que no tiene dueño, con ánimo de adquirir la propiedad.
Y en cuanto a la posesión, el artículo 465 establece que los animales fieros sólo se poseen mientras se hallen en nuestro poder, los domesticados o amansados se asimilan a los mansos o domésticos si conservan la costumbre de volver a la casa del poseedor.

SEGUNDO. Régimen jurídico de las parejas de hecho.
En primer lugar, como recoge la sentencia Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010, conviene recordar que la unión de hecho, matrimonio de hecho o convivencia «more uxorio» es la convivencia con análoga afectividad a la matrimonial, sin la celebración formal del matrimonio, que no es antijurídica, sino extrajurídica y produce o puede producir efectos personales, económicos o de filiación.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas la sentencia de 19 de octubre de 2006, ha rechazado la posibilidad de aplicar normas que están fundadas sobre el matrimonio a situaciones de convivencia «more uxorio», no apreciando analogía entre una y otra situación por cuanto en el matrimonio existe una relación jurídica entre ambos cónyuges que efectivamente los vincula con recíprocos derechos y obligaciones, y por el contrario ninguna obligación pesa sobre los convivientes que en uso de su libertad optaron por ese tipo de unión, no sujetándose a los variados y numerosos derechos y deberes que configuran el estado civil de los casados ligados por los efectos de su propio consentimiento manifestado públicamente ante la sociedad con las formalidades y requisitos que la Ley exige y previene en el momento de contraer matrimonio.
Sí es cierto que, en vez de la aplicación de la normativa sobre el matrimonio, se ha aceptado la apreciación de una comunidad de bienes, pero, eso sí, siempre que se deduzca de la voluntad de los convivientes y persiga la protección a la parte más débil de la relación evitando injustos perjuicios. Y es que, según el Alto Tribunal, no cabe la posibilidad de considerar que toda unión paramatrimonial por el mero y exclusivo hecho de iniciarse lleve aparejado el surgimiento automático de un régimen de comunidad de bienes, llámense gananciales, sociedad universal de ganancias, condominio ordinario o cualquier otra forma, sino que habrán de ser los convivientes interesados los que por pacto expreso o por sus «facta concludentia», aportación continuada y duradera de sus ganancias o de su trabajo al acervo común, los que evidencien que su inequívoca voluntad fue la de hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos durante la duración de la unión de hecho.
Las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de mayo y 30 de octubre 2008, así como las de 22 de febrero y de 19 de octubre de 2006, para admitir la naturaleza común del patrimonio, exigen la concurrencia de «facta concludentia», hechos que evidencien la inequívoca voluntad de los convivientes de formar un patrimonio común, pues los bienes adquiridos durante la convivencia no se hacen, por ese mero hecho, comunes a los convivientes, sino que pertenecen a quien los ha adquirido, salvo que, de forma expresa o por medio de hechos concluyentes se evidencie el carácter común de los mismos.

