Prohibiciones al registro de marca
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Prohibiciones al registro de marca


Prohibiciones al registro de marca. Abogados Babi Calzado

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de registrar mi marca? ¿Qué requisitos debe cumplir? Prohibiciones al
registro de marca

Las limitaciones al registro de una marca se dan en dos planos totalmente diferenciados.

En un primer plano, que podemos calificarlo como delimitador de lo inscribible o no como marca, se encuentran las prohibiciones absolutas por la cual la Ley de Marcas, en todo, caso prohíbe el registro de marcas que entre dentro de alguno de los supuestos enumerados en su Artículo 5. Este Artículo, por tanto, se aplica indistintamente a cualquier marca que pretenda registrarse, es una lista cerrada donde se encuentran las siguiente prohibiciones:

– No reunir los requisitos que establece esta Ley para ser marca; dicho de otra forma, si no se es marca no se inscribir como tal.

– Ser contrarias a la Ley u orden público.

– Carecer de efecto distintivo.

– Imiten los símbolos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas o entes locales, también se aplica a estados miembros y organizaciones internacionales a las que pertenezcan los Estados Miembros de la Unión Europea, dada la prohibición en el apartado j) de contravenir el art 6 ter del Convenio de Paris, que protege dichos emblemas. Igualmente el apartado k) protege los símbolos que sean de interés público, siempre y cuando la autoridad competente, esto es, la OEPM no autorice su registro

– Induzcan a error sobre la procedencia del mismo: Imaginemos que pretendemos registrar una marca de mermelada como “Mermelada de Valencia” cuando el producto se fabrica en Lugo.

– Registrar una marca que exclusivamente contenga un distintivo que se haya convertido en habitual para designar los productos o los servicios en el lenguaje común: Como podría ser intentar registrar una fregona con la marca “Fregona”, por el contrario si podríamos registrar “Fregona Mágica”.

– El registro de bebidas alcohólicas que contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica incluso cuando se indique el verdadero origen: Por mucho que aparezca en la marca “Fabricado en Lugo”, no podremos registrar un vino de La Rioja valenciano.

– Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto: De este modo, no podremos registrar una marca en la que unicamente se observe un jamón, aunque si podríamos por ejemplo incluir este elemento si añadimos otro elemento, como por ejemplo que el emblema fuera la misma pata de jamón añadiendo “Jamones Antonio”.

– Queda también prohibido el registro de una marca que pueda inducir a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia del producto sobre el que operará la marca: No podremos registrar una marca de caviar como “Beluga”

Hasta aquí las prohibiciones absolutas, prohibiciones que operan con carácter igualitario para todo aquel que desea registrar una marca. Pero existe un segundo filtro.

En ese segundo filtro, más enfocado a la casuística concreta, encontramos las prohibiciones relativas, en ellas se encuentran limitaciones al registro, pero no por ser contrarias a la Ley per se, sino por encontrarse una marca registrada con anterioridad ostentando tal derecho, y por tanto siendo merecedora de protección. De este modo, el Artículo 6 y 7 (este último relativo a nombres comerciales) dispone en dos casos la prohibición de inscribir una marca que sí cumpla con los requisitos del Artículo 5 de la Ley de Marcas, son:

– Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

– Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Mientras que las prohibiciones absolutas operan con ese carácter categórico, las prohibiciones relativas operan en un plano más condicional.  Y es que, por lo general, la protección a la marca ya inscritas frente a las que se pretenden constituir con posterioridad que ofrecen las prohibiciones relativas se ciñen estrictamente a la clasificación de Niza para la que se hayan constituido.

A pesar de lo que acabamos de exponer, la limitación de la protección de la marca registrada a las clases de Niza para la que se registren es salvable acreditando notoriedad, o en un escalafón superior que se trata de una marca renombrada, en estos casos la protección se extiende a todas las clases de Niza consiguiendo una protección completa de nuestra marca.

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Declaración de nulidad de los intereses de demora de la hipoteca por el juez


El 21 de Enero de 2015, ha sido dictada Sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos acumulador C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, donde se establece que los jueces españoles podrán siempre considerar abusivas, y declarar su nulidad, dejándola sin aplicación, de aquellas cláusulas incluidas en una hipoteca que establezcan intereses de demora excesivos.

El asunto sobre el que resuelve el TJUE tiene su origen en unos procedimientos de desahucio instados por UNICAJA BANCO, S.A. y CAIXABANK, S.A., seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 Marchena (Sevilla). El juez encargado del asunto planteó la cuestión acerca de si la normativa española era compatible con la normativa comunitaria en lo relativo al carácter abusivo de la cláusula sobre intereses de demora en los préstamos hipotecarios.

Los intereses de demora de los préstamos hipotecarios estudiados ascendían a 18%, ampliable en determinados supuestos al 25%, en el primer préstamo hipotecario, y a 22,5%, en el segundo.

Teniendo previstos ambos préstamos hipotecarios cláusulas de vencimiento anticipado, producido el impago de la cuotas, los Bancos exigieron el total de la deuda, esto es, el capital prestado, más los intereses, intereses de demora, costas, gastos y comisiones.

Plantea el Juez, si el Art. 6.1 de la Directiva 93/13, puede ser compatible con lo dispuesto en la Ley 1/2013, fundamentalmente con su art. 3.2 (mediante el cual se modificó el Art. 114 de la Ley Hipotecaria.

 

Pasemos pues al estudio de ambos preceptos:

Dispone el referido Art. 6.1 de la Directiva 93/13:

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»

 

Por su parte, el citado Art. 3.1 de la Ley 1/2013, establece:

«Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago.
Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»

 

Pues bien, entiende el STJUE que la obligación de respetar el límite máximo del tipo de interés de demora no impide en absoluto que el juez pueda considerar que una cláusula por la que se establecen dichos intereses tiene carácter abusivo”.

De este modo, especifica la Sentencia que el juez español que esté conociendo de un procedimiento en el que se discuta la abusividad de los intereses moratorios, podrá declarar su nulidad con independencia que estos no superen el límite de establecido de ser superior a tres veces el interés de dinero. Ello significa, que pese a que en un préstamo hipotecario se establezca un tipo de interés de demora inferior a tres veces el interés del dinero, puede ser declarado igualmente abusivo conforme a la Directiva 93/13.

En estos casos, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración. (Auto Sebestyén, C‑342/13, EU:C:2014:1857, apartado 29).

Podemos concluir que la declaración de nulidad de los intereses de demora en la hipoteca por el juez, no queda vinculada al cumplimiento del requisito de no superara el límite de tres veces el interés legal del dinero, pudiendo declararse su abusividad por otros factores y circunstancias.

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¿Qué es la cláusula suelo? ¿Cuánto he pagado demás por la cláusula suelo?


 ¿Qué es la cláusula suelo?

La cláusula suelo es una estipulación recogida en la escritura de préstamo hipotecario (o de subrogación hipotecaria o de modificación del préstamo, etc), donde se establece que un tope mínimo conforme al cual no podrá beneficiarse el cliente de las bajadas del Tipo de interés Variable que previsto en la hipoteca (Euribor + Diferencial).

Frecuentemente, aparecen acompañadas de un tipo máximo o techo, previsto para el caso contrario, si bien, la mayoría de las cláusula techo establecidas en los préstamos hipotecarios contemplan para el techo una cifra tan alta que según los expertos es imposible que se alcance.

La mayoría de hipotecas firmadas en España establecen un Tipo de Interés Variable consistente en aplicar al Tipo de Referencia, normalmente el Euribor (Euro Interbank Offered Rate) , aunque también existen otros como el IRS (Interest Rate Swap) o el IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), un diferencial que varía en función de la entidad (ej. 0,8 + Euribor)

Según ADICAE más de un centenar de Bancos en España han establecido cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios concedidos, por lo que la gran mayoría de las hipotecas firmadas en los últimos años la tienen.

 Ejemplos de cláusulas suelo

La cláusula suelo suele aparecer dentro de la Cláusula Tipo de Interés Variable o similar, bajo las denominaciones “límites a la aplicación del interés variable” o “límite de la variabilidad”. Frecuentemente, el tipo de interés variable comienza a aplicarse tras varios meses a un tipo fijo. Las estipulaciones más comunes son:

– Tipo mínimo y máximo

 Se establece que, desde la primera revisión de tipos de interés, en ningún caso, el tipo de interés será inferior al 4,19% ni superior al 14%.

