Delito de impago de pensiones de alimentos
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Delito de impago de pensiones de alimentos


Delito de impago de pensiones de alimentos. Cómo denunciar el delito de impago de pensiones? Qué pasa si los hijos son mayores de edad?

Según las estadísticas, el delito de impago de pensiones de alimentos ha sido de los que más han visto aumentar su número desde el inicio de la crisis. Pasemos a analizar sus características:

– Tipo penal del delito de impago de pensiones

El delito de impago de pensiones alimenticias aparece recogido en el art. 227 del Código Penal, estableciendo:

Artículo 227

  1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.
  2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.
  3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.

Para conocer el concepto de alimentos, el Art. 142 del Código Civil, dentro del Título de los alimentos entre parientes, dispone:

Artículo 142

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.

Como sujetos obligados a prestar alimentos, el Art. 143 CC destaca; 1) Los cónyuges. 2) Los ascendientes y descendientes, y 3) los hermanos que sólo se deberán los necesarios para la vida

Según ha señalado el Tribunal Supremo en la Sentencia  579/2001, de 3 de abril: “…Esta figura delictiva tipificada en el Artículo 227 CP constituye una segregación del tipo general de abandono de familia, incorporando al Código una específica modalidad del tipo básico, con la que el legislador trata de proteger a los miembros económicamente más débiles del cuerpo familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales del obligado a prestarlos en virtud de resolución judicial o de convenio judicialmente aprobado en los supuestos contemplados en el precepto”.

– Elementos o requisitos del tipo penal

Para que estemos ante un delito de impago de pensiones deben concurrir lso siguientes requisitos:

  1. Resolución judicial firme (sentencia de divorcio, separación, nulidad matrimonial, filiación o alimentos) que fije y obligue a uno de los progenitores a abonar una pensión alimenticia a favor de sus hijos.
  2. Conducta omisiva, esto es, impago de la cuantía impuesta en la resolución judicial por dos meses consecutivos o cuatro alternos.
  3. Voluntariedad por parte del deudor para ese incumplimiento, es decir, omisión dolosa del pago. Que el delito sea de comisión dolosa exige el conocimiento de la situación generadora del deber y de la capacidad económica para hacerle frente

¿Qué ocurre si el obligado a prestar alimentos carece de ingresos o bienes?

Efectivamente, existen supuestos en la situación económica del obligado a prestar alimentos le impide cumplir con su abono. En tales casos, la acusación deberá solicitar una averiguación del patrimonio de la persona obligada al abono, para contrastar si realmente carece de medios para pagarlos. Por su parte el obligado deberá acreditar, además de la falta de medios para asumir el abono de la pensión alimenticia, la voluntad de cumplir con su abono, aunque no haya sido posible. Así lo han establecido numerosas Audiencias Provinciales como la Sentencia de la AP de Sevilla nº 433/2014, de 29 de Octubre.

Esta solución es extraordinaria, ya que en el supuesto en que el alimentante no disponga de medios para afrontar el abono de la pensión establecida por Sentencia u otra resolución judicial, deberá interponer un procedimiento de modificación de las medidas acordadas en la separación, divorcio o aquel en que se acordó la pensión alimenticia. De hecho, son numerosos los tribunales que entienden que si no se ha instado un procedimiento civil para la modificación de la pensión alimenticia, no puede alegarse la falta de medios para cumplir con su pago (Sentencia de la AP de Sevilla, Sección 7ª, de 2 e Enero de 2014;

La Acusación. Necesidad de denuncia

Tal y como establece el art. 228 CP, el delito de impago de pensiones sólo se perseguirá previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, pudiendo hacerlo también el Ministerio Fiscal si aquélla es menor de edad, incapaz o desvalida.

Carga de la prueba

Según tiene establecido el Tribunal Supremo en Sentencias como la d de 13 de Febrero de 2001, será la persona obligada al pago de la pensión alimenticia la encargada de probar que ha cumplido con el pago de los mismos. La carga de la prueba sobre el impago de prestaciones por alimentos recae en el denunciado. Correspondiendo, por lo tanto, a éste probar lo contrario.

Efectivamente, así lo establece la STS de 13 de febrero de 2001 al indicar que no es la acusación quien debe probar la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar. Dispone la AP de Sevilla, en su Sentencia nº 122/2015, Sección 1ª, 9 de Marzo de 2015:

“Pero lo que se olvida con frecuencia es que la prueba de este elemento subjetivo del tipo, como hecho interno, no conlleva que sea la acusación quien tenga que aportar una contabilidad detallada de la economía del acusado, sino que basta con que se infiera de los indicios probados, que el abandono económico de la familia, manifestado en el impago de la pensión fijada en el proceso familiar haya tenido su origen en la voluntad del acusado.”

