Recuperación del IVA de facturas impagadas
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Recuperación del IVA de facturas impagadas


¿Se puede recuperar el I.V.A. repercutido en facturas impagadas?

Si, es perfectamente posible y ,de hecho, es una medida prevista por la Ley para evitar los costes financieros que supone el no disponer del dinero ingresado a la Agencia Tributaria en la declaración pertinente. Y ello, porque la obligación de liquidación e ingreso existe independientemente de que la deuda se haya cobrado.

La recuperación del I.V.A. exige los siguientes

Requisitos para la recuperación del IVA de facturas impagadas

a) Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. Este plazo se cuenta desde que se efectuó la entrega de bienes o prestación de servicios, no desde la fecha de vencimiento del plazo de pago.

b) Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este Impuesto.

c) Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquella, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros.

d) Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor.

Dentro de los tres meses siguientes al transcurso del año, deberá emitir y enviar al deudor una factura rectificativa anulando el I.V.A. repercutido. Asimismo, deberá comunicar a la Agencia Tributaria en el plazo de 1 mes que ha procedido a hacer dicha rectificación en su declaración periódica del impuesto (como menor I.V.A. repercutido), reduciendo la cantidad a pagar.

Una vez recuperado el  I.V.A. repercutido en una factura impagada (generalmente por vía de compensación), la Agencia Tributaria pasará a ser acreedora del mismo frente al cliente-deudor. Por su parte, el acreedor sólo podrá continuar reclamando el importe de la base imponible, es decir, el precio del bien o servicio.

Si posteriormente se produce el cobro total o parcial de la base imponible el acreedor no deberá volver a rectificar la misma y volver a ingresar el I.V.A. salvo que el deudor sea un particular.

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Ley de Tasas Judiciales


Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Publicada en el BOE el Miércoles 21 de noviembre de 2012, y con entrada en vigor al día siguiente,la Ley de Tasas Judiciales está encontrando opiniones contrarias en todos los ámbitos dela Justicia.

NOTAS BÁSICAS

Jurisdicciones en que hay que pagar la tasa

Las tasas afectan a tres de los cinco órdenes jurisdiccionales. En concreto, a la jurisdicción Civil, a la Social(o Laboral) y ala Contencioso-Administrativa. Quedan exentas la Penal(que representa cerca de un 70 por ciento de los asuntos que ingresan en los Tribunales) y la Militar.

Procedimientos exentos

No habrá que pagar en la interposición de la demanda y presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los matrimoniales que versen exclusivamente sobre la guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores. Tampoco en la interposición de la demanda y posteriores recursos cuando se trate de procedimientos establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación dela Administración electoral; la solicitud de concurso voluntario por el deudor; la interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios; la presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere 2.000 euros. Por último, está exenta de tasas la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad dela Administración.

Momento del pago de la tasa

Depende de los casos. En líneas generales en la jurisdicción Civil y en la Contencioso-Admnistrativa se paga desde el principio, es decir, desde que se interpone el escrito de demanda, se formula del escrito de reconvención, se solicita la declaración del concurso o se interpone el recurso contencioso-administrativo, por poner algunos ejemplos. Se abonan también los recursos de apelación y casación en ambas jurisdicciones. En el orden Social es diferente: solo se abona la tasa cuando se interpone el recurso de suplicación o de casación. En este caso, el trabajador o autónomo tendrá que pagar solo un 40 por ciento de la tasa.

Cuantía de las tasas

Se componen de una cantidad fija y otra variable. La fija oscila entre los 100 euros que cuesta un procedimiento monitorio a los 1.200 de un recurso de casación ante la Sala de lo Civil o de lo Contencioso del Tribunal Supremo. La variable supone entre un 0,25 y un 0,5 por ciento de la cuantía procesal.

Quien tiene que pagar la tasa

Por primera vez se extienden las tasas a las personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos que no sean beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita porque ganan más de 1.100 euros por unidad familiar. No obstante, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita va a ser modificada en las próximas semanas, con lo que podría haber cambios tanto cuantitativos como cualitativos. Está exento de pago el Ministerio Fiscal,la Administración Generaldel Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y organismos públicos dependientes de todas ellas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Recuperación de la tasa en caso de condena en costas

La tasa ya fue incluida en costas por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal y aunque en algunos casos la tasa es recuperable vía costas, en muchos otros casos no lo es. No lo es, por ejemplo, en actuaciones procesales en las que la propia ley no prevé condena en costas; y por tanto, al no haber condena en costas, la tasa por definición no se puede repercutir legalmente. Es el caso de las apelaciones civiles y los recursos de casación, cuando son ganados por el recurrente. O en Derecho de Familia, en el que la condena en costas es infrecuente. Tampoco parece fácil la devolución de la tasa cuando la parte contraria es el Ministerio Fiscal, que no puede ser condenado en costas. Eso sí, se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio (un acuerdo fuera de los juzgados).

