Sobreprecio en arrendamiento y venta de vivienda protegida
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Sobreprecio en arrendamiento y venta de vivienda protegida


Los propietarios de viviendas protegidas, tienen limitada la facultad de disposición sobre la misma durante el periodo de protección. Así, aunque sea una práctica extendida, existe una prohibición de sobreprecio en arrendamiento y venta de vivienda protegida.

Pese a la dispersión normativa en la materia, ya que es una materia cedida a las Comunidades Autónomas, la mayoría tienen este patrón común que pretende evitar un enriquecimiento injusto por parte de los adjudicatarios de las VPO.

De este modo, cada Comunidad Autónoma, suele legislar un Plan de vivienda para una duración de unos cuatro años, donde se concretan y actualizan las cuantías máximas tasadas normativamente para el arrendamiento y venta de la vivienda protegida. Estas cuantías aparecerán desglosadas para alquiler y venta, así como en función de la categoría otorgada la vivienda protegida, estableciéndose un precio por metro cuadrado útil. Los garajes y trasteros suelen aparecer con una cuantía diferenciada de la correspondiente a la vivienda.

 

Prohibición de sobreprecio en arrendamiento y venta de vivienda protegida

La superación del precio establecido por la normativa de aplicación se encuentra taxativamente prohibido. Así lo establece la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en su Disposición Adicional Primera,  considerando nulas las cláusulas que fijen rentas superiores a las máximas autorizadas en la normativa aplicable para las viviendas de protección oficial.

Ejemplo. En la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo de la Junta de Andalucía, se dispone en su Artículo 6:

1. Durante el período legal de protección, cualquier acto de disposición, arrendamiento o adquisición de las viviendas protegidas estará sujeto a un precio o renta máximos que serán fijados para cada ámbito territorial en los correspondientes planes de vivienda y suelo.

2. Queda prohibida la percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer a quien compre o sea arrendatario de una vivienda protegida, sin que pueda justificarse la misma por mejoras u obras complementarias al proyecto aprobado.

 

Según se expone en dicho artículo, además de la limitación del precio o renta, se encuentran igualmente prohibidas cualquier contraprestación con origen en el precio de venta o renta de arrendamiento que supere la cuantía legalmente prevista, con idea de que no pueda camuflarse el sobreprecio bajo cualquier otro concepto.

Igualmente, las obras y mejoras realizadas en la vivienda protegida, quedarán en beneficio de la misma, no pudiendo ser objeto de reclamación.

 

¿Qué ocurre si en mi contrato existe una cláusula de sobreprecio?

Como hemos comentado, hay que acudir a la normativa autonómica de aplicación, pero, sin perjuicio de lo que dispuesto en la misma, la cláusula será considerada nula.

Tomemos como ejemplo el artículo anterior de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo de la Junta de Andalucía. El él se cita:

3.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, serán nulas las cláusulas o estipulaciones que establezcan precios superiores a los máximos autorizados en la normativa aplicable, debiendo entenderse tales estipulaciones hechas al precio o renta máximos legales que resulten de aplicación.”

 

Además de la normativa autonómica, será de aplicación el Artículo 6.3 del Código Civil que establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a las normas prohibitivas, y el artículo 1.255, que establece la libertad de pactos y cláusulas entre los contratantes, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.

 

¿Qué consecuencias tiene la nulidad de la cláusula que establece el sobreprecio?

Según dispone el Art. 1.303 del Código Civil, declarada la nulidad, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, esto es, el precio junto con sus intereses.

En consecuencia, la declaración de nulidad de la cláusula relativa al sobreprecio de arrendamiento o compraventa de vivienda protegida, conllevará la devolución por el arrendatario de las cantidades cobradas en exceso, por encima del precio fijado legalmente, con intereses, y la inaplicación de la cláusula en el futuro.

 

Sanciones

Sin perjuicio de la reclamación del comprador o arrendatario de vivienda protegida, respecto del vendedor o arrendador, por el sobreprecio indebidamente abonado, la Administrador podrá sancionar al titular de la vivienda protegida.

Así, el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de Octubre, sobre Política de Vivienda, en su artículo 57 contempla la sanciones por el incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones en materia de vivienda protegida. En él se establece una sanción mínima de cinco veces la diferencia entre el precio percibido y el precio legal, para los casos de compraventa, y del doble de dicha diferencia, para los casos de arrendamiento.

 

¿Qué dicen los Tribunales?

Pese a haber sido un tema controvertido hasta la declaración de nulidad introducida por la Disposición Adicional Primera de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con dicho cambio normativo se asentó de manera definitiva el criterio de la nulidad de las cláusulas de sobreprecio del arrendamientos y ventas de viviendas protegidas, siendo en la actualidad indiscutido.

Sirva como ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 2.011, la cual, citando resoluciones similares del Alto Tribunal, concluye: “La cláusula es nula y obliga a las partes a acomodar la renta a las previsiones contenidas en la propia Disposición Adicional, con devolución de lo pagado en exceso”.

 

Si tiene cualquier duda legal en relación con esta entrada, no dude en contactar con nosotros.

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Declaración de nulidad de los intereses de demora de la hipoteca por el juez


El 21 de Enero de 2015, ha sido dictada Sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos acumulador C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, donde se establece que los jueces españoles podrán siempre considerar abusivas, y declarar su nulidad, dejándola sin aplicación, de aquellas cláusulas incluidas en una hipoteca que establezcan intereses de demora excesivos.

El asunto sobre el que resuelve el TJUE tiene su origen en unos procedimientos de desahucio instados por UNICAJA BANCO, S.A. y CAIXABANK, S.A., seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 Marchena (Sevilla). El juez encargado del asunto planteó la cuestión acerca de si la normativa española era compatible con la normativa comunitaria en lo relativo al carácter abusivo de la cláusula sobre intereses de demora en los préstamos hipotecarios.

Los intereses de demora de los préstamos hipotecarios estudiados ascendían a 18%, ampliable en determinados supuestos al 25%, en el primer préstamo hipotecario, y a 22,5%, en el segundo.

Teniendo previstos ambos préstamos hipotecarios cláusulas de vencimiento anticipado, producido el impago de la cuotas, los Bancos exigieron el total de la deuda, esto es, el capital prestado, más los intereses, intereses de demora, costas, gastos y comisiones.

Plantea el Juez, si el Art. 6.1 de la Directiva 93/13, puede ser compatible con lo dispuesto en la Ley 1/2013, fundamentalmente con su art. 3.2 (mediante el cual se modificó el Art. 114 de la Ley Hipotecaria.