Pues el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisión. Ahora bien, esto no obsta la posibilidad de que por el acusado se pruebe la concurrencia de circunstancias que hayan hecho imposible el pago, acreditándose así la ausencia de dolo en el impago de la prestación debida.

¿Qué pasa si los hijos alcanzan la mayoría de edad?

El cumplimiento de la mayoría de edad de los hijos no extingue por sí misma la pensión de alimentos, por lo que continuarán devengándose las mismas en cada mensualidad, y por tanto, perseguibles penalmente los impagos del obligado a su abono, hasta que los hijos no sean económicamente independientes. Para su extinción o reducción, será necesario que la persona obligada a prestar los alimentos interponga el correspondiente procedimiento de modificación de medidas en vía civil.

– Prescripción

El delito de impago de pensiones de alimentos tiene contemplado un plazo de prescripción de 5 años desde que se produce el devengo de la pensión y el consiguiente impago de la misma., según establece el art. 131.1 CP.

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Petición de indulto


La petición de indulto es una medida de gracia de carácter excepcional concedida por el Rey, a la que optan cualquier tipo de condenados, a propuesta del Ministro de Justicia requiriendo la deliberación sobre la misma por el Consejo de Ministros.
El indulto produce únicamente un efecto, la extinción de la responsabilidad penal derivada del delito o falta cometidos y de los cuales se solicita. Por tanto, no cancela los antecedentes penales ni tampoco la responsabilidad civil.
La solicitud de indulto puede ser total o parcial respecto de la pena o penas que restara por cumplir el condenado. Igualmente se considera también indulto parcial la alteración de la pena o penas impuestas al penado en otras menos graves.

Los requisitos para optar al indulto son:

• Que el indulto no cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos.

• Que haya sido oída la parte ofendida, cuando el delito por el que hubiese sido condenado fuera de los que solamente se persiguen a instancia de parte, es decir los delitos privados.

El indulto puede ser solicitado por el mismo condenado, o cualquier persona en su nombre. Pueden igualmente solicitar el indulto el Tribunal que sentenció al penado, el Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y el Gobierno.

Existen igualmente tres casos en los que no puede solicitarse el indulto, estos son:

• Quienes aún no hayan sido condenados por sentencia firme.

• Quienes no se encuentren a disposición del Tribunal que emitió la sentencia para el cumplimiento de la condena.

• Los reincidentes en el mismo o en cualquier otro delito por el que hubiesen sido condenados por sentencia firme. Se exceptúan, sin embargo, los casos en que, a juicio del Tribunal sentenciador, hubiese razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia.

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Delitos contra la propiedad industrial e intelectual


Delitos contra la Propiedad Industrial

Art. 273. Patentes, modelos de utilidad, diseños y topografías de productos semiconductores.

El que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.

Pena

Prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses.

Art. 277. Divulgación dolosa de patentes secretas.

Art. 274. Delitos contra signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y variedades vegetales.

Art. 275. Vulneración de los derechos de los Consejos Reguladores e Indicaciones Geográficas Protegidas.

Delitos contra la Propiedad Intelectual

Arts. 270 y 271. Delitos contra la Propiedad Intelectual.

Quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

Pena

Prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses.

Art. 272. Remite a la  Ley de Propiedad Intelectual a efectos de fijar la cuantía de la indemnización.

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Delitos contra la propiedad industrial e intelectual


Delitos contra la Propiedad Industrial

Art. 273. Patentes, modelos de utilidad, diseños y topografías de productos semiconductores.

El que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.

Pena

Prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses.

Art. 277. Divulgación dolosa de patentes secretas.

Art. 274. Delitos contra signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y variedades vegetales.

Art. 275. Vulneración de los derechos de los Consejos Reguladores e Indicaciones Geográficas Protegidas.

Delitos contra la Propiedad Intelectual

Arts. 270 y 271. Delitos contra la Propiedad Intelectual.

Quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

Pena

Prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses.

Art. 272. Remite a la  Ley de Propiedad Intelectual a efectos de fijar la cuantía de la indemnización.

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Delitos contra el patrimonio


Hurto

El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto.