  Pronunciamiento del TC

Sí, lo ha hecho en varias ocasiones, siempre en relación con las de 2002, que, como se ha dicho, no afectaban a las personas físicas. Una de sus últimas resoluciones es del pasado 16 de febrero. En ella, las considera constitucionales siempre y cuando «no sean tan excesivas que, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, impidan satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia»

– Con carácter general, será el abogado o procurador del sujeto pasivo el que pague la tasa que permita los actos procesales correspondientes.

– El Secretario judicial comprobará en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no dé curso a la actuación procesal que se solicite.

– Según se indica en el Preámbulo de la norma, la tasa nace “con la finalidad básica de incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales, se establece una devolución de la cuota de la tasa, en todos los procesos objeto de la misma, cuando se alcance una terminación extrajudicial que ahorre parte de los costes de la prestación de servicios.”

Asimismo, se recuerda que la Ley37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, incorporó en el artículo 241 dela Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, un nuevo número 7 que incluye dentro de las costas la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. De esta forma, el vencimiento en un proceso y la condena en costas a la otra parte trasladarán el pago de la tasa a la parte demandada.

 

TÍTULO I

Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social

Artículo 1. Ámbito de aplicación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles.

Artículo 2. Hecho imponible de la tasa.

Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:

a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.

b) La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.

c) La interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

d) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.

e) La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo.

f) La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.

g) La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

Artículo 3. Sujeto pasivo de la tasa.

1. Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.

2. El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en especial cuando éste no resida en España y sin que sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la autoliquidación. El procurador o el abogado no tendrán responsabilidad tributaria por razón de dicho pago.

Artículo 4. Exenciones de la tasa.

1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

b) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación dela Administraciónelectoral.

c) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

d) La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

e) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 dela Ley1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

f) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad dela Administración.

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

b) El Ministerio Fiscal.

c)La Administración Generaldel Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

3. En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación.

Artículo 5. Devengo de la tasa.

1. El devengo de la tasa se produce, en el orden jurisdiccional civil, en los siguientes momentos procesales:

a) Interposición del escrito de demanda.

b) Formulación del escrito de reconvención.

c) Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.

d) Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados.

e) Presentación de demanda incidental en procesos concursales.

f) Interposición del recurso de apelación.

g) Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.

h) Interposición del recurso de casación.

i) Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.

2. En el orden contencioso-administrativo, el devengo de la tasa se produce en los siguientes momentos procesales:

a) Interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda.

b) Interposición del recurso de apelación.

c) Interposición del recurso de casación.

3. En el orden social, el devengo de la tasa se  produce en el momento de la interposición del recurso de suplicación o de casación.

Artículo 6. Base imponible de la tasa.

1. La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales.

2. Los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte imposible su determinación de acuerdo con las normas dela Ley1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se valorarán en dieciocho mil euros de cuantía a los solos efectos de establecer la base imponible de esta tasa.

3. En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas. En el caso de que alguna de las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, se aplicará a ésta la regla señalada en el apartado anterior.

 Artículo 7. Determinación de la cuota tributaria.

1. Sin perjuicio de su modificación en la forma prevista en el artículo 8, será exigible la cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determina en la siguiente tabla:

En el orden jurisdiccional civil:

Verbal

y cambiario

Ordinario

Monitorio, monitorio europeo

y demanda incidental

en el proceso concursal

Ejecución extrajudicial

y oposición

a la ejecución

de títulos judiciales

Concurso necesario

Apelación

Casación

y extraordinario por infracción procesal

150 €

300 €

100 €

200 €

200 €

800 €

1.200 €

 

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Abreviado

Ordinario

Apelación

Casación

200 €

350 €

800 €

1.200 €

 

En el orden social:

Suplicación

Casación

500 €

750 €

 

2. Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:

De

A

Tipo

%

Máximo variable

0

1.000.000 €

0,5

10.000 €

Resto

0,25

Artículo 8. Autoliquidación y pago.

1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo de este artículo.

2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.

En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

3. Si a lo largo de cualquier procedimiento se fijase una cuantía superior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste deberá presentar una declaración-liquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación del procedimiento.

Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la autoliquidación presentada y, en su caso, que se devuelva la parte de la cuota tributaria presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

4. El Secretario judicial, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución en la que se determine la cuantía definitiva, comunicará por escrito la modificación de la cuantía a la delegación dela Agencia Estatalde Administración Tributaria en cuya demarcación radique la sede del órgano judicial, a los efectos oportunos.

5. Se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de esta tasa, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, se alcance una solución extrajudicial del litigio. Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación.

6. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 20 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora.

Artículo 9. Gestión de la tasa.

1. La gestión de la tasa regulada en este artículo corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa.

Artículo 10. Bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos.

Se establece una bonificación del 10 por ciento sobre la tasa por actividad judicial para los supuestos en que se utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos que originan la exigencia de la misma y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y tribunales en los términos que establezca la ley que regula las mismas.

Artículo 11. Vinculación de la tasa.

La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones dela Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Le yde Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

 

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Paralización desahucios


El viernes 16 de noviembre de 2.012, se ha publicado el  Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. En el se contienen dos medidas claves; por un lado, la paralización durante dos años de los lanzamientos, y por otro, la creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda.

Requisitos

– Que afecten a los colectivos que no superen el nivel de rentas previsto tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que en 2012 es de 532 euros al mes, lo que representaría familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1.597 euros o los 19.164 euros anuales.

– Que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5% en los últimos cuatro años.

– Que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos.

– Que se trate de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad

 y, además, se encuentren en alguna de estas

Circunstancias

  • Ser familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación vigente.
  • Constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
  • Ser familias con algún menor de tres años.
  • Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral.
  • Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo.
  • Constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral,
  • Estar en algunos supuestos de violencia de género.

Esta norma será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de este real decreto-ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento.

Artículo 2. Acreditación.

La concurrencia de las circunstancias a que se refiere este real decreto-ley se acreditará por el deudor en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, ante el juez o el notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:

1.º Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.

2.º Ultimas tres nóminas percibidas.

3.º Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

4.º Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

5.º En caso de trabajador por cuenta propia, se aportará el certificado expedido porla Agencia Estatalde Administración Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Número de personas que habitan la vivienda:

1.º Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.

2.º Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

c) Titularidad de los bienes:

1.º Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar.

2.º Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación de este real decreto.

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Subida del IVA


El IVAIVA

El IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo. Es habitual en la Europa comunitaria, lo soporta el consumidor aunque sean los empresarios y profesionales los obligados a ingresar las cuotas del impuesto. En España se introdujo en 1986 con la entrada en la Comunidad Económica Europea. En 1992 se hizo una reforma a nivel comunitario para adaptarlo al mercado interior de la UE con la consiguiente supresión de los aranceles fronterizos. La ley fundamental que regula el tributo es la Ley 37/1992.

 

Modificaciones del IVA en España desde su introducción.

El 1 de septiembre sube el IVA, que queda de la siguiente forma: -Tipo general: sube del 18% al 21%. Es el tipo que se aplica por defecto cuando no resulta aplicable ninguno de los otros tipos. -Tipo reducido: sube del 8% al 10%. Aplicado básicamente a algunos productos alimenticios (carne, pescado y aguas) y a los productos sanitarios, transporte de viajeros, la mayoría de servicios de hostelería y la construcción de viviendas. -Tipo superreducido: se mantiene en el 4%. Aplicado a productos de alimentación, libros, periódicos (y análogos) y especialidades farmacéutica.

 

Subidas anteriores

Dos años antes, en junio de 2010, el ejecutivo encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero ya aumentó este tributo. Sus tramos quedaron así: – Tipo general: 18%. – Tipo reducido 8%. – Tipo superreducido: 4%. El gobierno de Felipe González también subió el IVA en 1995. En esta ocasión, los tramos del impuesto quedaron así: – Tipo general: 15%. – Tipo reducido: 6%. – Tipo superreducido: 3%.

 

El tipo general, a partir del 1 de septiembre de 2012.

El Gobierno ha aumentado el tipo general del IVA del 18% al 21%. Es el tipo que se aplica por defecto cuando no resulta aplicable ninguno de los otros tipos. Dentro de este tipo de IVA entran, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, los coches o los productos cosméticos.  

El tipo reducido, a partir del 1 de septiembre de 2012.