 

Pasemos pues al estudio de ambos preceptos:

Dispone el referido Art. 6.1 de la Directiva 93/13:

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»

 

Por su parte, el citado Art. 3.1 de la Ley 1/2013, establece:

«Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago.
Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»

 

Pues bien, entiende el STJUE que la obligación de respetar el límite máximo del tipo de interés de demora no impide en absoluto que el juez pueda considerar que una cláusula por la que se establecen dichos intereses tiene carácter abusivo”.

De este modo, especifica la Sentencia que el juez español que esté conociendo de un procedimiento en el que se discuta la abusividad de los intereses moratorios, podrá declarar su nulidad con independencia que estos no superen el límite de establecido de ser superior a tres veces el interés de dinero. Ello significa, que pese a que en un préstamo hipotecario se establezca un tipo de interés de demora inferior a tres veces el interés del dinero, puede ser declarado igualmente abusivo conforme a la Directiva 93/13.

En estos casos, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración. (Auto Sebestyén, C‑342/13, EU:C:2014:1857, apartado 29).

Podemos concluir que la declaración de nulidad de los intereses de demora en la hipoteca por el juez, no queda vinculada al cumplimiento del requisito de no superara el límite de tres veces el interés legal del dinero, pudiendo declararse su abusividad por otros factores y circunstancias.

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Resolución de contrato de compraventa de vivienda por retraso en la entrega


En los últimos años son muchas las personas que tras firmar un contrato de compraventa de vivienda con la promotora inmobiliaria, ven como la construcción de dicha vivienda se paraliza o retrasa en exceso, llegando incluso a la paralización definitiva de las obras. Entre los diferentes motivos que suelen darse están la falta de financiación para continuar con la promoción, la falta de obtención de licencias o la declaración de concurso de acreedores de la empresa promotora.

 

Requisitos para que la acción resolutoria pueda prosperar, se encuentran los siguientes:

– Existencia de un vínculo contractual vigente entre quienes lo concertaron, esto es, en contrato de compraventa de vivienda.

– Reciprocidad de las prestaciones estipuladas en los mismos, lo cual se corresponde con la entrega de la vivienda en las condiciones acordadas en el contrato de compraventa por parte del vendedor, y el abono del precio por parte del cliente.

Incumplimiento de la empresa de las obligaciones que le incumben, identificado con la falta de entrega de la vivienda en el plazo establecido.

– Que semejante resultado se haya producido como consecuencia de una voluntad rebelde de la promotora, y que aquí se plasma o traduce en la demora inexcusable de la entrega del objeto de compraventa.

– Que quien ejercite esta acción, no haya incumplido las obligaciones que le concernían, salvo, si ello ocurriera como consecuencia del incumplimiento anterior del otro, pues la conducta de éste es la que motiva el derecho de resolución de su adversario y le libera del compromiso. Esto es, que el cliente haya cumplido con su parte del contrato, es decir, con el abono de las cantidades previstas en el mismo.

El Art. 1.124 del Código Civil, regulada la facultad resolutoria de las obligaciones recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe. Dicho artículo faculta al perjudicado, en este caso el cliente comprador de la vivienda, a escoger entre exigir el cumplimiento (finalización de las obras y entrega de la vivienda) o la resolución de la obligación (devolución de la vivienda al promotor y del dinero aportado al cliente), con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.

De este modo, el la Doctrina constante del Tribunal Supremo contempla la resolución de la compraventa como procedente cuando el retraso culpable es desorbitado o cualificado, grave o intolerable u obstativo, esto es, insatisfactorio de interés del comprador o frustrante de las legítimas expectativas de alcanzar el fin perseguido por el vínculo contractual.

La doctrina más reciente del Alto Tribunal, para el supuesto de resolución contractual, viene prescindiendo de la actitud dolosa del incumplidor a la que venía haciendo referencia la jurisprudencia anterior ya superada. Es suficiente, por tanto, que se frustre el fin del contrato para la contraparte, que haya un incumplimiento inequívoco y objetivo, siendo aconsejable la resolución en los casos que concurran el incumplimiento prolongado, duradero, injustificado o quede frustrado el fin económico

Así ha determinado el TS mediante Sentencia de 6 de Febrero de 2014, donde  se resalta el carácter esencial de la fecha de entrega respecto del contrato de compraventa, no siendo justificable el retraso por la falta de licencia de primera ocupación, ya que la obtención de la misma incumbe al vendedor de la vivienda:

cabe atribuir eficacia o valor resolutorio a todo incumplimiento del vendedor que prive sustancialmente al comprador del derecho a disfrutar la cosa, por cuanto que su entrega en tiempo, lugar y forma y en condiciones para ser usada con arreglo a su naturaleza constituye la obligación esencial y más característica del vendedor, y que, incumbiendo a la promotora vendedora gestionar y obtener la licencia de primera ocupación.”

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Calcular indemnización por accidente de tráfico


 Desgraciadamente, son muchas las personas que han sufrido lesiones físicas y psíquicas como consecuencia de un accidente de tráfico. Para la restitución integral de todos los daños padecidos por el accidente, el Art. 1 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor establece su indemnización. Dicha norma, establece en su anexo se establece un “sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación“, cuyas cuantías se actualizan anualmente por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (ver Baremo accidentes de tráfico 2014).

A continuación, veremos cómo calcular indemnización por accidente de tráfico.

 El Baremo se divide en cinco tablas donde se  establecen los distintos daños y perjuicios a indemnizar, y sus correspondientes cuantías:

–         Tabla I: Indemnizaciones básicas por muerte (incluidos daños morales)

–         Tabla II: Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por muerte

–         Tabla III: Indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales)

–         Tabla IV: Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes

–         Tabla V: Indemnizaciones por incapacidad temporal (compatibles con otras indemnizaciones)

 Así, la Tabla I y II establecen la indemnización a los familiares del fallecido, y las Tablas III y IV las correspondientes a las lesiones permanentes, otorgando un valor concreto en dinero a cada uno de los puntos obtenidos con arreglo a la anterior tabla, siendo la valoración inversamente proporcional a la edad del perjudicado.

 La Tabla V recoge las indemnizaciones por Incapacidad Temporal, determinándose por un importe diario (variable según sea necesaria o no estancia hospitalaria) multiplicado por los días que tarden en estabilizarse  la lesiones y corregido conforme a los factores que expresa la propia tabla.  De este modo, La incapacidad temporal para un perjudicado por un siniestro de la circulación comprende el período que va desde la producción del siniestro hasta que se produce la sanidad o estabilidad lesional.