 – Los intereses a aplicar no podrán ser superiores al 15% nominal anual ni inferiores al 4,25% nominal anual.

 ¿Cuánto he pagado demás por la cláusula suelo?

Ejemplo:

Importe de la hipoteca: 161.233.-€

Plazo de la hipoteca: 25 años

Interés mínimo (suelo): 4,25

Interés variable: Euribor + 0,60

Fecha de contratación: Diciembre de 2.008

Revisión: semestral

Cuanto has pagado hasta ahora:     55.898.-€

Cuanto hubieras pagado sin suelo: 44.041.-€

Coste del suelo:                                    11.857.-€

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La cláusula suelo como cláusula abusiva


Conforme al Art. 82.1 Ley General de Consumidores y Usuarios son cláusulas abusivas “todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”, añadiendo, en el apartado tercero del mismo artículo que “el carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa”.

Asimismo, el Art. 8.2 LCGC señala que, en particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, aquellas que no cumplan los requisitos que relaciona el Art. 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (concreción, claridad, sencillez, buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes etc.), y, en todo caso las definidas en el Art. 10 bis) y Disposición Adicional primera. Remisión que, deben entenderse referida, al texto actualmente vigente en dicha materia citado anteriormente.

Ha de recordarse, que tal y como dispusiera el artículo 1.288 Código Civil: “La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad”.

En interpretación de tal legislación, y como recoge la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, son dos los requisitos que debe reunir la cláusula suelo como cláusula abusiva: causar en perjuicio del consumidor, consistente en un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, y ser contraria a las exigencias de la buena fe. Requisitos a los cuales la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, añade la ausencia de negociación.

El desequilibro es evidente, ya que se fija una cláusula suelo que habría entrado en vigor ante la bajada previsible de los tipos de interés, con una tendencia bajista acusada en el marco de la actual crisis que estamos viviendo; sin que exista posibilidad real alguna de que los tipos asciendan al techo, ni siquiera a largo plazo. Lo que nos lleva a una determinación de un límite que perjudica al cliente y beneficia al banco.

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Informe del Banco de España sobre las cláusulas suelo


Expuesto en el Senado el 7 de Mayo de 2.013, el Informe del Banco de España sobre las cláusulas suelo, señala lo siguiente.

“2.3. Préstamos hipotecarios a tipo de interés variable que incorporan acotaciones a las variaciones de los tipos de interés

En este caso, la propia escritura de préstamo hipotecario incorpora límites a la variación de los tipos de interés, o a la de los índices de referencia.

En el caso de que la acotación sea a la baja, la cláusula fijará un tipo de interés que actuará como suelo del tipo pactado, con lo que se garantizan unos ingresos mínimos para la entidad que concede el crédito, sea cual sea la coyuntura de tipos en los mercados.

Son precisamente estas cláusulas las que, últimamente, han suscitado dudas acerca de su legalidad, ante la posibilidad de ser consideradas abusivas, en la medida en que impiden a los prestatarios vinculados por este tipo de pactos, beneficiarse en toda su amplitud de las bajadas de tipos que se han originado en la actual coyuntura económica.”

En cuanto al deber de información y transparencia del Banco en la sobre las cláusulas suelos en los préstamos hipotecarios;

“Más concretamente, en materia de préstamos hipotecarios es de especial relevancia la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, aplicable a los préstamos con personas físicas en los que la garantía hipotecaria recaiga sobre una vivienda, cuya cuantía no rebase los 150.253,03 € (sin perjuicio de que dicha Orden, al menos en materia de información al cliente, sea aplicada habitualmente por las entidades con carácter general a las operaciones de préstamo hipotecario, aunque rebasen esa cuantía). Cuando el tipo pactado en un préstamo hipotecario es variable, la citada Orden Ministerial establece que el correspondiente contrato deberá incluir necesariamente una cláusula 5 con el contenido obligatorio siguiente:

«Límites a la variación del tipo de interés aplicable.

 Cuando se establezcan límites máximos y mínimos a la variación del tipo de interés aplicable al préstamo, se expresarán dichos límites:

En términos absolutos, expresándose en forma de tipo de interés porcentual los citados límites máximo y mínimo. Esta forma de expresión se utilizará obligatoriamente cuando puedan expresarse dichos límites en términos absolutos al tiempo del otorgamiento del documento de préstamo.

De cualquier otro modo, siempre que resulte claro, concreto y comprensible por el prestatario, y sea conforme a Derecho.»

La referencia de esta última a que el Notario deberá advertir expresamente de la existencia de tales límites, especialmente cuando los mismos no sean semejantes al alza y a la baja

Para el caso de que, por su cuantía, el notario no hubiera hecho la advertencia correspondiente, habría que considerar los restantes medios puestos a disposición del cliente para que este adquiera un conocimiento cabal de la operación y la redacción de la cláusula que, como se ha comentado, debe realizarse de manera clara y comprensible.

(…)

 En todo caso, y sean cuáles sean las causas y explicaciones que subyacen en la determinación de los umbrales o acotaciones, lo cierto es que, en la mayoría de los casos, no ofrecen una protección efectiva para los clientes particulares del riesgo de subida de los tipos, debido a los altos niveles que alcanzan los techos.

 (…)

 En consecuencia, las acotaciones al alza, pese a alcanzar una parte significativa de la cartera, no tienen, en general, virtualidad como mecanismo de protección real y efectiva frente a incrementos de tipos de interés

Sentado lo anterior, y como conclusión del presente informe, puede afirmarse que de acuerdo con la encuesta realizada el elemento determinante en la generación y utilización por parte de las entidades de la mayoría de las cláusulas con acotaciones (sean estas al alza y/o a la baja) a los tipos de interés de los préstamos hipotecarios con particulares, ha sido su propósito de asegurar la recuperación de los costes mínimos generados por estos productos en momentos de caídas muy pronunciadas de los tipos de interés o del negocio; y ello con la finalidad de proporcionar estabilidad a los resultados de la entidad.

Es evidente que ese objetivo puede provocar que en momentos de bajada sustancial de los tipos de interés los titulares de préstamos a tipo variable dejen de beneficiarse en cierto momento de esa reducción.

 (…)

 Por otra parte, las obligaciones de información al cliente  que la normativa vigente impone a las entidades de crédito que incorporan estas cláusulas a sus contratos, su normalización ,y, en particular, la advertencia notarial sobre su contenido, pueden considerarse garantía adecuada para que el cliente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de este elemento del coste financiero que asume.

 (…) siempre que el prestatario haya sido informado de forma adecuada, no pueden considerarse limitativas de sus derechos.

En cuanto a la posible falta de reciprocidad o desproporción que pudieran derivar de cláusulas concretas incorporadas por las entidades a sus contratos de préstamos hipotecarios, cabe indicar:

El Banco de España no puede pronunciarse sobre esta cuestión, que en última instancia debe ser resuelta por los Tribunales de justicia y que, en todo caso, requeriría un análisis individualizado de las concretas circunstancias de cada caso,”

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Leasing o arrendamiento financiero


El Leasing o Arrendamiento Financiero es de una herramienta de financiación y adquisición de un bien cada vez más empleada. El funcionamiento inicial de estos tipos de contratos es idéntico al de un arrendamiento común, de este modo el arrendador cede el uso de un determinado bien a cambio de una contraprestación. La diferencia entre el Leasing y el arrendamiento común radica en el momento del vencimiento del contrato, cuando llega este momento el arrendatario tiene la facultad de renovar el contrato, terminar la relación (devolviendo por consiguiente el objeto) o adquirir la propiedad del mismo por el valor residual del mismo.

Valor Residual

Llamamos Valor Residual al montante económico que queda cuando se resta el valor inicial e intereses devengados por el bien menos las aportaciones realizadas y la depreciación experimentada por el mismo desde el momento de inicio del contrato.

En un principio, este tipo de contratos nació con una vocación eminentemente empresarial, sirviendo a éstas para valerse de un tipo de producto que en un principio no iban a ser necesarios pasado un determinado plazo, pero que con el trascurso de este la necesidad se ampliaba, convirtiéndose en elementos imprescindibles para el buen funcionamiento de la empresa arrendadora. Con el tiempo estos contratos se han extendido al ciudadano de a pie siendo una herramienta relativamente común en el campo inmobiliario entre particulares, si bien no puede calificarse como Leasing dado que es un contrato de carácter mercantil. De este modo se constituye un arrendamiento de un inmueble y a su vencimiento se determina un valor residual, siendo este el valor de compra y considerándose las cuotas del arrendamiento amortizaciones del inmueble.