Pena

Prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excede de 400 euros

El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:

  1. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
  2. Cuando se trate de cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público, siempre que la sustracción ocasionare un grave quebranto a éste o una situación de desabastecimiento.
  3. Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.
  4. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de las circunstancias personales de la víctima.
  5. Cuando se utilice a menores de catorce años para la comisión del delito.

Robo

Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas.

Pena

–       Con fuerza en las cosas: prisión de 1 a 3 años.

–       Cuando el lugar donde se comete el robo estuviera habitado: prisión de 2 a 5 años.

–       Con violencia e intimidación: prisión de 2 a5 años

Extorsión

El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

Pena

Prisión de uno a cinco años

Usurpación

El que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena.

Pena

Prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.

Estafa

Los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

Pena

Prisión de seis meses a tres años, si la cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Apropiación indebida

Los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros.

Pena

Prisión de seis meses a tres años, si la cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Daños

El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros delitos específicamente tipificados (robo, hurto, etc.)

Pena

Multa de seis a 24 meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño, si éste excediera de 400 euros.

– Supuestos que agravan la pena a de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses:

  1. Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiere el delito contra funcionarios públicos, bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las Leyes o disposiciones generales.
  2. Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado.
  3. Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas.
  4. Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.
  5. Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica.
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Delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual


Agresiones sexuales

El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación.

Pena

Prisión de uno a cinco años.

Se incrementarán las penas cuando:

– La violencia o intimidación se ejerce de modo degradante.

– En la agresión intervienen dos o más personas.

– La víctima es especialmente vulnerable, por su edad, enfermedad o situación, y en todo caso, si es menor de 13 años.

– Si el autor del delito ha hecho valer contra la víctima una relación de superioridad o parentesco (por ser ascendiente, descendiente o hermano)

– Si el autor hace uso de armas o medios especialmente peligrosos que puedan producir la muerte o lesiones tales como la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro sea o no principal, de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica.

Abusos sexuales

El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual.

Pena

Prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.

Acoso sexual

El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual.

Pena

Prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.

Exhibicionismo y provocación sexual

El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o incapaces, así como el que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o incapaces.

Pena

Prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses, y prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses, para el segundo supuesto.

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Delitos contra la Libertad


Bajo el nombre de Delitos contra la libertad se recoge en el título VI del libro II del Código Penauna serie de tipos delictivos que afectan directamente a la libertad de la persona.

DETENCIÓN ILEGAL

El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad.

Bien jurídico protegido
El bien jurídico protegido en el delito de detenciones ilegales es la libertad ambulatoria, es decir, la capacidad del hombre de fijar por sí mismo su situación en el espacio físico, trasladándose o permaneciendo en el lugar deseado.

Pena

Prisión de cuatro a seis años.

SECUESTRO

El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad.

Bien jurídico protegido

Aquí se protegen dos bienes jurídicos:
1º) El mismo que la detención ilegal: la libertad ambulatoria del secuestrado.

2º) La libertad en el ámbito de la formación de la voluntad del tercero, que se vea amenazado a cumplir con la condición impuesta para liberar al secuestrado.

Pena

Prisión de seis a diez años

AMENAZAS

El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico.

Bien jurídico protegido

La doctrina distingue dos tipos de bienes jurídicos:

1º) La libertad en el proceso de formación de la voluntad.

2º) El sentimiento de seguridad y tranquilidad de ánimo.

Pena

Prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años.

Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional.

COACCIONES

El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto.

Bien jurídico protegido

La libertad de obrar o ejecutar decisiones previamente adoptadas.
La coacción es un delito de resultado, no basta el intento de coacción, hay que consumarla.

Pena

Prisión de 6 meses a 3 años, o multa de 6 a 24 meses, dependiendo de la gravedad de la coacción o de los medios que se empleen en la comisión del delito.

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Delitos contra las personas


Responsabilidad jurídica de las conductas ilícitas relativas a la genéticaHOMICIDIO

El delito de homicidio consiste en quitar la vida a una persona con la voluntad o la intención de hacerlo.

Pena

Prisión de 10 a 15 años

Si el delito se comete por imprudencia la pena de prisión será de 1 a 4 años, y si dicha imprudencia se ha cometido utilizando un vehículo a motor, un ciclomotor, o un arma de fuego, se impondrá, además, la pena de privación de la correspondiente licencia administrativa de 1 a 6 años.

ASESINATO

El asesinato implica quitar a vida a una persona con alevosía, por precio o recompensa o con ensañamiento.

Pena

Prisión de 15 a 20 años.