 La jurisprudencia ha ofrecido diferentes criterios sobre el concepto de estabilización lesional, como:

“días en que tarda es estabilizarse una lesión , y una lesión se estabiliza cuando sus resultados son ya constantes, firmes y permanentes, no existiendo a partir de entonces la posibilidad de mejora, motivo por el cual, si el proceso de curación sigue en curso, no cabe hablar de que la estabilización se haya producido, siendo, por otra parte, la secuela el daño o detrimento corporal que queda tras la curación y que es consecuencia de dicha lesión , de lo que se deriva que, si la lesión inicial tiene cura y se restablece, en todo o en parte, la salud o indemnidad física del perjudicado, no cabrá hablar de secuelas, concurriendo únicamente éstas cuando no sea posible una mejora o curación de las lesiones y queden unos resultados lesivos, constantes y firmes”.  (SAP Barcelona, Sec. 1ª  256/2006, de 24 de Mayo ).

“ha de considerarse como periodo de curación aquel espacio temporal necesario para obtener el restablecimiento de las lesiones sufridas o una estabilización en el curso lesional- estabilización de las lesiones – en el que a pesar de los tratamientos médicos no va a evolucionar la situación del lesionado ni es previsible que se produzca algún otro cambio o transformación” ( SAP Asturias, Sec. 7ª, 490/2010, de 15 de Noviembre ).

 La Sentencia del TS de 19 de Septiembre de 2.011 establece que la incapacidad temporal “comprende únicamente el periodo que se extiende hasta la curación o estabilización de las lesiones derivadas del siniestro, durante el cual la víctima recibió tratamiento médico.”

 Dentro de los días establecidos como incapacidad temporal, deberá establecerse el carácter impeditivo o no de los mismos. Así, los días impeditivos deben entenderse como a víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual. Los días impeditivos no deben confundirse con los días de baja laboral, aunque pueden coincidir.

 De este modo, el total de la indemnización resultará de multiplicar los días impeditivos y no impeditivos por su cantidad establecida en el Baremo (58,41.-€ y 31,43.-€ respectivamente según Baremo de accidentes de tráfico de 2014), aplicándole su correspondiente factor de corrección, y añadiéndole los puntos en que hayan resultado por las lesiones permanentes o secuelas.

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Defensor judicial


El defensor judicial

Figura de guarda que se caracteriza por su actuación provisional y transitoria, siendo su cometido representar o asistir al menor o incapaz en situaciones en que no pueden hacerlo sus progenitores, el tutor, o el curador, o cuando estos no existen.

Se nombrará un defensor judicial que represente y ampare los intereses de quienes se hallen en alguno de los siguientes

Supuestos

– Cuando en algún asunto exista un conflicto de intereses entre el incapacitado y sus representantes legales o el curador.

– Cuando el tutor, o el curador, haya sido destituido de su cargo, mientras se nombra a otra persona para desempeñarlo.

– Cuando el tutor, o el curador, haya alegado alguna causa de excusa para no seguir ejerciendo la guarda, mientras se nombra a otra persona que lo sustituya.

– Durante el proceso judicial de incapacitación, el Ministerio Fiscal actuará como defensor judicial del presunto, asumiendo su representación y defensa. En los casos en que el propio Ministerio Fiscal inicia el pleito, si el presunto incapaz no comparece a defenderse en el plazo establecido, se nombrará un defensor judicial que le represente en el juicio.

Requisitos del Defensor Judicial

Si se trata de la guarda ejercida por ambos padres, y el conflicto de intereses existe sólo con uno de ellos, corresponderá al otro representar y amparar al incapacitado por Ley, sin necesidad de que lo nombre el Juez.

En los demás casos las causas que impiden ser defensor judicial, las excusas para el ejercicio de la defensa judicial, y las obligaciones y derechos que conlleva el cargo, son las mismas que para el tutor y el curador.

Funciones

El defensor judicial tendrá las funciones que le haya asignado el Juez.

Extinción

Cuando concluya el cometido para el que fue designado, o cuando se nombre tutor o curador al incapaz tras aceptarse el cargo, según los casos.

El defensor judicial debe rendir cuentas de su gestión al Juez una vez finalizada.

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Sociedad Civil


 Sociedad Civil

Contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, para realizar una actividad empresarial en común con ánimo de repartir entre sí las ganancias.

Características

– El capital serán las aportaciones de los socios, sean dinerarias o no. No se exige un capital mínimo legal.

– Número mínimo de socios: dos. No existe número máximo.

-Persona física. Podrá tener o no personalidad jurídica propia en función de que los pactos sean públicos o secretos.

Tipos de socios:

– Socios industriales: sólo aportan a la sociedad su industria o trabajo.

– Socios.

Clases de sociedad civil
– Sociedad universal que puede ser de todos los bienes presentes o de las ganancias.
– Sociedad particular que tiene por objeto cosas determinadas, su uso, o sus frutos, o una empresa señalada, o el ejercicio de una profesión o arte.

Responsabilidad

La responsabilidad de los socios es ilimitada.

Denominación social

Puede adoptar cualquier nombre que acompañará con la expresión “Sociedad Civil” o con las siglas “S.C.P”, Sociedad Civil Particular.

Constitución

Puede hacerse mediante:

– Contrato verbal.

– Contrato privado escrito.

– Escritura Pública sólo en caso de aportaciones de bienes inmuebles, en cuyo caso deberá hacerse un inventario de éstos firmado por las partes, y que deberá unirse a la escritura.

Registro mercantil

No existe obligación de inscribirse.

Derechos y deberes del socio

Los socios deben hacer efectivas las aportaciones que se hayan comprometido a realizar, o en su caso los intereses e indemnizaciones por incumplimiento.

Los socios participan en las pérdidas y ganancias de forma proporcional a lo aportado, salvo en los casos en que haya pactos que lo modifiquen.

Administración

Los socios deciden la forma de administración: administrador único, administradores mancomunados…

Si no se estipula el modo de administración, todos los socios tienen poder para obligar a la sociedad.

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Sociedad Colectiva


La sociedad colectiva es una sociedad de tipo personalista dedicada en nombre colectivo a la explotación de su objeto social.

Características

– Capital Social: no existe mínimo legal. Las aportaciones de los socios pueden ser económicas o pueden ser en forma de trabajo.

– Número mínimo de socios: dos. No existe número máximo.

– Carácter personalista: La condición de socio es intransferible sin el consentimiento de los demás socios.

– Persona jurídica.

Tipos de socios:

– Socios industriales: los que sólo aportan trabajo personal.

– Socios capitalistas: aportan trabajo y capital.

Responsabilidad

Personal, solidaria e ilimitada de todos los socios.

Denominación social

Será el nombre de todos los socios, de algunos de ellos o de uno solo añadiendo, en estos dos últimos casos  “y Compañía” al nombre o nombres que se expresen.