En la actualidad es muy común su empleo para la adquisición de vehículos.

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Registro Mercantil


El Registro Mercantil

Institución administrativa que tiene por objeto la publicidad oficial de las situaciones jurídicas de los empresarios en él inscritos.

Funciones

–  Legalización de los libros de los empresarios. Los libros obligatorios han de presentarse en el Registro Mercantil del domicilio del empresario.

– Nombra expertos o peritos independientes para la valoración de las aportaciones a la empresa que no son dinerarias, a cualquier tipo de sociedad.

– En  supuestos de fusión o escisión, nombra experto y también nombra auditores.

– Depósito de las cuentas anuales que obligatoriamente deben presentar las sociedades dentro de los 6 primeros meses del ejercicio siguiente. Se conservarán en el Registro Mercantil 6 años desde la publicación en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil).

– Legitimación de actos y contratos inscritos, y asientos del Registro Mercantil están tutelados por los Tribunales. Las sociedades adquieren la personalidad jurídica, con lo que tienen reconocidos todos los derechos inherentes a cualquier persona física. Por contra, las sociedades no inscritas, no son irregulares.

Objeto de inscripción

  • Los empresarios individuales.
  • Las sociedades mercantiles.
  • Las entidades de crédito y de seguros, así como las sociedades de garantía recíproca.
  • Las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones.
  • Cualesquiera personas, naturales o jurídicas, cuando así lo dispongala Ley.
  • Las agrupaciones de interés económico.
  • Las Sociedades Civiles Profesionales, constituidas con los requisitos establecidos en la legislación específica de Sociedades Profesionales.
  • Los actos y contratos que establezcala Ley.

Igualmente corresponderá al Registro Mercantil la legalización de los libros de los empresarios, el depósito y la publicidad de los documentos contables y cualesquiera otras funciones que le atribuyan las Leyes.

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Sociedad Colectiva


La sociedad colectiva es una sociedad de tipo personalista dedicada en nombre colectivo a la explotación de su objeto social.

Características

– Capital Social: no existe mínimo legal. Las aportaciones de los socios pueden ser económicas o pueden ser en forma de trabajo.

– Número mínimo de socios: dos. No existe número máximo.

– Carácter personalista: La condición de socio es intransferible sin el consentimiento de los demás socios.

– Persona jurídica.

Tipos de socios:

– Socios industriales: los que sólo aportan trabajo personal.

– Socios capitalistas: aportan trabajo y capital.

Responsabilidad

Personal, solidaria e ilimitada de todos los socios.

Denominación social

Será el nombre de todos los socios, de algunos de ellos o de uno solo añadiendo, en estos dos últimos casos  “y Compañía” al nombre o nombres que se expresen.

Este nombre colectivo no podrá incluir el nombre de personas que no sean socios, y si se incluyera el nombre de alguien que no fuera socio, éste respondería solidariamente de las deudas de la sociedad.

Al nombre le acompañarán las siglas S. C., o S.R.C., para la sociedad colectiva.

Registro mercantil

Inscripción obligatoria.

Derechos y deberes del socio

Únicamente los socios autorizados para usar la firma social tienen poder para representar a la sociedad.

La compañía deberá abonar a los socios los gastos e indemnizarles de los perjuicios consecuencia de los negocios que realicen a nombre de la ésta.

Los socios capitalistas responderán a las pérdidas en la misma proporción a menos que, por pacto expreso, se incluya a los socios industriales. Las ganancias se repartirán entre los socios en función de la porción de intereses que tengan en la compañía, correspondiendo a los socios industriales lo mismo que al socio capitalista de menor aportación.

Además de los libros obligatorios para todo empresario, las sociedades colectivas llevarán un libro o libros de actas.

Administración de la sociedad

Todos los socios son administradores, salvo que se nombren socios gestores a alguno o algunos de los socios, en cuyo caso serán válidos los acuerdos aunque no asistan todos los socios. En caso de que algún socio gestor sea contrario a contraer alguna obligación, ésta será válida si se contrajese, pero en caso de perjuicio responderán el resto de socios. Los socios no gestores tendrán derecho a revocar el nombramiento de los que lo fueren, a ser informados de la gestión y administración y a hacer reclamaciones, pero no a intervenir en la gestión de la sociedad.

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Cooperativa


Sociedad Cooperativa

Sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático.

Características

– Capital social: se aportará la cantidad mínima que en los Estatutos se fije. Estará constituido por las aportaciones de los socios y se realizarán en moneda de curso legal, aunque también podrán aportar bienes y derechos susceptibles de valoración económica.

En las cooperativas de primer grado el importe total de las aportaciones de cada socio no podrá exceder de un tercio del capital social excepto cuando se trate de sociedades cooperativas, entidades sin ánimo de lucro o sociedades participadas mayoritariamente por cooperativas.

– Número mínimo de socios: tres para las cooperativas de primer grado, salvo en aquellos supuestos en que por esta u otra Ley se establezcan otros mínimos; dos cooperativas para las cooperativas de segundo grado.

Los Estatutos pueden prever la existencia de socios colaboradores en la cooperativa; son personas físicas o jurídicas , que deberán desembolsar la aportación económica que determina la Asamblea General, que en ningún caso podrán ser superior al 45% del total de las aportaciones al capital social.

– Persona jurídica.

Tipos de cooperativas

Las sociedades cooperativas de primer grado podrán clasificarse de la siguiente forma:

  • Cooperativas de trabajo asociado.
  • Cooperativas de consumidores y usuarios.
  • Cooperativas de viviendas.
  • Cooperativas agrarias.
  • Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.
  • Cooperativas de servicios.
  • Cooperativas del mar.
  • Cooperativas de transportistas.
  • Cooperativas de seguros.
  • Cooperativas sanitarias.
  • Cooperativas de enseñanza.
  • Cooperativas de crédito.

Las sociedades cooperativas de segundo grado están formadas por dos cooperativas de igual o distinta clase.

Responsabilidad

La responsabilidad del socio por las deudas sociales estará limitada a las aportaciones de capital social que hubiera suscrito, estén o no desembolsadas en su totalidad.

Denominación social

La denominación de la sociedad incluirá necesariamente las palabras “Sociedad Cooperativa” o su abreviatura “S. Coop.” Esta denominación será exclusiva, y reglamentariamente podrán establecerse sus requisitos.

–       Constitución: La sociedad cooperativa se constituirá mediante Escritura Pública, que deberá ser inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas.

–       Registro mercantil: No es obligatoria su inscripción.

Derechos y deberes del socio

Los socios pueden ejercitar todos los derechos reconocidos legal o estatutariamente. En especial, tienen derecho a:

  • Asistir a los debates y votar propuestas en la Asamblea General.
  • Ser elector y elegible para los cargos de los órganos sociales.
  • Participar en todas las actividades de la cooperativa.
  • Retorno cooperativo.
  • Actualización y liquidación de las aportaciones al capital y, en su caso, a recibir intereses por las mismas.
  • La baja voluntaria.
  • Recibir la información necesaria para ejercer sus derechos y obligaciones.
  • Formación profesional adecuada para desempeñar su trabajo.

Los socios están obligados a cumplir los deberes legales y estatutarios. En especial, tienen obligación de:

  • Cumplir los acuerdos adoptados por los órganos sociales de la cooperativa.
  • Participar en las actividades cooperativizadas que desarrolla la cooperativa en la cuantía mínima obligatoria fijada en sus Estatutos.
  • Guardar secreto sobre los asuntos y datos cuya divulgación pueda perjudicar a los intereses de la cooperativa.
  • Aceptar los cargos para los que fueren elegidos.
  • Cumplir con las obligaciones económicas que le correspondan.
  • No realizar actividades competitivas con las actividades empresariales que desarrolle la cooperativa.

Administración

Son órganos de la sociedad cooperativa:

La Asamblea General: reunión de los socios constituida con el objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre aquellos asuntos que legal o estatutariamente sean de su competencia. Fijará la política general de la cooperativa, se ocupará en exclusiva del examen de la gestión total, de la aprobación de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los excedentes disponibles o imputación de las pérdidas. Las Asambleas pueden ser Generales Ordinarias, Extraordinarias, o de delegados.