Si en la comisión del delito interviene más de una de las circunstancias anteriores, la pena máxima de prisión podrá incrementarse de 20 a 25 años.

INDUCCIÓN AL SUICIDIO

Pena

Prisión de 4 a 8 años.

ABORTO

Causar la muerte de un feto de forma intencionada fuera de los casos autorizados legalmente.

Pena

– Aborto practicado sin consentimiento de la mujer: El responsable podrá ser castigado con pena de prisión de 4 a 8 años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios toda clase en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, ya sean públicos o privados, por tiempo de 3 a 10 años. Estas mismas penas se impondrán a quien practique el aborto habiendo obtenido el consentimiento de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño.

– Aborto con el consentimiento de la mujer al margen de los casos legalmente previstos, puede ser castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de cualquier clase en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, ya sean públicos o privados, por tiempo de 1 a 6 años. En este caso, la mujer también será sancionada con pena de  multa de 6 a 24 meses.

– Si por imprudencia grave se causa un aborto, el responsable será castigado con pena de prisión de 3 a cinco meses o multa de 6 a 10 meses. Si el aborto se cometió por imprudencia profesional, además se impondrá la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de 1 a 3 años.

LESIONES

Causar a otro, por cualquier medio o procedimiento, una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental.

Pena

–       Regla general: prisión de 6 meses a 3 años

–       Si las lesiones son de menor gravedad: prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.

–       Si las lesiones se producen con armas o instrumentos peligrosos: prisión de 2 a 5 años.

–       Si las lesiones causan a la víctima la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal o de un sentido, impotencia, esterilidad, grave deformidad: prisión de 6 a 12 años. Si el órgano o miembro no fuese principal, o la deformidad no fuera grave, la pena será de prisión de 3 a 6 años.

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La Prueba de Alcoholemia


CONTROL DE ALCOHOLEMIALa Prueba de Alcoholemia

Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a dichas pruebas:

a) a cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación;

b) a quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas;

c) a los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas contenidas en el reglamento de circulación;

d) a los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad.

Delito de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia 

Es obligatorio someterse a la prueba de alcoholemia.

El artículo 383 del Código Penal castiga al conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

La pena prevista para este delito es la de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

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Las penas, clases y límites


LAS PENAS Y SUS CLASES

Penas graves

  1. La prisión superior a cinco años.
  2. La inhabilitación absoluta.
  3. Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.
  4. La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.
  5. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.
  6. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.
  7. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años.
  8. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.
  9. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.
  10. La privación de la patria potestad.

Penas menos graves

  1. La prisión de tres meses hasta cinco años.
  2. Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.
  3. La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.
  4. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.
  5. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.
  6. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.
  7. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.
  8. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.
  9. La multa de más de dos meses.
  10.  La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo.
  11. Los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 180 días.
  12. La localización permanente de tres meses y un día a seis meses.
  13. La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o dela Seguridad Social, cualquiera que sea su duración.

 Penas leves

  1. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.
  2. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.
  3. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.
  4. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
  5. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
  6. La multa de 10 días a dos meses.
  7. La localización permanente de un día a tres meses.
  8. Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días.

– La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya.

– Las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos de este Código.

– Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes:

  1. Multa por cuotas o proporcional
  2. Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
  3. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
  4. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
  5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
  6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o dela Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
  7. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

LÍMITES DE LAS PENAS

– La prisión: máximo 30 años

– Inhabilitaciónmáximo 25 años

– Privación de derecho a conducir y del permiso de armasmáximo 15 años.

– Multamáximo 30 meses

– Arresto fin de semana: 36 fines de semana

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La Querella


6-segurosLa Querella

Declaración por escrito de una persona por la que pone en conocimiento del Juzgado unos hechos que cree que pueden ser constitutivos de delito.

Mediante la querella, el querellante solicita la apertura de un procedimiento penal en el que se investigará la comisión del presunto delito, personándose en el mismo como parte acusadora.

El Juez o Tribunal deberá pronunciarse sobre la admisión o no de la querella.

Presentación de la Querella

Deberá formularse mediante escrito, siendo preceptiva la intervención de abogado y  procurador, y donde deberá constar:

– Juez o Tribunal al que va dirigida.

– Nombre, apellidos y domicilio del querellante.

– Nombre, apellidos y vecindad del querellado.  En caso de no conocerse su identidad, deberán indicarse cuantos datos puedan ayudar a su identificación.

– Descripción de los hechos objeto de Querella, así como el lugar y fecha en que ocurrieron, aportándose cuantos documentos y prueban para acreditarlos.