Este nombre colectivo no podrá incluir el nombre de personas que no sean socios, y si se incluyera el nombre de alguien que no fuera socio, éste respondería solidariamente de las deudas de la sociedad.

Al nombre le acompañarán las siglas S. C., o S.R.C., para la sociedad colectiva.

Registro mercantil

Inscripción obligatoria.

Derechos y deberes del socio

Únicamente los socios autorizados para usar la firma social tienen poder para representar a la sociedad.

La compañía deberá abonar a los socios los gastos e indemnizarles de los perjuicios consecuencia de los negocios que realicen a nombre de la ésta.

Los socios capitalistas responderán a las pérdidas en la misma proporción a menos que, por pacto expreso, se incluya a los socios industriales. Las ganancias se repartirán entre los socios en función de la porción de intereses que tengan en la compañía, correspondiendo a los socios industriales lo mismo que al socio capitalista de menor aportación.

Además de los libros obligatorios para todo empresario, las sociedades colectivas llevarán un libro o libros de actas.

Administración de la sociedad

Todos los socios son administradores, salvo que se nombren socios gestores a alguno o algunos de los socios, en cuyo caso serán válidos los acuerdos aunque no asistan todos los socios. En caso de que algún socio gestor sea contrario a contraer alguna obligación, ésta será válida si se contrajese, pero en caso de perjuicio responderán el resto de socios. Los socios no gestores tendrán derecho a revocar el nombramiento de los que lo fueren, a ser informados de la gestión y administración y a hacer reclamaciones, pero no a intervenir en la gestión de la sociedad.

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Capitulaciones matrimoniales


Capitulaciones matrimoniales

Contrato entre los cónyuges o futuros cónyuges por el que pueden establecer los acuerdos que estimen convenientes para regir la situación económico-patrimonial de su matrimonio.

No sólo pueden establecer el régimen económico matrimonial, sino, también modificarlo o sustituirlo. También pueden constar cualesquiera otras disposiciones por las que los cónyuges quieran regir su matrimonio, siempre que dichas disposiciones no sean contrarias a la Ley, o limiten la igualdad de derechos entre los cónyuges.

Deben elevarse a escritura pública ante notario.

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Si el contenido de las capitulaciones matrimoniales afecta a bienes inmuebles deberán inscribirse en el Registro Civil, así como si uno de los cónyuges fuera comerciante, deberá hacerse lo propio en el Registro Mercantil.

Momento de otorgamiento

Las capitulaciones matrimoniales podrán otorgarse antes o en el acto de la celebración del matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales pueden volver a ser establecidas con posterioridad modificando lo inicialmente pactado.

Modificación

 Las capitulaciones matrimoniales son modificables con los requisitos:

– Deben asistir a la modificación las mismas personas que asistieron a su otorgamiento.

– Deberá hacerse en escritura pública

– Puede modificarse cualquier pacto anterior

– Debe inscribirse nuevamente en el Registro de la Propiedad, así como en el Registro Mercantil, cuando afecte a bienes inmuebles o uno de ellos sea comerciante.

– Las modificaciones no afectarán a derech0s ya adquiridos por terceros.

 

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Unión de hecho


Unión de hecho

Convivencia que se desarrolla en régimen vivencial de coexistencia diaria, estable, con permanencia temporal consolidad a lo largo de los años, practicada de forma extensa y pública.

Aspectos esenciales según la jurisprudencia

  • Su naturaleza voluntaria
  • Su carácter diferenciado y no asimilable al matrimonio.
  • El principio de igualdad entre los convivientes y la protección al más débil.

Regulación patrimonial

Se otorga gran libertad en este apartado para que los convivientes establezcan cuantos pactos y acuerdos pudieran estimar convenientes para regular los aspectos de su economía, pudiendo fijar un determinado régimen sobre los bienes de la pareja, acuerdos sobre alimentos, otorgamiento de facultad de representación sobre la otra persona u otras estipulaciones de la misma naturaleza.

Por lo general, las normas autonómicas suelen establecer previsiones de mínimos para aquellos supuestos en que los convivientes no previeran nada en este aspecto, en especial en lo que respecta a los gastos comunes y al mantenimiento de la vivienda común; así como a las deudas contraídas frente a terceras personas en relación con los mismos.

Efectos de la ruptura de la Unión de hecho:

a) Respecto a los convivientes:

– Liquidación del patrimonio generado durante la convivencia

– Derecho a eventual pensión o indemnización consecuencia de la ruptura

– El uso de la vivienda familiar

b) Respecto de los hijos comunes:

– Régimen de Guardia y custodia

– Régimen de visitas

– Pensión de alimentos

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Separación de bienes


Separación de bienes

Cada cónyuge posee el dominio y administración de los bienes que le pertenecen, haciendo suyos los frutos y las rentas.

– Contribución a las cargas del matrimonio: ambos cónyuges contribuirán proporcionalmente a sus ingresos a las cargas del matrimonio.

Pertenecen a cada cónyuges los bienes:

a) Que tuviese en el momento de contraer matrimonio

b) Los que después adquiera por cualquier título; renta del trabajo, renta de bienes, adquisiciones mediante precio, herencia o donación.

Aplicación de la separación de bienes:

– Por pacto expreso de los cónyuges

– Por capitulaciones matrimoniales en las que los cónyuges manifiestan que no desean regirse por el régimen de gananciales.

– Cuando durante el matrimonio se extinga o finalice el régimen de gananciales o el de participación

– Cuando así lo disponga el derecho del territorio o derecho foral en el que se celebra el matrimonio.

Contribución de los cónyuges a las cargas del matrimonio

Proporcionalmente a sus ingresos.

El trabajo para la casa es computado como contribución a las cargas del matrimonio y da derecho a obtener una compensación o indemnización a la extinción del régimen de separación.

Extinción

– Por Sentencia firme de nulidad, separación o divorcio.

– Por la muerte de uno de los cónyuges.

– Por otorgamiento de nuevas capitulaciones matrimoniales acordando un régimen económico matrimonial distinto

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Sociedad de gananciales


Sociedad de gananciales

Presunción de ganancialidad de los bienes existentes en el matrimonio salvo que se pruebe que pertenecen privativamente al cónyuge que corresponda.

Causas de disolución de la sociedad de gananciales:

– Por disolución del matrimonio (por muerte, declaración de fallecimiento o divorcio)

-Por Sentencia judicial que declare la nulidad del matrimonio

– Por separación judicial de los cónyuges

-Por otorgamiento de nuevas capitulaciones matrimoniales acordando un régimen económico distinto

Bienes gananciales

– Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges.

–  Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como

los gananciales.

– Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la  adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos.