El Ejecutivo ha aumentado el IVA reducido del 8% al 10%. Se aplica a productos alimenticios (alimentos y bebidas no alcohólicas) y a los productos sanitarios (incluidas las gafas y las lentillas), así como aquello productos sanitarios de uso animal; transporte terrestre de viajeros y equipajes y aéreo y marítimo con destino a Baleares; la mayoría de servicios de hostelería y la construcción de viviendas; Entrada a cines, teatros, circos, conciertos, bibliotecas, museos, exposiciones, etc.

Productos que cambian de tipo

Estos son algunos de los productos que hasta ahora gravaban al 8% y a partir del 1 de septiembre empezarán a hacerlo al 21%:

–          Material escolar

–          Peluquería y estética

–          Teatro, música y cine

–          Coches

–          Deporte; gimnasios,  clases de deporte o alquiler de material deportivo.

El tipo superreducido.

Se queda en el 4%. No aumenta. Se aplica a los denominados bienes de primera necesidad:

– Pan y cereales para su elaboración.

– Leche, queso y huevos.

– Frutas, verduras, hortalizas, legumbres y tubérculos naturales.

– Libros, periódicos y revistas.

– Prótesis para minusválidos.

– Viviendas de protección oficial de régimen especial.  

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Delitos e infracciones en Internet


delitos informáticosEn los últimos años han ido surgiendo nuevas conductas ilícitas en Internet, con un vocabulario propio y específico. Estas acciones pueden conllevar responsabilidad de su autor, por vulnerar derechos de propiedad industrial e intelectual, además de la correspondiente responsabilidad administrativa, y en su caso, penal.

 A continuación explicamos en que consisten:

Uploading, downloading y p2p (peer to peer): descarga  de archivos mediante programas “peer to peer” o “p2p” que emplean una red para compartir entre distintos ordenadores, mediante directorios en los que se almacenan los ficheros descargados, que a su vez pasan a estar a disposición del resto delos individuos que forman parte de la red.

            La utilización de programa p2p supone compartir una parte del disco duro del equipo propio de forma que toda la información que allí resida será accesible a terceros.

            Conlleva riesgos, ya que supone la instalación de un servidor mediante el cual deberá publicar su IP, conociendo los usuarios la ubicación de su equipo y su software, además de ficheros que esconden virus o troyanos camuflados o  programas espías (spyware).

– Hacking: consiste en la interceptación dolosa de un sistema informático con el fin de dañar, obtener o difundir información que se encuentre almacenada en un ordenador ajeno.

             -Directo: consiste en el acceso sin autorización a un sistema con la única intención de vulnerar el password y sin ánimo delictivo. No aparece penado en el Código Penal.

                -Indirecto: acceso sin autorización a un sistema para cometer diferentes conductas ilícitas. Se trata de una forma delictiva.

Cracking: provocación de un daño, por ejemplo, la destrucción de datos o la denegación de un servicio a sus usuarios legítimos, habitualmente mediante la sobrecarga de los servidores con el envío masivo de mensajes generados de forma automática.

            – Cracks: sistemas cuya función es deshabilitar la protección de los software.

–  Phreaking: llevado a cabo por crackers especialistas en telefonía, rompiendo la protección de las redes públicas de telefonía para poner a prueba sus habilidades. También se dedica al fraude mediante tarjetas prepago falsas.

Spamming: correo comercial no solicitado. Envío, normalmente masivo de mensajes electrónicos no solicitados donde se oferta un producto o empresa.

            La práctica de Spam está prohibido por la Ley de Servicios dela Sociedad de la Información, art. 21, (Ley 34/2002, de 11 de Juio), y por la Ley Orgánica de Protección de Datos, 15/1999, de 13 de Diciembre.

– Scamming: comunicación no deseada que tiene implicaciones fraudulentas a través de medios telemáticos como el correo electrónico o el teléfono móvil. Se diferencia del Spam en que el Scamming no tiene carácter comercial.

Phishing: forma fraudulenta de obtención de datos, consistente en el duplicado de una página web para que el usuario crea que está visionando la página original. Suele usarse contra entidades bancarias, enviándole un correo electrónico al cliente como si fuera la propia entidad, solicitándole que actualice sus datos

– Pharming: explotación de una vulnerabilidad en el software de los servidores DNS, o realización de dicha acción delictiva en los equipos de los usuarios, lo que permite al atacante redireccionar un nombre de dominio a otra máquina distinta de la primera, de modo que el usuario al introducir el nombre de dominio que ha sido redireccionado, accede a la página web del infractor y no en la original.

– Linking: (linK: enlace): vinculación de una página web a ora distinta de la primera. Si existe consentimiento del propietario de la web de destino del enlace, no existe situación delictiva, en cambio, si no existe dicho consentimiento, se está violando el derecho sobre la propiedad intelectual del creador de la página objeto del enlace.