El Consejo Rector: es el órgano colegiado de gobierno al que corresponde, al menos, la alta gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la sociedad cooperativa, con sujeción a la Ley, a los Estatutos y a la política general fijada por la Asamblea General.

La Intervención: es el órgano de fiscalización de la cooperativa que tiene como funciones, además de las que expresamente le encomienda esta Ley, las que le asignen los Estatutos, de acuerdo a su naturaleza, que no estén expresamente encomendadas a otros órganos sociales. La Intervención puede consultar y comprobar toda la documentación de la cooperativa y proceder a las verificaciones que estime necesarias.

La Sociedad Cooperativa podrá prever la existencia de un Comité de Recursos y de otras instancias cuyas funciones se determinen en los Estatutos.

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Sociedad Limitada


Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sociedad de capital con carácter mercantil. El capital social está integrado por las aportaciones de todos los socios y se encuentra dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles. Los socios no responden personalmente de las deudas sociales, la responsabilidad se limita al capital aportado.

Características

– Capital: No puede ser inferior a 3.000,00 € y deberá estar totalmente suscrito y desembolsado en el momento de constitución de la Sociedad. Sólo pueden hacerse aportaciones económicas, en ningún caso pueden ser trabajo personal.

– Número mínimo de socios: uno, Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal.

– Persona jurídica.

– Las Cuentas Anuales:

Las cuentas anuales se aprobarán por la Junta General.

A partir de la convocatoria dela Junta General, el socio o socios que representen, al menos el 5 por ciento del capital, podrán examinar en el domicilio social, por sí mismos o en unión de un experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales, salvo disposición contraria de los estatutos.

– La distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su participación en el capital social, salvo disposición contraria en los estatutos.

Responsabilidad

Limitada. Los socios no responden personalmente de las deudas sociales.

Denominación social

La razón social es libre, debiendo figurar necesariamente la indicación Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Limitada o sus abreviaturas S.R.L. o S.L. No se podrá adoptar una denominación idéntica a la de una sociedad ya existente.

Registro mercantil

Es obligatoria su inscripción. El registrador mercantil remitirá para su publicación, de forma telemática y sin coste adicional alguno, al Boletín Oficial del Registro Mercantil, los datos relativos a la escritura de constitución.

Derechos y deberes de los socios

Los socios participan en los beneficios sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación, tienen derecho preferente de suscripción, a asistir y  a votar en las Juntas Generales, a impugnar acuerdos sociales y a ser informados.

Administración

Los órganos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada son:

– La Junta General de Socios: Órgano supremo que elabora y expresa la voluntad social

Órgano de Administración: que podrá ser un administrador único, varios administradores que actúen solidaria o mancomunadamente, o un Consejo de Administración formado por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros. Pueden ser socios o no, y no pueden dedicarse al mismo género de comercio que constituye el objeto de la sociedad.

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Sociedad Anónima


Sociedad de capital con carácter mercantil, cuyo capital social se integra por las aportaciones económicas de todos los socios y está dividido en acciones. Los socios no responden personalmente de las deudas sociales.

Características

– Capital: No puede ser inferior a 60.000,00 €. El capital debe estar suscrito íntegramente y desembolsado como mínimo en un 25% en el momento de constitución de la sociedad. Las aportaciones económicas serán comprobadas por un notario si son dinerarias o por un experto si no lo son. En ningún caso las aportaciones podrán ser en forma de trabajo personal.
Las acciones pueden transmitirse libremente de acuerdo con las normas sobre la cesión de créditos y demás derechos incorporales.

– Número mínimo de socios: uno. No existe número máximo.

– Persona jurídica.

– Las cuentas anuales:
Han de ser formuladas por los administradores de la sociedad en el plazo máximo de tres meses a contar del cierre del ejercicio social, acompañadas de un informe de gestión, si tienen obligación de formularlo, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Irán firmadas por todos los administradores.

Las cuentas anuales, que forman una unidad, deben ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad. Comprenderán: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.

Responsabilidad

Limitada. Los socios no responden personalmente de las deudas sociales.

Denominación social

La razón social es libre, debiendo figurar necesariamente la indicación Sociedad Anónima o su abreviatura S.A. No se podrá adoptar una denominación idéntica a la de una sociedad ya existente.

Registro Mercantil

Es obligatoria su inscripción. El registrador mercantil remitirá para su publicación, de forma telemática y sin coste adicional alguno, al Boletín Oficial del Registro Mercantil, los datos relativos a la escritura de constitución.

Derecho y deberes del socio

Los socios participarán de los beneficios de la sociedad en función del capital aportado y en caso de emisión de nuevas acciones tendrán derecho preferente de suscripción. También tendrán derecho a la cuota de liquidación según el capital desembolsado.
Los socios podrán asistir y votar en las Juntas Generales, así como impugnar acuerdos sociales.

Administración

Dos son los órganos encargados de la administración:

– Junta General de Accionistas: Órgano supremo de gobierno de la sociedad.
– Consejo de Administración o Administradores: Órgano ejecutivo de la sociedad, encargado de la gestión, administración y representación de la misma. Pueden ser personas físicas y jurídicas y no se requiere necesariamente que sean socios.
Además los Auditores de Cuentas deben verificar las cuentas anuales y el informe de gestión.

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Empresario individual. Comerciante


Comerciante

El que teniendo capacidad lega para ejercer el comercio se dedica a él habitualmente, así como las compañías mercantiles o industriales que se constituyan conforme al Código de Comercio.

– Presunción legal del ejercicio habitual del comercio desde que la persona que se proponga ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, o de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil.

Empresario individual

Aquella persona física que, disponiendo de la capacidad legal necesaria, ejerce de forma habitual y por cuenta propia una actividad comercial, industrial o profesional.

Características

  • Persona física, mayor de edad, con libre disposición de los bienes, menor de edad emancipado, o menor de edad en circunstancias especiales siempre que tenga la libre disposición de sus bienes a través de sus representantes legales.

Responsabilidad

No existe separación entre el patrimonio de la empresa y el patrimonio del empresario, es decir, el empresario responderá con todo su patrimonio presente y futuro de las obligaciones que contraiga.

Además si el empresario está casado, los bienes propios de los cónyuges empresarios quedan obligados a los resultados de la actividad empresarial y los gananciales pueden quedar obligados por consentimiento expreso o por presencia y consentimiento. Los bienes privativos del cónyuge no empresario pueden quedar obligados por consentimiento expreso en Escritura Pública.

Inscripción en el Registro Mercantil

Potestativa para los empresarios individuales, con excepción del naviero.

El empresario individual no inscrito no podrá pedir la inscripción de ningún documento en el Registro Mercantil ni aprovecharse de sus efectos legales

Administración

El propietario controla y dirige personalmente su gestión.

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Ley de Tasas Judiciales


Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Publicada en el BOE el Miércoles 21 de noviembre de 2012, y con entrada en vigor al día siguiente,la Ley de Tasas Judiciales está encontrando opiniones contrarias en todos los ámbitos dela Justicia.

NOTAS BÁSICAS

Jurisdicciones en que hay que pagar la tasa

Las tasas afectan a tres de los cinco órdenes jurisdiccionales. En concreto, a la jurisdicción Civil, a la Social(o Laboral) y ala Contencioso-Administrativa. Quedan exentas la Penal(que representa cerca de un 70 por ciento de los asuntos que ingresan en los Tribunales) y la Militar.

Procedimientos exentos

No habrá que pagar en la interposición de la demanda y presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los matrimoniales que versen exclusivamente sobre la guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores. Tampoco en la interposición de la demanda y posteriores recursos cuando se trate de procedimientos establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación dela Administración electoral; la solicitud de concurso voluntario por el deudor; la interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios; la presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere 2.000 euros. Por último, está exenta de tasas la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad dela Administración.

Momento del pago de la tasa

Depende de los casos. En líneas generales en la jurisdicción Civil y en la Contencioso-Admnistrativa se paga desde el principio, es decir, desde que se interpone el escrito de demanda, se formula del escrito de reconvención, se solicita la declaración del concurso o se interpone el recurso contencioso-administrativo, por poner algunos ejemplos. Se abonan también los recursos de apelación y casación en ambas jurisdicciones. En el orden Social es diferente: solo se abona la tasa cuando se interpone el recurso de suplicación o de casación. En este caso, el trabajador o autónomo tendrá que pagar solo un 40 por ciento de la tasa.