–  Los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será deudora del cónyuge por el valor satisfecho.

–  Las Empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la sociedad  de gananciales por uno cualquiera de los cónyuges a expensas de los bienes comunes. Si  a la formación de la Empresa o establecimiento concurrieren capital privativo y capital  común, corresponderá al cónyuge que haya aportado y a la sociedad de gananciales, en  proporción a su aportación y entrega.

Liquidación de la sociedad de gananciales

1.- Formación de inventario

a) Activo:

– Bienes gananciales existentes en el momento de la disolución

– Importe actualizado de los bienes que hayan sido enajenados por negocio ilegal o fraudulento que no hayan sido recuperados

– Cantidades pagadas por la sociedad a cargo de un único cónyuge y créditos de los cónyuges contra la sociedad

b) Pasivo:

– Deudas pendientes a cargo de la sociedad

– Importe de los bienes privativos cuando se deba su restitución por haber sido gastados en interés de la sociedad

– Créditos de los cónyuges contra la sociedad

2.-Fase de liquidación

a) Pago de deudas de la sociedad

b) Pago a los cónyuges de los reintegros y reembolsos

c) División del haber partible

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Divorcio


Divorcio

Forma mediante la que puede disolverse el vínculo matrimonial creado por un matrimonio válidamente celebrado.

Desde el mes de Julio de 2005, en el que se produce una reforma del Código Civil, desaparece en España el sistema de causas, tanto en el divorcio como en la separación.

Tipos de procedimientos de divorcio

–         Mutuo acuerdo o consensual

La demanda podrá ser presentada por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro, a la cual deberá acompañarse el Convenio Regulador donde deberán constar los pactos alcanzados por los cónyuges sobre la Guardia y Custodia de los hijos, el régimen de visitas, Pensión compensatoria, Pensión de alimentos, uso del domicilio familiar, etc.

El Convenio Regulador deberá ser ratificado posteriormente por ambos cónyuges en sede judicial.

Este procedimiento es más sencillo y rápido que el tramitado de forma contenciosa.

–         Contencioso

Solicitado por un cónyuge sin el consentimiento del otro, por lo que no debe aportarse Convenio Regulador, siendo únicamente necesario que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio. No será necesario esperar este plazo cuando se acredite que existe un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge que solicita la separación, de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

Este procedimiento es más largo y costoso.

En determinadas circunstancias, será posible tramitar con carácter previo o simultáneo al procedimiento de divorcio, medidas provisionales destinadas a regular la situación patrimonial entre los cónyuges (cargas del matrimonio) y fundamentalmente respecto a los hijos (atribución de la Patria potestad, la guardia y custodia, Régimen de visitas y comunicaciones, Pensión de alimentos, etc.) mientras se desarrolla el procedimiento de divorcio y hasta su conclusión.

Efectos

–         Disolución del vínculo matrimonial

–         Cambio del estado civil

–         Pérdida de derechos sucesorios entre los cónyuges

–         Fin de las obligaciones derivadas directamente del matrimonio: los deberes de ayuda y fidelidad, el compromiso de velar por el interés de la familia, la obligación de prestar alimentos, etc.

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Nulidad matrimonial


Nulidad matrimonial

La nulidad matrimonial se aplica cuando el matrimonio ha tenido defectos básicos en su creación, ya sean coacción, matrimonio sin consentimiento, miedo grave o  conveniencia, entre otros.

Su efecto esencial es la declaración de inexistencia o invalidez del matrimonio contraído en su momento.

Solicitud

Pueden solicitar la nulidad los cónyuges, el Ministerio Fiscal, y cualquier persona que tenga un interés directo en el asunto.

Cuando se trate de menores de edad o sujetos no emancipados, sólo podrán solicitarla sus padres, tutores o guardadores, y el Ministerio Fiscal.

En caso de error, miedo grave o coacción sólo podrá pedir la nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el daño.

Causas:

  • Sin consentimiento.
  • Entre personas menores no emancipadas.
  • Por personas que están casadas.
  • Entre parientes en línea recta por consanguinidad o colaterales hasta el tercer grado, parientes en línea recta por adopción.
  • Por los contrayentes que han sido condenados como autores o cómplices de la muerte del cónyuge anterior de cualquiera de ellos.
  • Sin la intervención del juez, alcalde o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la presencia de los testigos.
  • El celebrado por error sobre la identidad de la persona del otro contrayente (el cónyuge resulta ser una persona distinta) o sobre aquellas cualidades personales que por su importancia han determinado la voluntad del que alega el vicio de nulidad para contraer matrimonio (por ejemplo, dio una imagen de su persona que después no se ajustó a la realidad)
  • El matrimonio se ha contraído por coacción o miedo grave.

Requisitos para declaración de nulidad:

a) Celebración de matrimonio en alguna de las formas legalmente previstas

b) Inexistencia o defecto no subsanable de los requisitos legales exigidos

c) Declaración judicial de invalidez o ineficacia con efectos retroactivos al tiempo de la celebración

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Tutela


Tutela

Se constituye judicialmente en supuestos de menores no emancipados que no se encuentran bajo la patria potestad de sus padres, incapaces, personas sometidas a patria potestad prorrogada, y menores en situación de desamparo.

El tutor tiene la obligación de educar al menor o incapaz y procurarle una formación integral, además de administrar sus bienes y representarle en todos sus actos.

Pueden ser tutores

Todas las personas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y también las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapaces, como establecen los artículos 241 y 242 del Código Civil.

No pueden ser tutores

Los condenados a una pena privativa de libertad, los que tuvieran enemistad manifiesta con el tutelado, o los excluidos expresamente por el padre o la madre en sus disposiciones testamentarias, según los artículos 243, 244 y 245 CC.

Pese a que el tutor actúa en nombre y representación del tutelado, ciertos actos del tutor necesitan autorización judicial, como pueden ser:

– Gravar o enajenar sus bienes o empresas, objetos preciosos, y valores mobiliarios.

– Intervenir en la partición de la herencia o de la cosa común.

– Realizar gastos extraordinarios en los bienes del tutelado

– Solicitar préstamos

Personas sujetas a tutela

a) Menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad

b) Incapacitados cuandola Sentenciaasí lo haya establecido

c) Sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela

d) Menores en situación de desamparo

Extinción de la tutela

  • Cuando el menor alcanza la mayoría de edad.
  • Cuando adquiere el beneficio de la mayor edad.
  • Cuando el que era titular de la patria potestad, la recupera.
  • Por fallecimiento.
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Emancipación


Emancipación

La emancipación permite que el mayor de 16 y menor de 18 años pueda disponer de su persona y de sus bienes como si fuera mayor de edad.