– Deep linking (vínculo profundo): supuesto en el que una página web remite al usuario no a la página principal de otra web, sino a una parte específica de otra web.  Si existe consentimiento del propietario de la web de destino del enlace, no existe situación delictiva, en cambio, si no existe dicho consentimiento, se está violando el derecho sobre la propiedad intelectual del creador de la página objeto del enlace.

– Spidering: infracción de los derechos de propiedad intelectual consistente en que una página web ofrezca contenidos que realmente provienen de otras páginas de las que se han ido recopilando mediante el uso de sistemas informáticos.

– Trashing: captación de información privada a través de la revisión no autorizada de la basura que se ha ido descartando por personas o empresas para su uso posterior en actividades delictivas.

– Spoofing: usurpación de la identidad de otra persona en Internet, mediante técnicas de suplantación de identidad y su posterior empleo con fines malintencionados.

– Sniffing: interceptación malintencionada de las comunicaciones que afecta a los requisitos mínimos de confidencialidad exigidos de los usuarios.

– Inlining: Inserción de un gráfico de terceros en un sitio web mediante la introducción de un enlace, mostrando la página un gráfico que en realidad no posee  y violando los derechos de reproducción y distribución de su titular.

– Framing: figura similar al linking consistente en que la web a la remite un enlace es visualizada dentro del marco de la del remitente inicial, por lo que la dirección URL no cambia  y el contenido de la web “copiada” aparece como si fuera de la propia web infractora que realiza la captación.

Se infringen de este modo los derechos de propiedad industrial de la web “copiada” al producirse una confusión de los productos y servicios de esta, con los de la web infractora.

– Metatagging: la metatag es un tipo de etiqueta formada por información sobre el contenido de la web. Puede ocurrir que se incluyan metatags de forma ilícita, sobre una marca ajena por ejemplo, sin contar con el consentimiento del titular de la misma, violando su derecho de propiedad industrial.

– Word stuffing: modalidad de metatag que hace que una o varias palabras aparezca del mismo color que el fondo de la página web, por lo que resulta inapreciable a la vista, aunque el programador de búsqueda si la encuentra. Supone una infracción si la palabra insertada es objeto de la propiedad industrial de otro sujeto.

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Participaciones Preferentes. Sentencias a favor del cliente


En los últimos días hemos podido conocer dos Sentencias estimatorias de las pretensiones de los afectados por las participaciones preferentes.images

El Juzgado número 1 de Cambados (Pontevedra) ha estimado “íntegramente” la demanda interpuesta por un afectado., frente a Novagalicia Banco, declarando “nulo” el contrato de compra de valores realizado en 2008, de forma que la entidad financiera deberá abonar 7.560 euros más los intereses al demandante.

En la Sentencia, se considera probado que el afectado “no fue debidamente informado de las características de riesgo alto y posible iliquidez que presentaba el producto en cuestión”, así como que “en ningún momento se le manifestó que el contrato suscrito tenía un vencimiento a 31 de diciembre del 2050, y que si lo hubiera sabido nunca lo hubiera firmado”.
El demandante, un empleado de almacén que según consta en la sentencia “carece de profundos conocimientos en materia financiera”. “El director de la sucursal de Dena le ofreció contratar un tipo de depósito de alta rentabilidad que le permitía disponer de su dinero en todo momento y en el que no existían riesgos”, según recoge la sentencia.
La jueza de Cambados concluye que “el cliente no fue informado de una forma directa y comprensible de las verdaderas características del producto contratado, que era de alto riesgo, y se ofertó a un cliente calificado como conservador, que nunca había realizado operaciones de esa naturaleza y que carece por completo de conocimientos mínimos en materia financiera”.
“Siendo que la posibilidad de liquidez inmediata fue determinante para que el demandante suscribiera el contrato y que al demandante se le ofertó engañosamente un producto que supuestamente alcanzaba estas condiciones, pero ello no era cierto, contribuye a alcanzar la conclusión de que hubo información no veraz en la suscripción del contrato”.

Esta sentencia, además, es firme, ya que Novagalicia hizo pública su intención de no recurrir.

La segunda sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valencia y condenaba al banco BNP Paribás España a devolver a una cliente, pensionista de 66 años, las participaciones preferentes del banco islandés Landsbanki. En la sentencia se considera “imposible que la actora, con 66 años de edad y un capital muy limitado, y cuyo único riesgo antes de contratar había sido la adquisición de las típicas «matildes» (acciones de Telefónica) y poco más, compareciera ante el director de la sucursal para decirle que quería adquirir participaciones preferentes subordinadas perpetuas”, como aducía el director de la entidad.