– Las Diligencias a practicar para la averiguación de los hechos.

– Solicitud de Medidas Cautelares, en su caso.

– Firma del Querellante.

Obligados a prestar Fianza

Deberá presentarse Fianza para cubrir los gastos del juicio, cuando la persona que presenta la Querella no es perjudicado por el delito, su heredero o representante legal, el viudo o la viuda, así como parientes ascendientes y descendientes consanguíneos o afines de la víctima hasta el segundo grado.

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Delitos contra el honor


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El derecho al honor aparece consagrado en el artículo 18 de la Constitución Española. Por su parte, el Código Penal recoge los Delitos contra el honor en su Título XI, en los Arts. 205 y siguientes.

El Tribunal Supremo mediante su Sentencia de 23 de Marzo de 1.987, ofreció una definición del derecho al honor como “inmanencia o mismidad, representada por la estimación que cada persona hace de sí misma y el de la trascendencia o exterioridad, integrada por el reconocimiento que los demás hacen de nuestra dignidad”.

Entre los delitos contra el honor, se encuentran:

Calumnia

Imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

Pena

Prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses.

Injuria

Acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves.

Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

Pena

Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses.

 

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Omisión del deber de socorro


El Delito de omisión del deber de socorro parece recogido en el artículo 195 del Código Penal.

– Delito

Persona que no ayuda a otra que se encuentra desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin ningún riesgo ni para sí mismo ni para terceros.

Pena

Multa de 3 a 12 meses.

Se castiga con la misma pena la conducta de aquella persona que, aunque no puede prestar directamente socorro, no solicita la ayuda de un tercero.

Si el que omite el auxilio ha causado de forma fortuita el accidente que coloca a la víctima en la situación de necesidad de auxilio, la pena será de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 12 meses.

Si el accidente fue causado por imprudencia, se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 24 meses.

El profesional que, estando obligado a ello, niega asistencia sanitaria o abandona los servicios sanitarios, cuando ello ocasione un grave riesgo para la salud de las personas, será castigado con la pena anterior en su mitad superior además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de 6 meses a 3 años.

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Delito de abandono de la familia


DELITO DE ABANDONO DE LA FAMILIA

El delito de sustenta en el incumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela o matrimonio, que para alcanzar categoría delictiva ha de tener como causa  el abandono malicioso del domicilio conyugal o la conducta desordenada del que incumple aquella asistencia,

Bien jurídico protegido

El derecho subjetivo a la asistencia que poseen los hijos, los pupilos, el cónyuge, y, en su caso, los ascendientes de una persona.

Requisitos

– Omisión de los deberes de asistencia.

– Posibilidad de cumplirlos.

– Cierta permanencia de la situación creada.

– Delito
El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados.

Pena

Prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.

– Delito

El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos.

Pena

Prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

– Delito

El abandono de un menor de edad o un incapaz por parte de la persona encargada de su guarda.

Pena

Prisión de uno a dos años.

– Delito

Abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales.

Pena

Prisión de dieciocho meses a tres años.

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Delitos contra los derechos de los trabajadores


DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

– Delito

Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

Pena

Prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses

– Delito

Los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra.

Pena

Prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses

– Delito

Los que recluten personas o las condicionen a abandonar su puesto de trabajo ofreciéndoles un empleo o condiciones de trabajo falsas, y quienes emplean a extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

Pena

Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.

– Delito

El que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante

Pena

Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses

– Delito

Los que fingiendo la existencia de un contrato o de un empleo o algún método semejante, determinen o favorezcan la emigración de alguna persona a otro país.

Pena

Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.

– Delito

Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado.

Pena

Prisión de 6 meses a 2 años o multa de 6  a 12 meses.

– Delito

Los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.

Pena

Prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

– Delito

Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física.

Pena

Prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

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Delito contra el tráfico y la seguridad vial


Delito contra el tráfico y la seguridad vial


El artículo 379.2 del Código Penal castiga como delitos dos conductas muy afines:

– El conducir un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. Es decir que no es suficiente con conducir tras haber bebido alcohol sino que además debe estar probado que esto influye en el modo de conducir de esa persona alterando sus facultades psíquicas y físicas, de percepción, reacción y autocontrol.

– Se incurre en el segundo de los delitos al conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a1,2 gramos por litro.