TERCERO. Existencia de interés jurídico.
Según una leyenda de los indios norteamericanos, el Dios Nagaicho creó el mundo. Primero puso cuatro columnas para sostener el cielo en alto y separarlo de la tierra. Luego, se fue a pasear por el mundo, e iba creando cosas para llenarlo. La leyenda especifica cómo hizo al hombre y a la mujer, cómo creó los ríos y cómo fue creando a los animales, uno por uno. Todos los animales, excepto el perro. En ninguna parte de la leyenda se muestra al Dios creando al perro. Y es que cuando Nagaicho se fue a pasear, ya llevaba un perro con él. El Dios ya tenía un perro. Por lo visto, la idea de que alguien fuese paseando sin un perro al lado, era impensable: el perro siempre había estado ahí.
Leyendas aparte, lo cierto es que el perro probablemente haya sido el primer animal domesticado. Gracias a los hallazgos arqueológicos que se han producido, se ha verificado que el lobo, como antecedente del perro, comenzó a domesticarlo el hombre ya en la Prehistoria. Y desde entonces, los perros han estado al lado de los humanos, ayudándolos en la caza, el pastoreo, la vigilancia del hogar y otras tareas. Se ha dicho incluso que nuestra relación con el perro es, además de por intereses prácticos, fundamentalmente una relación «parental». Según se dice, la morfología de los cachorros desencadena inevitablemente el comportamiento «parental» en el hombre, ya que su aspecto desvalido, lloriqueos y gemidos nos provocan la necesidad de proporcionarles cuidado y protección. De hecho, aunque el hombre primitivo lo utilizara para vigilar el poblado o para la caza, existen hoy en día tribus africanas que tienen condiciones de vida similares a las de los primeros pobladores y que, sin embargo, conviven con perros sin que éstos desempeñen labor aparente.
Sea como fuere, en la actualidad, el perro sigue cazando para nosotros, vigila nuestros rebaños y propiedades, nos sirve de alimento, de sujeto experimental, trabaja en múltiples tareas como la detección de explosivos o drogas, en salvamento, ayuda a personas con minusvalías, etcétera. Y por encima de todo, tal vez por esa especial relación innata, el principal papel del perro es hacernos compañía, sobre todo en las sociedades urbanas.
Y de esa compañía, como consecuencia lógica, nacen grandes y sentidos afectos. En el mundo de las nuevas tecnologías, en la red de redes, en Internet, el buscador Google para la palabra «perro», da más de veinte millones de resultados. Y en ese océano de páginas, encontramos comentarios como el siguiente: «yo sinceramente no podría vivir el día a día sin mis perros, son unas de las principales cosas primordiales en mi vida que me hacen feliz y olvidarme de mis problemas junto a ellos, ya que me dan la alegría y la felicidad que ninguna otra persona o animal me puede transmitir». O como este otro: «quiero más a mi perro que a nadie, así suene tonto, lo quiero así porque para mí es fiel, amoroso, leal, mi compañero, mi motivo de sonreír, mi motivo de levantarme de buen humor todos los días y la razón por la que vivo».
Estas líneas acerca del perro vienen a cuento para confirmar que el objeto del presente procedimiento sí es acreedor de la tutela jurisdiccional en los términos del artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Aunque la parte demandada, con buen criterio, no ha puesto en cuestión que la pretensión hoy deducida tenga interés jurídico, no está demás dejar aquí expresa constancia de esta circunstancia y, ello, porque, puntualmente, cierta jurisprudencia se ha resistido a reconocer que este tipo de reclamaciones puedan ser llevadas ante los tribunales.
Que sí deben tener acceso jurisdiccional los conflictos que puedan suscitarse por razón de la tenencia de un animal compartido, es conclusión, por otra parte, que se alcanza con solo advertir que no dejan de ser bienes apropiables y, por ende, objeto de derechos. Y todo ello sin necesidad de acudir aquí a esas tesis filosóficas que, yendo más allá y con buena dosis de razón, buscan convencernos de que los animales son seres sensibles e independientes, no simples objetos cuya existencia se reduce a satisfacer nuestros intereses humanos.

CUARTO. Solución del caso.
Por doña […] se propugna la posesión compartida de un perro y su expareja opone que se trata de un bien privativo. La demanda debe prosperar.