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Copago en medicamentos. Claves


receta medicaEl 1 de julio entran en vigor los cambios en las aportaciones de los fármacos, con la novedad de que por primera vez los pensionistas deberán pagar parte de sus medicinas

Acabará con las medicinas gratis para los jubilados y aumentará la aportación del resto de ciudadanos. También será la primera vez que los parados no tengan que pagar por sus fármacos.

Afectados.- Casi todos. No importará ser trabajador en activo o pensionista, se pagará en función de la renta. Los jubilados, que hasta la fecha no pagaban nada, abonarán el 10% de sus medicinas (con topes de gasto de 8, 18 y 60 euros mensuales). Los trabajadores activos pasarán del 40 al 50% si no superan los 100.000 euros de renta. Los que la superen, el 60%.

Personas exentas.Los parados sin subsidio de desempleo, los tratamientos por accidente de trabajo o enfermedad profesional, los afectados de síndrome tóxico, personas con discapacidad y los que reciban una renta de integración social.

Cálculo del nivel de renta de cada ciudadano.- En base a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año anterior. Si no es posible conocer este dato, se aplica el nivel inferior de renta.

Fármacos de aportación reducida.- Medicamentos de cícero o de punto negro. Todos los usuarios, excepto los exentos, abonarán el 10% del PVP con una cuantía máxima de 4,13 euros por envase. También tienen esta aportación los enfermos de VIH/sida.

Cambio del modelo de receta roja y verde.-  El modelo rojo para pensionistas y el verde para activos se sustituirá por un nuevo modelo azul (al menos en Madrid) para todos los colectivos. Los tres modelos coexistirán hasta que se acaben los talonarios.

El cobro en la Farmacia.-  En la parte superior derecha de las recetas oficiales figurará impreso un código alfanumérico que indique el tipo de aportación del usuario.

Derecho a la devolución de parte del dinero gastado.- Los pensionistas que superen el máximo gasto acordado. A los jubilados con una renta anual inferior a 18.000 euros se les reembolsará el dinero pagado en la farmacia si superan los 8 euros de gasto mensual. Por encima de los 18.000 euros de renta e inferior a 100.000 se les devolverá si superan los 18 euros de gasto al mes. Para los de mayor renta el límite es 60 euros.

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Empleados de hogar. Regulación


empleado-hogarLey 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, Disposición adicional trigésima novena, contempla la integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. El 30 de junio de 2.012 finaliza el plazo legal para inscribir a los trabajadores domésticos en la Seguridad Social dentro del Régimen General.

Afectados.-  Empleados del hogar (internos o externos, a tiempo parcial o a jornada completa, trabajadores en uno o varios hogares) que desarrollen tareas domésticas o de atención a miembros de la casa. No están incluidos los servicios de familiares o el trabajo a título de amistad.

– Obligatoriedad de contrato escrito.- El contrato debe estar formalizado por escrito y dado de alta en la Seguridad Social siempre que se extienda durante cuatro o más semanas. Si es menor, cualquiera de las partes también puede exigirlo.

– Obigatoriedad de alta del empleado con independencia del número de horas que trabaje. Posibilidad de formalización de contrato a tiempo parcial concretando la jornada laboral en caso de que el empleado trabaje días alternos, o algunas horas diarias.

– Falta de formalización del contrato.– El empleador se expone a una multa de entre 626 y 6.250 euros, según la gravedad de la infracción.

– Plazo.- Hasta el 30 de junio, entró en vigor el 1 de Enero de 2.012

Alta y documentación.

               -DNI o pasaporte del empleador y del trabajador.

              -Contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador, que recoja la duración de la jornada laboral y el sueldo del empleado. El Ministerio de Empleo pone a disposición modelos tanto para un contrato indefinido como a tiempo parcial.

             -Impresos de alta dela Seguridad Social.rellenar el modelo T6 y el modelo TA. 2/S – 0138.

            -Nº de cuenta de domiciliación de  las cotizaciones ala Seguridad Social.

            -Entregar toda la documentación en una oficina de la Seguridad Social o a través del registro electrónico.

          – Empleador obligado a dar de alta.- Si el empleado trabaja en varios hogares, cada uno de los empleadores deberá darle de alta. Y siempre antes de comenzar con la actividad laboral.