Como excepción se dispone que, hasta que el emancipado no alcance la mayoría de edad, no podrá pedir préstamos, gravar o transmitir bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales ni bienes de extraordinario valor (como joyas) sin el consentimiento de sus padres, o en caso de que falten ambos, del tutor que le haya sido nombrado.

Circunstancias que determinan la emancipación:

–         Mayoría de edad

–         Matrimonio del menor

–         Concesión por los que ejerzan la patria potestad

–         Concesión judicial

Efectos de la emancipación:

Permite al menor regir tanto su persona como sus bienes como si fuese mayor de edad, pero necesitará el consentimiento de sus padres o tutor para:

  • Pedir préstamos, gravar o vender bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales.
  • Disponer de bienes de extraordinario valor (como joyas). Ser defensor de los bienes de un desaparecido o representante del declarado ausente. Otorgar testamento ‘ológrafo’ (de puño y letra).
  • Aceptar por sí mismo una herencia sin beneficio de inventario (ya que no puede disponer libremente de sus bienes).
  • Pedir la partición de una herencia, ni repartir con los demás coherederos.
  • Tampoco podrá ser tutor o curador, ya que su capacidad de obrar no es completa.

En el caso de los emancipados por matrimonio, para realizar todas estas actuaciones, si su cónyuge es mayor de edad, bastará con que ambos consientan.

Si los dos son menores, necesitarán el consentimiento de los padres o quienes ostenten la representación de ambos.

Dada la relevancia y los efectos de la emancipación, siempre resulta conveniente consultar con un abogado antes de dar ningún paso legal relacionado con la misma y en función de cada caso concreto.

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Patria potestad


Patria potestad

patria potestad2

Conjunto de derechos que la ley confiere a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos no emancipados sí como el conjunto de deberes que también deben cumplir los progenitores respecto de sus hijos.

Ha de ejercerse siempre en beneficio de los hijos y entre los deberes de los padres se encuentra la obligación de estar con ellos, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, representarlos legalmente y administrar sus bienes.

Por regla general, la patria potestad se ejerce de forma conjunta por ambos progenitores, independientemente de su sexo y de si éstos se encuentren o no casados, o de forma exclusiva por uno de ellos con el consentimiento del otro.

Extinción de la patria potestad

– Muerte o declaración de fallecimiento de los padres

– Emancipación

– Adopción del hijo

– Privación a los progenitores por Sentencia judicial

Patria potestad prorrogada

En los supuestos de incapacitación de los hijos, la patria potestad no se extingue al alcanzar la mayoría de edad, sino que se prorroga hasta:

– Fallecimiento de los padres

– Adopción del incapaz

– Cese de la causa que motivó la incapacidad

– Matrimonio del incapaz

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Obligaciones Subordinadas


Definición

escalera de monedas

Las obligaciones subordinadas son productos de renta fija a largo plazo, te las vendían  como producto bancario rentable, aunque conllevan un alto riesgo y una baja liquidez. Es un producto híbrido entre la deuda y las acciones. Sirve para que las empresas (ya sean entidades financieras o no) se financien y puedan, de esa forma, tener dinero para realizar inversiones. De esta forma, cuando llega el vencimiento la empresa que captó el dinero debe devolverlo íntegramente. Además durante el plazo deberá pagar unos intereses prefijados (ya sea un tipo de interés fijo o variable anualmente similar a una hipoteca con una referencia como el Euribor más un diferencial).

Funcionamiento

La deuda subordinada tiene un vencimiento determinado, esto es,  posee una fecha de emisión y de cierre determinada (dependiendo del banco que lo emita) y sin posibilidad de rescate anticipada a la fecha final.

Si quiere Vd. disponer del dinero antes de plazo (suelen ser largos, a más de 5 años) tendrá que ponerlas a la venta como si de una acción se tratara, en este caso en un mercado secundario. De este modo, existe la posibilidad de que perdamos parte o la totalidad del capital.

El principal problema radica en que a diferencia de otros productos bancarios, existe un riesgo vinculado directamente a la solvencia de la entidad emisora. Pudiendo perder, no solo, los intereses pactados sino también el capital invertido.

Riesgos

1.- No están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), por lo que, en caso de quiebra, el Estado no debe responder ni devolver parte de la inversión a los inversores por lo que son estos los que asumen todo el riesgo en una inversión de este tipo.

2.- Dependen directamente de la solvencia de la entidad.

3.- Si el banco que las emite baja su solvencia por debajo de un nivel determinado, entra en pérdidas o no alcanza unos beneficios definidos en el contrato, el inversor se queda sin el rendimiento pactado (intereses).

4.- En caso de quiebra de la entidad, no solo pueden perder el rendimiento, sino que, los inversores de subordinadas están detrás de los bonos ordinarios o pagarés en prioridad de cobro (pueden perder el capital invertido).

5.-  Al igual que las participaciones preferentes, cotizan en el mercado SEND (Sistema Electrónico de Negociación de Deuda) donde se pueden comprar y vender entre particulares o sociedades las obligaciones subordinadas antes de su vencimiento aunque el precio de negociación puede estar por debajo de la inversión inicial.

Perfil del inversor

Las Obligaciones Subordinadas son un producto complejo con riesgos superiores a los de una cuenta o depósito tradicional , por lo que el perfil del inversor de este tipo de productos debería ser un inversor especializado y con conocimientos financieros e invertir siempre cantidades ahorradas que el cliente se pueda permitir perder, no deberían ser los ahorros necesarios para vivir, a semejanza de las inversiones en la bolsa. Siempre debemos recordar la idea de que a mayor rentabilidad de un producto, el que sea, mayor riesgo estamos asumiendo.

 

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Qué son las Participaciones Preferentes



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Definición

Las Participaciones Preferentes son  valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho de voto. Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada.

Se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido.

Como vemos por las características que tienen, se pueden definir como un producto híbrido entre la renta fija y variable, dado que no son deuda exigible al no tener vencimiento determinado como las obligaciones, pero tampoco se pueden considerar acciones al carecer de lo derechos políticos intrínsecos de las mismas.

Las Participaciones Preferentes presentan similitudes y diferencias tanto con la renta fija como con la renta variable. Por su estructura son similares a la deuda subordinada, pero a efectos contables se consideran valores representativos del capital social del emisor, que otorgan a sus titulares unos derechos diferentes de los de las acciones ordinarias (ya que carecen de derechos políticos, salvo supuestos excepcionales, y del derecho de suscripción preferente).

En España, el mercado en el que cotizan la mayoría de los valores de renta fija y las Participaciones Preferentes es AIAF.