Ciertamente, en principio los bienes adquiridos durante la convivencia no se convierten en comunes, sino que pertenecen a quien los ha adquirido.
Ahora bien, opera aquí en toda su dimensión la doctrina jurisprudencial, según la cual existe un régimen de comunidad de bienes cuando fue voluntad de los convivientes hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos durante la duración de la unión de hecho.
Los llamados «hechos concluyentes», demostrativos de esa voluntad, han quedado básicamente acreditados con la aportación de la sentencia de 4 de febrero de 2009 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número cinco de Badajoz. Dicha sentencia hace prueba en los términos del artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, como documento público. Como recuerda el Tribunal Supremo (por todas, la sentencia de 12 de junio de 2009), el artículo 317.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cataloga como documentos públicos, a efectos de prueba en el proceso, a las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales. El carácter público del documento se produce, en ese caso, por la intervención en los mismos de funcionarios públicos, que ostentan legalmente el atributo de la «fe pública», concretamente la «fe pública judicial», cuales son los Secretarios Judiciales, que les confiere el poder de acreditar con su firma la autenticidad del documento que intervengan. Y como quiera que, según el artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los documentos públicos tienen un valor tasado, es decir, hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, no puede sino concluirse que los elementos de juicio proporcionados por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Badajoz son determinantes aquí. Concretamente, en dicha sentencia ya se hizo constar que la hoy actora y el demandado fueron pareja de hecho durante nueve años y que no sólo tenían una comunidad de vida sino también otra de bienes. Es más, en dicha sentencia se llegó a la conclusión de que lejos de distinguirse claramente sus patrimonios, tenían una confusión de los mismos.
Con estos antecedentes, en la medida en que el perro objeto del litigio fue encontrado en 2001, constante la convivencia, ha de entenderse que ese perro pasó a ser de los dos. Y buena prueba de la titularidad compartida son la existencia de dos cartillas veterinarias, una a nombre de ella y otra a nombre de él. Esta duplicidad de cartillas, como ha corroborado en juicio la veterinaria doña […] (testigo, no se olvide, llamada a propuesta del propio demandado) es factible.
También las fotografías aportadas con la demanda ponen de manifiesto la posesión compartida del perro. Y esta última circunstancia no es irrelevante, puesto que, conforme al ya citado artículo 612.3 del Código Civil, el propietario de animales amansados podrá reclamarlos dentro de veinte días, a contar desde su ocupación por otro, y pasado dicho término pertenecerán al que los haya cogido y conservado. Conservación en la que indudablemente participó doña […], sin que, por lo demás, ni siquiera se haya probado en juicio que fuera don […] la persona que supuestamente en Mérida se encontró abandonado al perro. Pero es que, aun cuando esta última hipótesis fuera cierta, nada cambiaría las cosas, pues, como ya se ha expuesto, fue voluntad inequívoca de los hoy litigante la de hacer comunes los bienes adquiridos durante la duración de su unión de hecho.

Llegados a este punto, siendo entonces doña […] y don […] copropietarios del perro en litigio, la solución propugnada de la tenencia compartida es correcta. Estamos ante un bien, el perro, indudable y esencialmente indivisible (artículo 401 del Código Civil). Las opciones entonces serían la adjudicación del perro a uno de los dueños, con deber de indemnizar al otro (artículo 404 del Código Civil), o el disfrute compartido (artículo 394 del Código Civil). Como quiera que aquí no se ha instado por ninguno de los condueños del perro la primera posibilidad, es decir, la extinción de la comunidad mediante la entrega del animal a uno de ellos y la consiguiente compensación al otro, sólo cabe la alternativa de regular el disfrute del animal.
Pues bien, como ese disfrute, por razones obvias, no puede ser conjunto, lo procedente es establecer una tenencia temporal del perro. Períodos de tiempo que han de ser iguales para doña […] y don […]. De forma ponderada, se acuerda entonces fijar que el perro esté cada seis meses en poder de cada uno, comenzándose el primer plazo de disfrute por doña […] habida cuenta de que es quien se ha visto últimamente privada de la tenencia.

El Fallo de la Sentencia resuelve la custodia compartida del perro admitiendo la demanda, y acordando que la tenencia compartida del perro copropiedad de doña […] y don […], estableciendo que dicho perro permanezca en compañía de uno y otro durante períodos sucesivos de seis meses, iniciando doña […] el primer plazo de disfrute.

 

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La cláusula suelo en los préstamos hipotecarios


Clausula sueloLa cláusula suelo (Floor) y techo (Cap) en los préstamos hipotecarios es un tema actual y polémico.

En síntesis, el préstamo hipotecario que contempla un suelo, establece un tope mínimo a abonar cada mensualidad, impidiendo el aprovechamiento de las bajadas del Euribor. La cláusula suelo aparece siempre en hipotecas con tipo de interés variable, esto es, en la que el tipo de interés consiste en el Euribor más un diferencial. De este modo, si la suma del Euribor más el diferencial es menor al interés suelo, la entidad procederá al cobro del interés suelo. Pero si por el contrario, la suma del Euribor y el diferencial es superior al interés suelo, la entidad cobra el Euribor más el diferencial. Ello reduce los riesgos para la entidad bancaria que ganará en cualquiera de los casos.