Pena

Pena de prisión de tres a seis meses o la de multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Tasas máximas de acohol

CONDUCTORES        LÍMITE EN SANGRE             LÍMITE EN AIRE 

GENERAL                        0,5 gr/l                               0,25 mg/l

PROFESIONALES             0,3 gr/l                                0,15 mg/l

NOVELES                          0,3 gr/                               0,15 mg/l

Procedimiento judicial

El procedimiento de Juicio Rápido introducido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la misma, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.

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Derechos del detenido


Juzgado SevillaArtículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

1. La detención y la prisión provisional deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio.

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hecho. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

2. Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.

b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

c) Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervengan en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido preso no designara Abogado, se procederá a la designación de oficio.

d) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen ala Oficina Consular de su país.

e) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

f) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el dela Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

3. Si se tratare de un menor de edad o incapacitado, la autoridad bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso notificará las circunstancias del apartado 2 d) a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo y, si no fueran halladas, se dará cuenta inmediatamente al Ministerio Fiscal. Si el detenido menor o incapacitado fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.

4. La autoridad judicial y los funcionarios bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso, se abstendrán de hacerle recomendaciones sobre la elección de  Abogado y comunicarán en forma que permita su constancia al Colegio de Abogados el nombre del Abogado elegido por aquél para su asistencia o petición de que se le designe de oficio. El Colegio de Abogados notificará al designado dicha elección, a fin de que manifieste su aceptación o renuncia. En caso de que el designado no aceptare el referido encargo, no fuera hallado o no compareciere, el Colegio de Abogados procederá al nombramiento de un abogado de oficio. El Abogado designado acudirá al centro de detención a la mayor brevedad y en todo caso, en el plazo máximo de ocho horas, contadas desde el momento de la comunicación al referido Colegio.

Si transcurrido el plazo de ocho horas la comunicación realizada al Colegio de Abogados, no compareciese injustificadamente Letrado alguno en el lugar donde el detenido o preso se encuentre, podrá procederse a la práctica de la declaración o del reconocimiento de aquél, si lo consintiere, sin perjuicio de las responsabilidades contraídas en caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los Abogados designados.

5. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de Letrado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados, exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico.

6. La asistencia del Abogado consistirá en:

a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el número 2 de este artículo y que se proceda al reconocimiento médico señalado en su párrafo f).

b) Solicitar de la autoridad judicial o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en que el Abogado haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica.

c) Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en que hubiere intervenido.

 

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La Denuncia


7-administrativoLa Denuncia

La denuncia es la declaración que realiza una persona con el objeto de poner en conocimiento del Juez, el Ministerio Fiscal o la policía, unos hechos que considera que pueden constituir un delito.

La persona que interpone una denuncia no interviene personalmente como parte acusadora en el desarrollo del procedimiento penal que puede iniciarse, en su caso, si la Autoridad competente considera que los hechos denunciados son objeto de un delito.

Si los hechos objeto de denuncia resultasen ser falsos la persona denunciante podría incurrir en responsabilidad civil y penal

Obligados a denunciar

-Las personas que presenciaran un delito.

– Las personas que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticias de algún delito público.

– Las personas, que de cualquier otra forma, tuvieran conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio.

No obligados a denunciar

– El cónyuge del delincuente.

– Los ascendientes o descendientes vinculados de forma directa al delincuente.

– Los niños y los que no tengan uso de razón.

– Los abogados y procuradores respecto de las explicaciones que recibieron de sus clientes.

– Los sacerdotes respecto de las noticias que hubiesen recibido en el ejercicio de sus funciones eclesiásticas.

– Aquellas personas que desempeñando un cargo, profesión u oficio determinado, tuviesen noticia de algún delito público, excluyendo en este caso Abogado y Procuradores respecto de las instrucciones que recibieron de sus clientes.

Presentación de la Denuncia

La Denuncia puede realizarse de palabra ante el funcionario correspondiente o de forma escrita, debiendo, en este caso, ser firmada por el denunciante.

Cuando la denuncia se realiza verbalmente, el funcionario conformará un acta con la declaración del denunciante, debiendo ser firmada por ambos. Así mismo, se le extenderá un resguardo al denunciante de la denuncia formulada.

La denuncia puede ir dirigida contra una o varias personas concretas, si bien, puede limitarse a la narración de los hechos sin identificación de ningún sospechoso cuando éste no se conozca.

Para la presentación de la Denuncia no es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, ni tampoco la prestación de fianza.

Formalizada la denuncia, se procederá a comprobar la veracidad de los hechos denunciados.