Remuneración

El primer año  la remuneración suele ser fija y alta. A partir del segundo año, normalmente está referenciada al Euribor (u otro tipo de referencia) más un determinado diferencial. Esta remuneración está condicionada a que la entidad emisora de las Participaciones obtenga beneficios suficientes. Este tipo de productos remuneran muy por encima de los depósitos, con cifras que superan el 7 % anual.

Inconvenientes

– La entidad se reserva el derecho de suspender estas participaciones preferentes al cabo de un plazo determinado.

– El capital no está garantizado. Una vez se quiere recuperar la inversión hay que ponerlas en venta en un mercado secundario. Esto significa que su valor está sometido a cotización, por lo que cuando quieras tu dinero de vuelta puedes haber perdido una parte considerable

– El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) no cubre las inversiones realizadas en participaciones preferentes. Por tanto, si quiebra el banco, pierdes tu inversión.

– Tienen muy baja liquidez. Como son a perpetuidad, el proceso para recuperar la inversión depende de una compra-venta, así que es engorroso y puede demorarse incluso meses. Si tienes una urgencia, puede significar un problema

– Si la entidad no ha tenido beneficios ni ha pagado dividendos ese año, puede no cobrar su cupón anual.

Características:

  • No otorgan derechos políticos al inversor (voz y voto en la junta general).
  • La retribución pactada como pago de intereses se condiciona a la obtención de beneficios por parte de la sociedad emisora.
  • Son instrumentos sin vencimiento determinado o indefinido, aunque el emisor se suele reservar el derecho de cancelación a partir del quinto año.
  • En el caso de concurso de acreedores, la posición del inversor se encuentra justo delante de los accionistas si los hubiera.

Adquisición

Al cotizar en mercados organizados, la adquisición de los mismos se puede llevar a cabo, tanto en los mercados de valores  primarios como secundarios.

– Si adquirimos en el mercado primario, el coste de adquisición será el nominal de emisión.

– Si adquirimos en el mercado secundario, el coste de adquisición vendrá representado por un porcentaje sobre el nominal de emisión, en donde el nominal va a ser 100%. En el mercado secundario, se pueden adquirir participaciones a valores por debajo del nominal con relativa facilidad, como por ejemplo al 90%.

Ej. Emisión de  Participaciones Preferentes  a 1.000 euros,  y la adquiere en el mercado primario. Paga Vd. 1.000 euros por participación. Pero una vez emitidas, esta participación fluctuará su valor en función de la oferta y demanda compradora en cada momento y rara vez por encima del valor de emisión.

Rentabilidad

Una vez que la cotización está supeditada a un mercado de renta fija, se le presupone cierto grado de liquidez, pero en este caso, la liquidez es mínima. Es decir, si compra Participaciones Preferentes, es muy probable que no pueda venderlas al mismo coste de adquisición.

En la propia emisión de Participaciones Preferentes se fija la rentabilidad anual que se va a ofrecer mediante el pago de intereses periódicos. Esta rentabilidad debe ser bastante elevada por los motivos expuestos anteriormente, es decir, presentan liquidez casi nula y pueden mantenerse en cartera de manera indefinida. Para que veamos algún ejemplo concreto, en este mercado se pueden conseguir rentabilidades muy superiores a los títulos normales de renta fija.

El detalle importante sobre esta rentabilidad es la posibilidad de suspensión de pago de los intereses si se dan determinadas condiciones adversas para el emisor, como puede ser incurrir en pérdidas o afrontar nuevas inversiones que aconsejen no pagar intereses.

Fiscalidad

La consideración de los rendimientos que se obtiene es la propia de cesión de capitales a terceros, tributando al 21% por los intereses cobrados e integrando parte de la base imponible del ahorro y no sujetos a retención de IRPF o sociedades, En el caso de vender por debajo del valor de adquisición o por encima, la diferencia tributa como ganancia o pérdida patrimonial.

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Ley de Tasas Judiciales


Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Publicada en el BOE el Miércoles 21 de noviembre de 2012, y con entrada en vigor al día siguiente,la Ley de Tasas Judiciales está encontrando opiniones contrarias en todos los ámbitos dela Justicia.

NOTAS BÁSICAS

Jurisdicciones en que hay que pagar la tasa

Las tasas afectan a tres de los cinco órdenes jurisdiccionales. En concreto, a la jurisdicción Civil, a la Social(o Laboral) y ala Contencioso-Administrativa. Quedan exentas la Penal(que representa cerca de un 70 por ciento de los asuntos que ingresan en los Tribunales) y la Militar.

Procedimientos exentos

No habrá que pagar en la interposición de la demanda y presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los matrimoniales que versen exclusivamente sobre la guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores. Tampoco en la interposición de la demanda y posteriores recursos cuando se trate de procedimientos establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación dela Administración electoral; la solicitud de concurso voluntario por el deudor; la interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios; la presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere 2.000 euros. Por último, está exenta de tasas la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad dela Administración.

Momento del pago de la tasa

Depende de los casos. En líneas generales en la jurisdicción Civil y en la Contencioso-Admnistrativa se paga desde el principio, es decir, desde que se interpone el escrito de demanda, se formula del escrito de reconvención, se solicita la declaración del concurso o se interpone el recurso contencioso-administrativo, por poner algunos ejemplos. Se abonan también los recursos de apelación y casación en ambas jurisdicciones. En el orden Social es diferente: solo se abona la tasa cuando se interpone el recurso de suplicación o de casación. En este caso, el trabajador o autónomo tendrá que pagar solo un 40 por ciento de la tasa.

Cuantía de las tasas

Se componen de una cantidad fija y otra variable. La fija oscila entre los 100 euros que cuesta un procedimiento monitorio a los 1.200 de un recurso de casación ante la Sala de lo Civil o de lo Contencioso del Tribunal Supremo. La variable supone entre un 0,25 y un 0,5 por ciento de la cuantía procesal.

Quien tiene que pagar la tasa

Por primera vez se extienden las tasas a las personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos que no sean beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita porque ganan más de 1.100 euros por unidad familiar. No obstante, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita va a ser modificada en las próximas semanas, con lo que podría haber cambios tanto cuantitativos como cualitativos. Está exento de pago el Ministerio Fiscal,la Administración Generaldel Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y organismos públicos dependientes de todas ellas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Recuperación de la tasa en caso de condena en costas

La tasa ya fue incluida en costas por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal y aunque en algunos casos la tasa es recuperable vía costas, en muchos otros casos no lo es. No lo es, por ejemplo, en actuaciones procesales en las que la propia ley no prevé condena en costas; y por tanto, al no haber condena en costas, la tasa por definición no se puede repercutir legalmente. Es el caso de las apelaciones civiles y los recursos de casación, cuando son ganados por el recurrente. O en Derecho de Familia, en el que la condena en costas es infrecuente. Tampoco parece fácil la devolución de la tasa cuando la parte contraria es el Ministerio Fiscal, que no puede ser condenado en costas. Eso sí, se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio (un acuerdo fuera de los juzgados).