El mismo sistema opera en la cláusula techo, sin embargo, las posibilidades de repentinas y considerables subidas en el Euribor son muy inferiores a las posibilidades de bajadas, al menos teniendo en cuenta las tenencias de los mercados durante los últimos años. Por tanto, la elección del Euribor es la que menos favorece a los particulares contratantes con las entidades financieras, ya es el índice que tiene más riesgos.

De este modo, las cláusulas suelo y techo se nos presentan como condiciones generales de la contratación, ya que contienen elementos característicos de éstas como la predisposición por la entidad bancaria. Para ser abusivas deben ser no negociadas, tener mala fe e imponer un desequilibrio entre las partes. También pueden ser abusivas por la desproporción entre el suelo y el techo o por  no contemplar alguno de estos extremos. La cláusula suelo no es nula como tal, sino que es nula en relación con la desproporción que recoja. Y no es nula porque es una materia reglada, admitida y regulada.

En los últimos meses son miles las personas que ante la negativa de su entidad bancaria a eliminar las cláusula suelo de su hipoteca, han acudido a los tribunales a defender sus derechos, con resultados más que satisfactorios.

No se le presume el mismo conocimiento sobre el contrato a un particular sin relación alguna con las finanzas, que a un empresario dedicado a las mismas. Es resaltable a este respecto la obligación de información que tiene el notario interviniente. Como acto nulo no prescribe, ahora bien, declarada nula una cláusula el contrato no deviene nulo, sino que habrá que integrarlo.

El préstamo hipotecario cumple además diferentes funciones, como contrato, como préstamo financiero y como instrumento financiero.

Diferente instrumento financiero son los SWAPS o contratos de permuta financiera, los cuales son transmisibles como productos financieros que son. Dos sentencias de los últimos meses han declarados éstos instrumentos condiciones generales de la contratación. Además, si la permuta está vinculada a un préstamo hipotecario, el Banco de España es el competente para reclamar sobre la transparencia, pero el Banco de España es favorable a las cláusulas de permuta. Antes hay que reclamar en el Banco particular.

Las últimas sentencias referidas a éstas prácticas financieras han ido perfilando los límites de la nulidad de las mismas. Así, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de León de 11 de Marzo de 2.011, acotan su validez en “que el techo no sea, en todo caso, mayor de 12%”. 

La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Bilbao de 21 de Diciembre de 2010, declara nula por abusiva la cláusula que tiene suelo pero no techo.

Pero sin duda, la más relevantes de las sentencias al respecto, es la del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla de Octubre de 2010, en la que se señala “Declaro la nulidad, por abusivas, de las denominadas ‘cláusulas de suelo’ en los préstamos hipotecarios a interés variable con consumidores (…), dado el desfase apreciado de las mismas en relación a las cláusulas techo que las acompañan”. “El tope máximo es tan alto que estadísticamente nunca se va a dar”, concluye el juez.

En dicha sentencia se considera además el carácter unilateral de dichas cláusulas, al señalar  que son “impuestas” por las entidades bancarias al usuario, quien “debe aceptarlas y adherirse a ellas si quiere el servicio” dentro de las cláusulas generales del préstamo hipotecario, por lo que “no hay una negociación generalizada“, sino que nacen de “actuaciones unilaterales de las entidades bancarias en función de diversos criterios de su absoluta discrecionalidad frutos de su política de captación de clientes”.

A este respecto, fuentes del sector han explicado que las denominadas cláusulas de suelo y techo están admitidas y reguladas por la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 de transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, que sólo exige que se informe de ellas a los prestatarios. Por su parte del Banco de España, remitido el pasado mes de mayo al Senado, concluye que las cláusulas que limitan la variación de los tipos de interés son condición esencial del contrato, al formar parte del precio, que es la estipulación más importante del préstamo, favoreciendo la estabilidad financiera  y siendo positivas desde el punto de vista del coste medio para los clientes.

Cabe concluir que la cifra del suelo y del techo se deben ir conformando por la jurisprudencia. Actualmente existe una iniciativa legislativa en el congreso que contempla la ilegalidad de la cláusula cuando entre el suelo y el techo haya más de 4 puntos.

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