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Delitos e infracciones en Internet


delitos informáticosEn los últimos años han ido surgiendo nuevas conductas ilícitas en Internet, con un vocabulario propio y específico. Estas acciones pueden conllevar responsabilidad de su autor, por vulnerar derechos de propiedad industrial e intelectual, además de la correspondiente responsabilidad administrativa, y en su caso, penal.

 A continuación explicamos en que consisten:

Uploading, downloading y p2p (peer to peer): descarga  de archivos mediante programas “peer to peer” o “p2p” que emplean una red para compartir entre distintos ordenadores, mediante directorios en los que se almacenan los ficheros descargados, que a su vez pasan a estar a disposición del resto delos individuos que forman parte de la red.

            La utilización de programa p2p supone compartir una parte del disco duro del equipo propio de forma que toda la información que allí resida será accesible a terceros.

            Conlleva riesgos, ya que supone la instalación de un servidor mediante el cual deberá publicar su IP, conociendo los usuarios la ubicación de su equipo y su software, además de ficheros que esconden virus o troyanos camuflados o  programas espías (spyware).

– Hacking: consiste en la interceptación dolosa de un sistema informático con el fin de dañar, obtener o difundir información que se encuentre almacenada en un ordenador ajeno.

             -Directo: consiste en el acceso sin autorización a un sistema con la única intención de vulnerar el password y sin ánimo delictivo. No aparece penado en el Código Penal.

                -Indirecto: acceso sin autorización a un sistema para cometer diferentes conductas ilícitas. Se trata de una forma delictiva.

Cracking: provocación de un daño, por ejemplo, la destrucción de datos o la denegación de un servicio a sus usuarios legítimos, habitualmente mediante la sobrecarga de los servidores con el envío masivo de mensajes generados de forma automática.

            – Cracks: sistemas cuya función es deshabilitar la protección de los software.

–  Phreaking: llevado a cabo por crackers especialistas en telefonía, rompiendo la protección de las redes públicas de telefonía para poner a prueba sus habilidades. También se dedica al fraude mediante tarjetas prepago falsas.

Spamming: correo comercial no solicitado. Envío, normalmente masivo de mensajes electrónicos no solicitados donde se oferta un producto o empresa.

            La práctica de Spam está prohibido por la Ley de Servicios dela Sociedad de la Información, art. 21, (Ley 34/2002, de 11 de Juio), y por la Ley Orgánica de Protección de Datos, 15/1999, de 13 de Diciembre.

– Scamming: comunicación no deseada que tiene implicaciones fraudulentas a través de medios telemáticos como el correo electrónico o el teléfono móvil. Se diferencia del Spam en que el Scamming no tiene carácter comercial.

Phishing: forma fraudulenta de obtención de datos, consistente en el duplicado de una página web para que el usuario crea que está visionando la página original. Suele usarse contra entidades bancarias, enviándole un correo electrónico al cliente como si fuera la propia entidad, solicitándole que actualice sus datos

– Pharming: explotación de una vulnerabilidad en el software de los servidores DNS, o realización de dicha acción delictiva en los equipos de los usuarios, lo que permite al atacante redireccionar un nombre de dominio a otra máquina distinta de la primera, de modo que el usuario al introducir el nombre de dominio que ha sido redireccionado, accede a la página web del infractor y no en la original.

– Linking: (linK: enlace): vinculación de una página web a ora distinta de la primera. Si existe consentimiento del propietario de la web de destino del enlace, no existe situación delictiva, en cambio, si no existe dicho consentimiento, se está violando el derecho sobre la propiedad intelectual del creador de la página objeto del enlace.

– Deep linking (vínculo profundo): supuesto en el que una página web remite al usuario no a la página principal de otra web, sino a una parte específica de otra web.  Si existe consentimiento del propietario de la web de destino del enlace, no existe situación delictiva, en cambio, si no existe dicho consentimiento, se está violando el derecho sobre la propiedad intelectual del creador de la página objeto del enlace.

– Spidering: infracción de los derechos de propiedad intelectual consistente en que una página web ofrezca contenidos que realmente provienen de otras páginas de las que se han ido recopilando mediante el uso de sistemas informáticos.

– Trashing: captación de información privada a través de la revisión no autorizada de la basura que se ha ido descartando por personas o empresas para su uso posterior en actividades delictivas.

– Spoofing: usurpación de la identidad de otra persona en Internet, mediante técnicas de suplantación de identidad y su posterior empleo con fines malintencionados.