  Pronunciamiento del TC

Sí, lo ha hecho en varias ocasiones, siempre en relación con las de 2002, que, como se ha dicho, no afectaban a las personas físicas. Una de sus últimas resoluciones es del pasado 16 de febrero. En ella, las considera constitucionales siempre y cuando «no sean tan excesivas que, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, impidan satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia»

– Con carácter general, será el abogado o procurador del sujeto pasivo el que pague la tasa que permita los actos procesales correspondientes.

– El Secretario judicial comprobará en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no dé curso a la actuación procesal que se solicite.

– Según se indica en el Preámbulo de la norma, la tasa nace “con la finalidad básica de incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales, se establece una devolución de la cuota de la tasa, en todos los procesos objeto de la misma, cuando se alcance una terminación extrajudicial que ahorre parte de los costes de la prestación de servicios.”

Asimismo, se recuerda que la Ley37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, incorporó en el artículo 241 dela Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, un nuevo número 7 que incluye dentro de las costas la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. De esta forma, el vencimiento en un proceso y la condena en costas a la otra parte trasladarán el pago de la tasa a la parte demandada.

 

TÍTULO I

Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social

Artículo 1. Ámbito de aplicación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles.

Artículo 2. Hecho imponible de la tasa.

Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:

a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.

b) La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.

c) La interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

d) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.

e) La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo.

f) La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.

g) La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

Artículo 3. Sujeto pasivo de la tasa.

1. Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.

2. El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en especial cuando éste no resida en España y sin que sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la autoliquidación. El procurador o el abogado no tendrán responsabilidad tributaria por razón de dicho pago.

Artículo 4. Exenciones de la tasa.

1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

b) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación dela Administraciónelectoral.

c) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

d) La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

e) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 dela Ley1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

f) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad dela Administración.

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

b) El Ministerio Fiscal.

c)La Administración Generaldel Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

3. En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación.

Artículo 5. Devengo de la tasa.

1. El devengo de la tasa se produce, en el orden jurisdiccional civil, en los siguientes momentos procesales:

a) Interposición del escrito de demanda.

b) Formulación del escrito de reconvención.

c) Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.

d) Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados.

e) Presentación de demanda incidental en procesos concursales.

f) Interposición del recurso de apelación.

g) Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.

h) Interposición del recurso de casación.

i) Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.

2. En el orden contencioso-administrativo, el devengo de la tasa se produce en los siguientes momentos procesales:

a) Interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda.

b) Interposición del recurso de apelación.

c) Interposición del recurso de casación.

3. En el orden social, el devengo de la tasa se  produce en el momento de la interposición del recurso de suplicación o de casación.

Artículo 6. Base imponible de la tasa.

1. La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales.

2. Los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte imposible su determinación de acuerdo con las normas dela Ley1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se valorarán en dieciocho mil euros de cuantía a los solos efectos de establecer la base imponible de esta tasa.

3. En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas. En el caso de que alguna de las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, se aplicará a ésta la regla señalada en el apartado anterior.

 Artículo 7. Determinación de la cuota tributaria.

1. Sin perjuicio de su modificación en la forma prevista en el artículo 8, será exigible la cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determina en la siguiente tabla:

En el orden jurisdiccional civil:

Verbal

y cambiario

Ordinario

Monitorio, monitorio europeo

y demanda incidental

en el proceso concursal

Ejecución extrajudicial

y oposición

a la ejecución

de títulos judiciales

Concurso necesario

Apelación

Casación

y extraordinario por infracción procesal

150 €

300 €

100 €

200 €

200 €

800 €

1.200 €

 

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Abreviado

Ordinario

Apelación

Casación

200 €

350 €

800 €

1.200 €

 

En el orden social:

Suplicación

Casación

500 €

750 €

 

2. Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:

De

A

Tipo

%

Máximo variable

0

1.000.000 €

0,5

10.000 €

Resto

0,25

Artículo 8. Autoliquidación y pago.

1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo de este artículo.

2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.

En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

3. Si a lo largo de cualquier procedimiento se fijase una cuantía superior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste deberá presentar una declaración-liquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación del procedimiento.

Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la autoliquidación presentada y, en su caso, que se devuelva la parte de la cuota tributaria presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

4. El Secretario judicial, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución en la que se determine la cuantía definitiva, comunicará por escrito la modificación de la cuantía a la delegación dela Agencia Estatalde Administración Tributaria en cuya demarcación radique la sede del órgano judicial, a los efectos oportunos.

5. Se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de esta tasa, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, se alcance una solución extrajudicial del litigio. Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación.

6. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 20 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora.

Artículo 9. Gestión de la tasa.

1. La gestión de la tasa regulada en este artículo corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa.

Artículo 10. Bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos.

Se establece una bonificación del 10 por ciento sobre la tasa por actividad judicial para los supuestos en que se utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos que originan la exigencia de la misma y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y tribunales en los términos que establezca la ley que regula las mismas.

Artículo 11. Vinculación de la tasa.

La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones dela Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Le yde Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

 

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Paralización desahucios


El viernes 16 de noviembre de 2.012, se ha publicado el  Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. En el se contienen dos medidas claves; por un lado, la paralización durante dos años de los lanzamientos, y por otro, la creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda.

Requisitos

– Que afecten a los colectivos que no superen el nivel de rentas previsto tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que en 2012 es de 532 euros al mes, lo que representaría familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1.597 euros o los 19.164 euros anuales.

– Que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5% en los últimos cuatro años.

– Que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos.

– Que se trate de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad

 y, además, se encuentren en alguna de estas

Circunstancias

  • Ser familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación vigente.
  • Constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
  • Ser familias con algún menor de tres años.
  • Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral.
  • Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo.
  • Constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral,
  • Estar en algunos supuestos de violencia de género.

Esta norma será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de este real decreto-ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento.

Artículo 2. Acreditación.

La concurrencia de las circunstancias a que se refiere este real decreto-ley se acreditará por el deudor en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, ante el juez o el notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:

1.º Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.

2.º Ultimas tres nóminas percibidas.

3.º Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

4.º Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

5.º En caso de trabajador por cuenta propia, se aportará el certificado expedido porla Agencia Estatalde Administración Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Número de personas que habitan la vivienda:

1.º Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.

2.º Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

c) Titularidad de los bienes:

1.º Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar.

2.º Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación de este real decreto.

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