– Abono de la cotización.- La Seguridad Social cobrará al empleador el total, es decir, el 22% de la base de cotización. Luego el empleador deberá descontar de la nómina ese 3,70 correspondiente al trabajador, de manera que él solo abonará el 18,30% de la base de cotización.

Base de cotización.- Base de cotización en función de cada tramo de retribución. Un ejemplo: una persona trabaja cuatro horas a la semana y cobra diez euros la hora. La base de cotización es de 146,80; así que el empleador pagará 26,90 euros y el empleado 5,44 euros.

Tramos de cotización

1. Para un sueldo inferior a 74,83 euros al mes la base de cotización es de 90,20 €/mes

2. De 74,84 €/mes a 122,93 €/mes, la base es 98,89 €/ mes

3. D 122,94 €/mes a 171,02 €/mes, la base es 146,98 €/mes

4. De 171,03€/mes a 219,11 €/mes, la base es 195,0 €/mes

5. De 219,12€/mes a 267,20 €/mes, la base es 243,16 €/mes

6. De 267,21€/mes a 315,30€/mes, la base es 291,26€/mes

7. De 315,31€/mes a 363,40 €/mes, la base es 339,36€/mes

8. De 363,41 €/mes a 411,50 €/mes, la base es 387,46€/mes

9. De 411,51€/mes a 459,60 €/mes, la base es 435,56€/mes

10. De 459,61€/mes a 507,70 €/mes, la base es 483,66€/mes

11. De 507,71€/mes a 555,80 €/mes, la base es 531,76€/mes

12. De 555,81€/mes a 603,90 €/mes, la base es 579,86€/mes

13. De 603,91€/mes a 652,00 €/mes, la base es 627,96€/mes

14. De 652,01€/mes a 700,10 €/mes, la base es 676,06€/mes

15. De 700,11 €/mes, la base es 748,20€ mes

-Forma de pago.- Por domiciliación bancaria.

-Trabajo en varios hogares.- Cada empleador pagará a parte correspondiente a las horas trabajadas, con contratos independientes.

– Trámite. El empleado ya estaba inscrito en el Régimen Especial de Empleados del Hogar, que se extingue este 30 de junio.– Acudir a una oficina dela Seguridad Social para formalizar el cambio de régimen. De no hacerlo, a partir del 1 de julio, los trabajadores pasarán directamente al Régimen General de Trabajadores, siempre que trabaje exclusivamente para un solo empleador. Si trabaja para varios, y su situación no se ha formalizado, será un trabajador irregular.

-Empleado autónomo.Los empleados del hogar pueden ser autónomos y, por tanto, no estar adscritos al Régimen General de Trabajadores.

-El empleado no quiere formalizar su contrato.- El trabajador estaría en situación irregular y el empleador afrontaría una multa.

-Fijación de la jornada laboral, las vacaciones y los días libres.- Máximo de 40 horas semanales, aunque se puede acordar horas extra entre las partes. Las vacaciones son 30 días naturales y el empleado tiene derecho a las fiestas como el resto de trabajadores.

-Sueldo.- Se negociará entre las partes, aunque en ningún caso un trabajador a jornada completa cobrará un sueldo inferior al mínimo interprofesional, fijado actualmente en 641,40 euros, con dos pagas extraordinarias al año. Si el trabajo es a tiempo parcial o por horas, se pagará la parte proporcional, incluyendo la parte de las vacaciones y pagas extra.

-Trabajo por horas.- Calcular la parte proporcional. El precio mínimo por hora es de 5,02 euros en 2012, ya incluido la parte correspondiente de las pagas extra y de las vacaciones.

– El trabajador vive en casa.Posibilidad de descontar el sueldo, aunque el pago en especie nunca podrá ser superior al 30% del sueldo.

-Comunicación a la Seguridad Social cada vez que cambie la retribución del trabajador.- En el plazo de seis días desde que se produjo el cambio.

-Abono de  la baja por enfermedad o maternidad.Sí, como con cualquier trabajador. En caso de un empleado de varios hogares, los empleadores deberán asumir proporcionalmente la baja entre el cuarto y el octavo día de convalecencia. A partir del noveno se hace cargo la Seguridad Social.

-Cotización por desempleo.- No es necesaria, ya que los trabajadores del hogar no tienen derecho a paro. Sí tienen, no obstante, derecho a baja por enfermedad y a jubilación.