Cuantía de las tasas

Se componen de una cantidad fija y otra variable. La fija oscila entre los 100 euros que cuesta un procedimiento monitorio a los 1.200 de un recurso de casación ante la Sala de lo Civil o de lo Contencioso del Tribunal Supremo. La variable supone entre un 0,25 y un 0,5 por ciento de la cuantía procesal.

Quien tiene que pagar la tasa

Por primera vez se extienden las tasas a las personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos que no sean beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita porque ganan más de 1.100 euros por unidad familiar. No obstante, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita va a ser modificada en las próximas semanas, con lo que podría haber cambios tanto cuantitativos como cualitativos. Está exento de pago el Ministerio Fiscal,la Administración Generaldel Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y organismos públicos dependientes de todas ellas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Recuperación de la tasa en caso de condena en costas

La tasa ya fue incluida en costas por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal y aunque en algunos casos la tasa es recuperable vía costas, en muchos otros casos no lo es. No lo es, por ejemplo, en actuaciones procesales en las que la propia ley no prevé condena en costas; y por tanto, al no haber condena en costas, la tasa por definición no se puede repercutir legalmente. Es el caso de las apelaciones civiles y los recursos de casación, cuando son ganados por el recurrente. O en Derecho de Familia, en el que la condena en costas es infrecuente. Tampoco parece fácil la devolución de la tasa cuando la parte contraria es el Ministerio Fiscal, que no puede ser condenado en costas. Eso sí, se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio (un acuerdo fuera de los juzgados).

  Pronunciamiento del TC

Sí, lo ha hecho en varias ocasiones, siempre en relación con las de 2002, que, como se ha dicho, no afectaban a las personas físicas. Una de sus últimas resoluciones es del pasado 16 de febrero. En ella, las considera constitucionales siempre y cuando «no sean tan excesivas que, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, impidan satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia»

– Con carácter general, será el abogado o procurador del sujeto pasivo el que pague la tasa que permita los actos procesales correspondientes.

– El Secretario judicial comprobará en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no dé curso a la actuación procesal que se solicite.

– Según se indica en el Preámbulo de la norma, la tasa nace “con la finalidad básica de incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales, se establece una devolución de la cuota de la tasa, en todos los procesos objeto de la misma, cuando se alcance una terminación extrajudicial que ahorre parte de los costes de la prestación de servicios.”

Asimismo, se recuerda que la Ley37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, incorporó en el artículo 241 dela Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, un nuevo número 7 que incluye dentro de las costas la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. De esta forma, el vencimiento en un proceso y la condena en costas a la otra parte trasladarán el pago de la tasa a la parte demandada.

 

TÍTULO I

Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social

Artículo 1. Ámbito de aplicación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles.

Artículo 2. Hecho imponible de la tasa.

Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:

a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.

b) La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.

c) La interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

d) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.

e) La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo.

f) La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.

g) La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

Artículo 3. Sujeto pasivo de la tasa.

1. Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.

2. El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en especial cuando éste no resida en España y sin que sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la autoliquidación. El procurador o el abogado no tendrán responsabilidad tributaria por razón de dicho pago.

Artículo 4. Exenciones de la tasa.

1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

b) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación dela Administraciónelectoral.

c) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

d) La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

e) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 dela Ley1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

f) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad dela Administración.

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

b) El Ministerio Fiscal.

c)La Administración Generaldel Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

3. En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación.

Artículo 5. Devengo de la tasa.

1. El devengo de la tasa se produce, en el orden jurisdiccional civil, en los siguientes momentos procesales:

a) Interposición del escrito de demanda.

b) Formulación del escrito de reconvención.

c) Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.

d) Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados.

e) Presentación de demanda incidental en procesos concursales.

f) Interposición del recurso de apelación.

g) Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.

h) Interposición del recurso de casación.

i) Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.

2. En el orden contencioso-administrativo, el devengo de la tasa se produce en los siguientes momentos procesales:

a) Interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda.

b) Interposición del recurso de apelación.

c) Interposición del recurso de casación.

3. En el orden social, el devengo de la tasa se  produce en el momento de la interposición del recurso de suplicación o de casación.

Artículo 6. Base imponible de la tasa.

1. La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales.

2. Los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte imposible su determinación de acuerdo con las normas dela Ley1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se valorarán en dieciocho mil euros de cuantía a los solos efectos de establecer la base imponible de esta tasa.

3. En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas. En el caso de que alguna de las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, se aplicará a ésta la regla señalada en el apartado anterior.

 Artículo 7. Determinación de la cuota tributaria.

1. Sin perjuicio de su modificación en la forma prevista en el artículo 8, será exigible la cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determina en la siguiente tabla:

En el orden jurisdiccional civil:

Verbal

y cambiario

Ordinario

Monitorio, monitorio europeo

y demanda incidental

en el proceso concursal

Ejecución extrajudicial

y oposición

a la ejecución

de títulos judiciales

Concurso necesario

Apelación

Casación

y extraordinario por infracción procesal

150 €

300 €

100 €

200 €

200 €

800 €

1.200 €

 

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Abreviado

Ordinario

Apelación

Casación

200 €

350 €

800 €

1.200 €

 

En el orden social:

Suplicación

Casación

500 €

750 €

 

2. Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:

De

A

Tipo

%

Máximo variable

0

1.000.000 €

0,5

10.000 €

Resto

0,25

Artículo 8. Autoliquidación y pago.

1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo de este artículo.

2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.

En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

3. Si a lo largo de cualquier procedimiento se fijase una cuantía superior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste deberá presentar una declaración-liquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación del procedimiento.

Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la autoliquidación presentada y, en su caso, que se devuelva la parte de la cuota tributaria presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

4. El Secretario judicial, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución en la que se determine la cuantía definitiva, comunicará por escrito la modificación de la cuantía a la delegación dela Agencia Estatalde Administración Tributaria en cuya demarcación radique la sede del órgano judicial, a los efectos oportunos.

5. Se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de esta tasa, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, se alcance una solución extrajudicial del litigio. Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación.

6. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 20 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora.

Artículo 9. Gestión de la tasa.

1. La gestión de la tasa regulada en este artículo corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa.

Artículo 10. Bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos.

Se establece una bonificación del 10 por ciento sobre la tasa por actividad judicial para los supuestos en que se utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos que originan la exigencia de la misma y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y tribunales en los términos que establezca la ley que regula las mismas.

Artículo 11. Vinculación de la tasa.

La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones dela Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Le yde Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

 

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Contrato de seguro


Contratación de una Póliza de Seguro

Seguro: contrato (póliza) mediante el que se le paga una suma de dinero (prima) a una Compañía de Seguros para recibir una compensación (indemnización) en caso de que se materialice alguno de los riesgos previstos en dicho contrato.

Términos

Tomador: Es la persona que contrata el seguro y realiza el pago de la primas (No necesariamente es el beneficiario del seguro).

Asegurado: Es el bien que se asegura.

Asegurador: Es quien indemniza cuando se materializa alguno de los riesgos previstos en el contrato.

Beneficiario: Es la persona que recibe la indemnización.

Capital final: Monto del dinero que recibe el beneficiario al término del contrato.

Mediador: Es la persona que asesora al tomador durante el proceso de contratación del seguro.

Póliza: Contrato suscrito entre el tomador y el asegurador donde se asientan los términos del seguro.

Prima: Precio del seguro, generalmente de anual.

Recibo: Documento que avala el pago de la prima.

Siniestro: Suceso previsto en la póliza, por el cual el asegurador debe indemnizar al beneficiario.

Franquicia: Cantidad que se deduce de la indemnización que paga el asegurador mediante la cual el asegurado asume parte del costo del siniestro.

Documentos

Solicitud del seguro: Documento mediante el cual el tomador realiza la petición formal del seguro a la compañía aseguradora, en él se asienta el riesgo a asegurar para que la compañía establezca las condiciones y precio del seguro.

Proposición del seguro: Documento emitido por la entidad aseguradora donde asienta las condiciones bajo las cuales accede a cubrir el riesgo a cubrir.