– Sniffing: interceptación malintencionada de las comunicaciones que afecta a los requisitos mínimos de confidencialidad exigidos de los usuarios.

– Inlining: Inserción de un gráfico de terceros en un sitio web mediante la introducción de un enlace, mostrando la página un gráfico que en realidad no posee  y violando los derechos de reproducción y distribución de su titular.

– Framing: figura similar al linking consistente en que la web a la remite un enlace es visualizada dentro del marco de la del remitente inicial, por lo que la dirección URL no cambia  y el contenido de la web “copiada” aparece como si fuera de la propia web infractora que realiza la captación.

Se infringen de este modo los derechos de propiedad industrial de la web “copiada” al producirse una confusión de los productos y servicios de esta, con los de la web infractora.

– Metatagging: la metatag es un tipo de etiqueta formada por información sobre el contenido de la web. Puede ocurrir que se incluyan metatags de forma ilícita, sobre una marca ajena por ejemplo, sin contar con el consentimiento del titular de la misma, violando su derecho de propiedad industrial.

– Word stuffing: modalidad de metatag que hace que una o varias palabras aparezca del mismo color que el fondo de la página web, por lo que resulta inapreciable a la vista, aunque el programador de búsqueda si la encuentra. Supone una infracción si la palabra insertada es objeto de la propiedad industrial de otro sujeto.

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Ley de Medidas de Agilización Procesal


El próximo día 31 de Octubre entrará en vigor la Ley de Medidas de Agilización Procesal, 37/2011 de 10 de Octubre, con el objetivo de dotar a nuestra justicia de medios modernos y eficientes.

Los datos estadísticos más recientes sobre entrada de asuntos en nuestros tribunales acreditan que en los últimos tiempos se ha producido una subida exponencial de la litigiosidad. Así, el número de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones durante el año 2009 ha tenido un crecimiento cercano al 33 % con relación al número de asuntos ingresados 10 años antes. En algunos órdenes jurisdiccionales el volumen de entrada ha sido especialmente intenso, como en el civil, que ha doblado la entrada de asuntos en esa misma década.

El sobrevenido aumento de la litigiosidad es indicativo de la confianza cada vez mayor que los ciudadanos depositan en nuestra Administración de Justicia como medio para resolver sus conflictos y pretensiones, pero al propio tiempo ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir profundas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de calidad. Este fue también el objetivo último que determinó la promulgación de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley 13/2009, de la misma fecha, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.

La Ley que ahora se presenta continúa la línea de reformas procesales iniciada con las reformas que se acaban de mencionar, tratando ahora de introducir en la legislación procesal mejoras que permitan agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías para el justiciable.

El objeto de la Ley es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo que obedecen al propósito común de suministrar a nuestros tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal. Tales medidas son de distinto signo. Unas están encaminadas a garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, como ocurre en el caso del orden penal, otras a optimizar los procedimientos, a suprimir trámites procesales innecesarios o a sustituirlos por otros más breves, y otras, en cambio, están orientadas a limitar el uso abusivo de instancias judiciales

Sus principales aspectos son:

– PROCESO CIVIL

Desahucio: Se incluye el monitorio como medio de procedimiento para el desahucio por falta de pago y se modifica el art. 440 LEC (Enervación y requerimiento)

Monitorio: Se suprime el límite de cuantía.

Tercería de dominio y mejor derecho: A partir de la entrada en vigor de la reforma se sustanciarán por los trámites del juicio verbal.

Recursos:

Apelación en el Juicio Verbal: Se excluye por cuantía hasta 3000 euros.
Desaparece la preparación de los recursos devolutivos (apelación y casación)
Recurso de Casación: Se aumenta la cuantía hasta 600.000 Euros.

Costas: Se incluye en la LEC el importe de las tasas judiciales.

– PROCESO PENAL

Se modifican preceptos de la LECRIM, respecto al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. (Competencia, derecho de defensa, juicio oral, conformidad y rebeldía).

PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO


Se reducen trámites en cuanto a la prueba.
Se limita las vistas en el procedimiento abreviado.
Los asuntos por cuantía en el procedimiento abreviado se elevan a 30.000 euros.
Se regulan las medidas cautelarísimas.
Se incluye el criterio del vencimiento en materia de costas en procedimientos en primera o única instancia.

– TASAS JUDICIALES

Se modifican las tasas del monitorio que exceda de 3000 Euros (50 euros, antes 90) y las de ejecuciones en general a ejecución extrajudiciales (se mantiene los 150 euros).

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Abogados Babi Calzado, S. C.

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