Carta de garantía: Documento emitido por la entidad aseguradora que prueba que se está tramitando la póliza solicitada.

Póliza del seguro: Documento suscrito entre al tomador y el asegurador donde se describen las condiciones del contrato de seguro.

Cláusulas:

Generales: Definen las relaciones entre las partes y definen las coberturas ofrecidas por la entidad aseguradora.

Particulares: Especifican los riesgos y coberturas contratados de entre todos los ofrecidos porla Compañía de Seguros.

Especiales: Modificaciones, ampliaciones o anulaciones que realizan las partes a las condiciones generales.

Anexos, Apéndices y Suplementos.

Duración del Contrato de Seguro

La duración de un contrato de seguro es, por regla general, de un año. Llegado el mismo la renovación será automática, a no ser que el asegurado notifique a la compañía con dos meses de antelación que no va a renovar. En caso de que sea la compañía quien no desee renovar, estará obligada a notificarlo con la debida antelación. Si la compañía desea rescindir la póliza antes de su vencimiento está obligada a devolver la parte de la prima proporcional al período de tiempo que falte para dicho vencimiento.

Cancelación del Contrato por el asegurador

– Si se vende el objeto asegurado (estará obligado a devolver la parte de la prima pendiente).

– Si durante el tiempo en que esté vigente el contrato se agrava el riesgo que cubre la póliza. En este caso el asegurador puede proponer una modificación de las condiciones recogidas en el contrato o cancelar la póliza. En cualquier caso el asegurador estará obligado a devolver la parte proporcional de la prima. En caso de que el asegurado oculte de mala fe el agravamiento del riesgo cubierto y este se materializa, el asegurador se podrá liberar del pago de la indemnización. Si, por el contrario, no existiera mala fe, la compañía solo deberá pagar la diferencia entre la prima contratada y la que corresponda al incremento del riesgo.

– Que el asegurado proporcione datos falsos a la hora de contratar la póliza.La Compañía de Seguros tiene un mes desde que se conozca el hecho para cancelar el contrato sin que el asegurado tenga derecho a recuperar la prima correspondiente al tiempo que queda hasta la fecha de cumplimiento del contrato (salvo que demuestre que no actuó de mala fe).

Cancelación del Contrato por el asegurado

– Haber comprado un objeto que estaba asegurado y que no le interese mantener el seguro.

– En caso de disminución del riesgo, por lo que habría de reducirse la prima y la aseguradora no admita la modificación de la misma. En tal caso el tomador del seguro tiene derecho a cobrar la diferencia entre la prima que ha pagado y la que le hubiera correspondido desde que notificara la disminución del riesgo.

Impago de la Prima

Si el tomador no paga el recibo del seguro, perderá la cobertura al cabo de un mes (llamado mes de gracia). En caso de seguros de vida o jubilación, se procederá a su liquidación con las cantidades que correspondan. Si la deuda es superior a los 300€,la Compañía de Seguros dispondrá de 6 meses (contados a partir del vencimiento de la prima), para reclamar el pago de la misma. En el caso de los seguros de automóvil, asistencia sanitaria y multirriesgo el tomador tendrá 5 meses desde el cumplimiento del mes de gracia para abonar el importe de la prima (en tal caso se recuperará la cobertura en 24 horas).

El Siniestro

Si se llega a producir un siniestro el tomador, el asegurado o el beneficiario tienen un plazo de 7 días hábiles (sin contar domingos o festivos) para informar ala Compañía de Seguros de la ocurrencia del mismo así como de las consecuencias y de las circunstancias en que se produjo. Si no se comunica el siniestro en el plazo estipulado, la aseguradora podrá reclamar una indemnización por daños y perjuicios que ocasione el retraso. Una vez que la compañía sea debidamente informada, envía un perito para hacer un análisis del siniestro y de los daños. Cuando finalicen la peritación y las investigaciones, la compañía tiene la obligación de pagar la indemnización, reparar o reponer el objeto asegurado en dependencia de lo estipulado en el contrato. La aseguradora puede eximirse del pago de la indemnización en caso de que el siniestro sea provocado por el propio asegurado, de no ser así, tiene la obligación de pagar el monto mínimo de la indemnización en un plazo de 40 días a partir de la notificación del siniestro y la totalidad de la misma al cabo de los 3 meses.

La Vía Judicial

En caso de no abonar la indemnización transcurridos los 3 meses, se podrá exigir judicialmente el pago de esa suma, de los intereses que esta produzca y de una indemnización adicional por daños y perjuicios que pueda originar el retraso. El tomador dispone, para interponer la acción judicial, de un plazo de 2 años si el seguro cubría daños patrimoniales y de 5 años si cubría daños personales. Las acciones judiciales se tramitarán ante el juez correspondiente al domicilio del asegurado.

Cobertura de Defensa Jurídica

Asistencia jurídica o reembolso de los gastos que puedas tener como asegurado, propietario, conductor u ocupante del vehículo en el momento del siniestro dentro de una reclamación en vía administrativa, judicial o arbitral. De este modo serán abonados por la Compañía., usted podrá elegir para su defensa al abogado de la Compañía de Seguros, o a un abogado de su confianza cuyos honorarios.

 

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Derecho de Autor y Propiedad Intelectual


prropiedad intelectual y derechos de autorLa Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual está integrada por una serie de derechos de carácter personal y/o patrimonial que atribuyen al autor y a otros titulares la disposición y explotación de sus obras y prestaciones.

Obras Protegidas

Creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.

Requisitos

1.- Debe tratarse de una obra original

2.- Debe haber sido expresada por cualquier medio

Ejemplos

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza;

b) Las composiciones musicales, con o sin letra;

c) Las obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantominas y, en general, las obras teatrales;

d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;

e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas;

f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería;

g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia;

h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;

i) Los programas de ordenador.

Titulares del Derecho de Autor

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.

Sujetos de los otros Derechos de Propiedad Intelectual

– Artistas intérpretes o ejecutantes.

– Productores de fonogramas.

– Productores de grabaciones audiovisuales.

– Entidades de radiodifusión.

– Creadores de meras fotografías.

– Protección de determinadas producciones editoriales.

Nacimiento del Derecho de Autor

El autor de una obra adquiere los derechos de propiedad intelectual por el simple hecho de la creación. El depósito de la obra en el Registro dela Propiedad Intelectual, llegado el caso, tiene carácter potestativo y posee meros efectos probatorios.

Contenido del Derecho de Autor

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y  patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación, sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley de Propiedad Intelectual.

Derechos morales

En virtud de este derecho moral de autor, corresponden al creador –en exclusiva- las siguientes facultades:

1) Decidir si la obra ha de ser divulgada y en qué forma;

2) Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente;

3) Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra;

4) Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación;

5) Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural;

6) Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de los derechos de explotación;

7) Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.

Estos derechos morales son intransmisibles.

Derechos patrimoniales

–      Derechos relacionados con la explotación de la obra o prestación protegida

  • Derechos exclusivos: aquellos que permiten a su titular autorizar o prohibir los actos de explotación de su obra o prestación protegida por el usuario, y a exigir de este una retribución a cambio de la autorización que le conceda.
  • Los derechos de remuneración: no facultan a su titular a autorizar o prohibir los actos de explotación de su obra o prestación protegida por el usuario, aunque si obligan a este al pago de una cantidad dineraria por los actos de explotación que realice, cantidad esta que es determinada, bien por la ley o en su defecto por las tarifas generales de las entidades de gestión.

– Derechos compensatorios, como el derecho por copia privada que compensa los derechos de propiedad intelectual dejados de percibir por razón de las reproducciones de las obras o prestaciones protegidas para uso exclusivamente privado del copista.

Reproducción de Obras Protegidas

Exige el previo consentimiento del titular de los derechos de explotación, sea el titular de los derechos de explotación el autor original de la obra, o un tercero a quien aquél se los haya transmitido. El consentimiento del titular de los derechos de autor para la utilización de sus obras deberá formalizarse a través de un contrato de cesión.

El Derecho de Cita

Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. No requiere de consentimiento del autor o titular de los derechos de explotación de la obra citada.

Condiciones de la cita

–       Recaer siempre sobre obras ya divulgadas, la cita de obras inéditas exige siempre el consentimiento del autor.

–       Recaer siempre sobre fragmentos de la obra ajena, la reproducción íntegra de una obra no se considera cita.

–       La cita debe ir siempre acompañada de la fuente y del nombre del autor de la obra citada.

–       Sólo puede realizarse para el análisis, comentario o juicio crítico del texto citado, y a los solos fines de docencia e investigación.

Obras de Dominio Público

Los derechos de explotación de la obra no tienen carácter indefinido, estando limitados temporalmente a la vida del autor y los setenta años posteriores a su muerte. Transcurrido este período, la obra pasa a integrar el dominio público. Así mismo, no son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores.

La Copia Privada

Es un límite al derecho de reproducción que ostentan los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las obras y prestaciones protegidas.
Este límite permite que determinadas obras divulgadas a la cual haya tenido acceso legal una persona física pueda ser reproducida por esta, siempre que la copia que obtenga no sea utilizada de forma colectiva, ni lucrativa.

En España la obligación del pago de la compensación por copia privada corresponde a los fabricantes e importadores de equipos y soportes idóneos para la reproducción de obras, que vayan a destinarlos a la distribución comercial o utilización dentro del territorio español. Además de los anteriores sujetos obligados al pago, los sucesivos adquirentes en la cadena de distribución que no sean considerados consumidores finales o usuarios de los equipos y soportes, son considerados responsables solidarios del pago de la compensación.

El Registro de Propiedad Intelectual

Al protegerse la obra por el sólo hecho de su creación, la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual es voluntaria. Es conveniente, sin embargo, indicar la reserva de derechos y el símbolo ©, en el caso de una obra o prestación o, si se trata de fonogramas el símbolo ®.

 

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Patentes Marcas y Propiedad Industrial


Propiedad Industrial

Derechos de exclusiva sobre determinadas creaciones inmateriales que se protegen como verdaderos derechos de propiedad.

Tipos

– Marcas y Nombres Comerciales (Signos Distintivos): protegen combinaciones gráficas y/o denominativas que ayudan a distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros similares ofertados por otros agentes económicos.

– Patentes y modelos de utilidad: protegen invenciones consistentes en productos y procedimientos susceptibles de reproducción y reiteración con fines industriales

– Topografías de semiconductores: protegen el (esquema de) trazado de las distintas capas y elementos que componen un circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, es decir, lo que en definitiva constituye su “topografía”.

Registro de Marca, Patente o Diseño Industrial

El registro de los derechos de Propiedad Industrial no es obligatorio pero sí recomendable, ya que el nacimiento del derecho exclusivo sobre los mismos nace del registro válidamente efectuado.

El Boletín Oficial de Propiedad Industrial

Boletín de publicación diaria realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, y que constituye el medio de comunicación oficial de los actos administrativos (solicitudes, notificaciones y resoluciones) de las distintas modalidades de propiedad industrial.

Tiempo de concesión

– Patentes, alrededor de 30 meses

– Modelos de utilidad, aproximadamente 10 meses

– Signos distintivos, unos 8 meses

– Diseños industriales, 6-10 meses

Efectos en el extranjero del Derecho de Propiedad Industrial concecido en España

Los derechos de Propiedad Industrial son territoriales, lo que significa que sólo se tiene la protección en el territorio del país o países en los que se hubiera registrado.

Para proteger los derechos de propiedad industrial en el extranjero sería necesario ir a cada uno de los países donde quiere obtenerse la protección. Existen acuerdos y tratados internacionales que facilitan las solicitudes y las concesiones de derechos de propiedad industrial con efectos a nivel comunitario o internacional:

– Marca Comunitaria

– Marca Internacional

– Patente Europea

– Solicitud de Patente Internacional PCT

– Diseños Comunitarios

– Diseños Internacionales

Precio de los Derechos de Propiedad Industrial

El coste varía según la modalidad de que se trate y de forma muy general puede decirse que:

– Una marca nacional cuesta alrededor de 150 € una sola clase y 400€ tres clases. Las renovaciones son cada 10 años y el importe 150€.

– Diseño de 90 a 290€ según el nº de diseños que se protejan en las misma solicitud. Las renovaciones son cada 5 años por alrededor de 95 €.

– Las patentes nacionales cuestan entre 700-1200 € según se solicite o no examen previo. Las anualidades aumentan cada año y oscilan entre los 22€ de la 3ª anualidad a los 620€ de la 20ª anualidad.

En el caso de las patentes es importante tener en cuenta que las tasas son iguales para todas las solicitudes, independientemente de cuál sea su temática.

Duración de la protección del Derecho de Propiedad Industrial

Los derechos de propiedad industrial se mantienen en vigor, siempre y cuando se realice el pago de las anualidades y tasas de renovación correspondientes, dentro de los siguientes plazos:

– Patentes. Un máximo de 20 años desde la fecha de solicitud. Sólo en el caso de las patentes de productos farmacéuticos y fitosanitarios es posible solicitar lo que se conoce como Certificado Complementario de Protección (CCP), que extiende, por un periodo máximo de cinco años, la protección de la patente una vez haya caducado.

– Diseños. Un máximo de 25 años.

– Signos distintivos. Pueden mantenerse indefinidamente mediante la oportuna renovación.

Una vez transcurridos los plazos indicados las invenciones son de dominio público y cualquier persona puede utilizarlas libremente. Es importante señalar que las patentes y los diseños industriales no pueden “renovarse” indefinidamente como sucede en la marcas.

El Diseño Industrial

En el ámbito dela Propiedad Industrial se entiende por diseño industrial la apariencia u ornamentación de un producto, que hacen que visualmente sea diferente a otro sin tener en cuenta ninguna de sus características técnicas o funcionales. Ejm.  Forma de producto, adornos, etc.

No Patentable

De acuerdo con el art. 4 y el art. 5 dela Ley no son patentables:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.

d) Las formas de presentar información.

e) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Si bien serán patentables los productos, especialmente las sustancias o composiciones y las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

f) Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.

g) Los procedimientos de clonación de seres humanos.

h) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.

i) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

j) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

k) Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o una raza animal determinada.

l) Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

m) El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

Lo dispuesto en el apartado l) no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.

En relación con el apartado m) un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aún en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

Las obras literarias y artísticas y cualesquiera otras obras de carácter intelectual pueden depositarse en el Registro de Propiedad Intelectual.

 

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Administración de Sociedades Anónimas y Limitadas


Posibilidades

A) Un administrador único.

B) Varios administradores solidarios. El poder de representación corresponde a cada uno de ellos, pudiendo ejercitar facultades, actos de gestión, representar a la sociedad, en juicio y fuera de él, sin perjuicio de las disposiciones estatutarias o de los acuerdos dela Junta sobre distribución de facultades, que tendrán un alcance meramente interno.

C) Varios administradores mancomunados o conjuntos. Como su nombre indica, deben actuar juntos. Pueden ser más de dos, sin tener que constituirse en consejo de administración para ello.

El poder de representación para actuar corresponderá al menos dos de ellos, conforme a lo establecido en los Estatutos sociales.

D) Un Consejo de Administración. Conforme se deduce del artículo 109 del RRM, el mismo debe contar con un Presidente y un secretario, pudiendo designarse además, uno o varios vicepresidentes y/o vicesecretarios.

El Consejo estará integrado necesariamente por un mínimo de 3 y un máximo de 12 miembros.

El poder de representación corresponde al propio Consejo, que actuará colegiadamente. No obstante, los estatutos podrán atribuir, además, el poder de representación a uno o varios miembros del Consejo a título individual o conjunto.

Además el Consejo, mediante el acuerdo de delegación, puede nombrar una Comisión Ejecutiva o uno o varios consejeros delegados, indicando en este caso el régimen de su actuación.

Los estatutos establecerán el régimen de organización y funcionamiento del Consejo que deberá comprender las reglas de convocatoria y constitución del órgano, así como el modo de deliberar y adoptar acuerdos por mayoría.

Nombramiento de los administradores

La Junta General de socios tiene atribuida en exclusividad la competencia para nombrar y separar a los administradores. El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el momento de su aceptación.

Salvo disposición contraria de los estatutos, para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio.

Duración

Los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, salvo que los estatutos establezcan un plazo determinado, en cuyo caso podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración.

Cuando los estatutos establezcan plazo determinado, el nombramiento caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado Junta General o haya transcurrido el plazo para la celebración dela Junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.

Ámbito de representación

La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos.

Cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros.

Prohibiciones

Los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social, salvo autorización expresa de la sociedad, mediante acuerdo dela Junta General.El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos establezcan lo contrario, determinando el sistema de retribución.

Cuando la retribución tenga como base una participación en los beneficios, los estatutos determinarán concretamente la participación, que en ningún caso podrá ser superior al diez por ciento de los beneficios repartibles entre los socios.

 

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Requisitos del administrador concursal


Como se comentó en su día, el pasado 11 de octubre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de Reforma de la Ley 22/03, de 9 de julio, Concursal.   Entre las numerosas modificaciones que contiene, se encuentra la que afecta al Art. 27 de dicha Ley, sobre las condiciones subjetivas para el nombramiento de Administradores Concursales.

La nueva redacción del artículo introduce muchas novedades, pero  es de interés resaltar la relativa a la formación de la Lista de Administradores Concursales por parte de los diferentes colegios de abogados, pues ahora el Letrado que pretenda la inclusión en dicha lista, debe cumplir los siguientes requisitos obligatorios, que vienen regulados en el Artº. 27.1.1º de la Ley Concursal, y que son:

 

Artículo 27.

Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales.

1. La administración concursal estará integrada por un único miembro, que deberá reunir alguna de las siguientes condiciones:

1.º Ser abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional efectiva en el ejercicio de la abogacía, que hubiera acreditado formación especializada en Derecho Concursal.

2.º Ser economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años de experiencia profesional, con especialización demostrable en el ámbito concursal.

También podrá designarse a una persona jurídica en la que se integre, al menos, un abogado en ejercicio y un economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, y que garantice la debida independencia y dedicación en el desarrollo de las funciones de administración concursal.

De esta forma, la solicitud dirigida al Colegio de Abogados que corresponda, habrá de acompañarse necesariamente la documentación acreditativa de la participación en cursos, conferencias, y máster sobre Derecho Concursal. La Ley permite además facilitar información complementaria, como es la experiencia como administrador concursal o auxiliar delegado en otros concursos, así como de otros conocimientos o formación especial que pueda ser relevante a los efectos de su función, no siendo necesaria la acreditación documental de estos extremos, que se facilitan bajo la responsabilidad del solicitante.

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Reforma Ley Concursal


Ley 38/2011, de 10 de Octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal.

La nueva Ley Concursal nace con el objetivo de dotar al concurso de una mayor seguridad jurídica, aportando garantías para equilibrar  la viabilidad de la empresa y la garantía judicial, simplificando diferentes trámites procesales.

– NOVEDADES QUE INTRODUCE LA REFORMA LEY CONCURSAL

Alternativas al concurso: como institutos preconcursales,  suspensión de la ejecución cuando se notifica la negociación con los acreedores, u homologación judicial del acuerdo.

– Agilizar la solución de insolvencia en el tiempo, simplicando procedimientos: anticipación de la liquidación, tramitación más rápida, mejora del régimen de la publicidad registral del concurso.

– Solución conservativa del concurso: posibilidad de modificaciones estructurales.

Mayor profesionalización de los administradores del c0ncurso.: aumento de funciones, responsabilidad, requisitos, etc.

Con carácter general, la norma entrará en vigor el día 1 de Enero de 2.012, si bien, los Arts. 5 bis, 15, 71.6 y 7, 84.2 y 11, y 96.1, alcanzaron su vigencia el día 12 de Octubre de 2.011.

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La cláusula suelo en los préstamos hipotecarios


Clausula sueloLa cláusula suelo (Floor) y techo (Cap) en los préstamos hipotecarios es un tema actual y polémico.

En síntesis, el préstamo hipotecario que contempla un suelo, establece un tope mínimo a abonar cada mensualidad, impidiendo el aprovechamiento de las bajadas del Euribor. La cláusula suelo aparece siempre en hipotecas con tipo de interés variable, esto es, en la que el tipo de interés consiste en el Euribor más un diferencial. De este modo, si la suma del Euribor más el diferencial es menor al interés suelo, la entidad procederá al cobro del interés suelo. Pero si por el contrario, la suma del Euribor y el diferencial es superior al interés suelo, la entidad cobra el Euribor más el diferencial. Ello reduce los riesgos para la entidad bancaria que ganará en cualquiera de los casos.

El mismo sistema opera en la cláusula techo, sin embargo, las posibilidades de repentinas y considerables subidas en el Euribor son muy inferiores a las posibilidades de bajadas, al menos teniendo en cuenta las tenencias de los mercados durante los últimos años. Por tanto, la elección del Euribor es la que menos favorece a los particulares contratantes con las entidades financieras, ya es el índice que tiene más riesgos.

De este modo, las cláusulas suelo y techo se nos presentan como condiciones generales de la contratación, ya que contienen elementos característicos de éstas como la predisposición por la entidad bancaria. Para ser abusivas deben ser no negociadas, tener mala fe e imponer un desequilibrio entre las partes. También pueden ser abusivas por la desproporción entre el suelo y el techo o por  no contemplar alguno de estos extremos. La cláusula suelo no es nula como tal, sino que es nula en relación con la desproporción que recoja. Y no es nula porque es una materia reglada, admitida y regulada.

En los últimos meses son miles las personas que ante la negativa de su entidad bancaria a eliminar las cláusula suelo de su hipoteca, han acudido a los tribunales a defender sus derechos, con resultados más que satisfactorios.

No se le presume el mismo conocimiento sobre el contrato a un particular sin relación alguna con las finanzas, que a un empresario dedicado a las mismas. Es resaltable a este respecto la obligación de información que tiene el notario interviniente. Como acto nulo no prescribe, ahora bien, declarada nula una cláusula el contrato no deviene nulo, sino que habrá que integrarlo.

El préstamo hipotecario cumple además diferentes funciones, como contrato, como préstamo financiero y como instrumento financiero.

Diferente instrumento financiero son los SWAPS o contratos de permuta financiera, los cuales son transmisibles como productos financieros que son. Dos sentencias de los últimos meses han declarados éstos instrumentos condiciones generales de la contratación. Además, si la permuta está vinculada a un préstamo hipotecario, el Banco de España es el competente para reclamar sobre la transparencia, pero el Banco de España es favorable a las cláusulas de permuta. Antes hay que reclamar en el Banco particular.

Las últimas sentencias referidas a éstas prácticas financieras han ido perfilando los límites de la nulidad de las mismas. Así, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de León de 11 de Marzo de 2.011, acotan su validez en “que el techo no sea, en todo caso, mayor de 12%”. 

La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Bilbao de 21 de Diciembre de 2010, declara nula por abusiva la cláusula que tiene suelo pero no techo.

Pero sin duda, la más relevantes de las sentencias al respecto, es la del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla de Octubre de 2010, en la que se señala “Declaro la nulidad, por abusivas, de las denominadas ‘cláusulas de suelo’ en los préstamos hipotecarios a interés variable con consumidores (…), dado el desfase apreciado de las mismas en relación a las cláusulas techo que las acompañan”. “El tope máximo es tan alto que estadísticamente nunca se va a dar”, concluye el juez.

En dicha sentencia se considera además el carácter unilateral de dichas cláusulas, al señalar  que son “impuestas” por las entidades bancarias al usuario, quien “debe aceptarlas y adherirse a ellas si quiere el servicio” dentro de las cláusulas generales del préstamo hipotecario, por lo que “no hay una negociación generalizada“, sino que nacen de “actuaciones unilaterales de las entidades bancarias en función de diversos criterios de su absoluta discrecionalidad frutos de su política de captación de clientes”.

A este respecto, fuentes del sector han explicado que las denominadas cláusulas de suelo y techo están admitidas y reguladas por la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 de transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, que sólo exige que se informe de ellas a los prestatarios. Por su parte del Banco de España, remitido el pasado mes de mayo al Senado, concluye que las cláusulas que limitan la variación de los tipos de interés son condición esencial del contrato, al formar parte del precio, que es la estipulación más importante del préstamo, favoreciendo la estabilidad financiera  y siendo positivas desde el punto de vista del coste medio para los clientes.

Cabe concluir que la cifra del suelo y del techo se deben ir conformando por la jurisprudencia. Actualmente existe una iniciativa legislativa en el congreso que contempla la ilegalidad de la cláusula cuando entre el suelo y el techo haya más de 4 puntos.

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Abogados Babi Calzado, S. C.

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