-Indemnización por despido.- Si el despido es improcedente, la indemnización es de 20 días por año trabajado hasta un límite de 12 mensualidades. Sin embargo, si el despido es objetivo, corresponden 12 días por año trabajado con un máximo de seis mensualidades. Una situación sobrevenida, como el desempleo del empleador o cambio de domicilio, también supondrá el pago de 12 días por año en caso de despido del empleado de hogar.

– Incentivo fiscal.- Durante los años 2012, 2013 y 2014, hay una deducción del 20%. Hay deducciones de hasta el 45% para familias numerosas, monoparentales o incapacitados.

 

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Ley Sinde


El 1 de Marzo del presente, entró en vigor el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento dela Comisión de Propiedad Intelectual, lo que conlleva la aplicación dela   Ley Sinde, tras más de dos años de tramitaciones.download

Veamos sus rasgos principales:

Comisión de Propiedad Intelectual

Se regula el funcionamiento dela Comisiónde Propiedad Intelectual, formada por dos Secciones:

–          Sección Primera: con funciones de mediación y arbitraje  de materias relacionadas con gestión de derecho de propiedad intelectual.

–          Sección Segunda: encargada del procedimiento del cierre de páginas web que vulneren los derechos de autor.

– Posibles denunciantes

Podrán iniciar este procedimiento “titulares de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados” o sus representantes, para cual deberán acreditar la titularidad de dichos derechos y que su obra está siendo objeto de explotación por la web denunciada. Ha de ser por tanto a instancia de parte.

– Webs afectadas

Las páginas que afecten “directa o indirectamente actúen con ánimo de lucro o hayan causado o sean susceptibles de causar un daño patrimonial al titular de derechos“.

– Notificaciones

El Reglamento establece que las notificaciones se llevarán a cabo por “medios electrónicos”, de modo que os denunciados, sean empresas o particulares, así como los prestadores de servicios de intermediación dela Sociedad de la Información, están obligados a responder utilizando el Registro Electrónico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con un certificado digital.

– Webs denunciadas

Se establece su colaboración para identificación del responsable del servicio que vulnera los derechos, en un plazo de 48 horas cuando lo ordene el juez.

Así mismo, cuando la web denunciada no retire voluntariamente los contenidos que vulneren los derechos de autor, será la operadora la que tras la Notificación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo disponga de un plazo de 72 horas para dejar sin servicio a la web infractora.

– Papel del Juez

Cuando la Sección Segunda concluya que una web vulnera los derechos de propiedad intelectual, y esta no cumpla con  el cese de dicha vulneración, de manera voluntaria y en el plazo de 24 horas, se remitirá al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, el cual dictará Auto acordando o denegando la ejecución de estas medidas.

Dictado el Auto, la web infractora dispondrá de 72 para dar cumplimiento a las medidas acordadas en el mismo.

También será  el juez quién deba autorizar que los proveedores de servicios faciliten los datos de los responsables de páginas webs que no han podido ser identificados.

– Plazo de cierre

El plazo previsto de cierre de la web infractora es de un año, si bien, una vez eliminado el contenido la sanción será levantada.

Este procedimiento mixto administrativo-judicial permite cerrar una web con material infractor de los derechos de propiedad intelectual en un periodo de entre 20 días y tres meses, y  por un plazo de un año.

Se prevé un procedimiento abreviado para los reincidentes.

– Recursos

Después de la resolución cabrá el recurso a la justicia ordinaria.

– Usuarios

No opera contra los usuarios de Internet, sino contra las páginas que vulneren la propiedad intelectual con ánimo de lucro o que causen o puedan causar un daño al patrimonio de los dueños de sus derechos.

Se confía en su efecto disuasorio

La Asociación de Internautas ha anunciado ante l Tribunal Supremo la impugnación del Reglamento, solicitando su suspensión cautelar, entendiendo que el mismo contradice diferentes Sentencias del Tribunal Supremo, así como del Tribunal Constitucional, referentes a los límites del derecho de propiedad intelectual.

– Procedimiento

1.-Admisión porla Comisión de Propiedad Intelectual, de la solicitud de retirada de los contenidos protegidos.

2.-Una vez admitidala Solicitud, se procede a la identificación del presunto infractor.

3.- Si la identificación no es posible por falta de datos, estos serán reclamados, previo auto del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo correspondiente, a los proveedores y operadoras que ofrecen la infraestructura a la web. El juez tiene cinco días para dictar ese primer Auto.

4.- Las operadoras deberán facilitar la información sobre el presunto infractor en un plazo de 48 horas.

5.- Notificación de la apertura del proceso al infractor con requerimiento para que en 48 horas sean retirados los contenidos presuntamente ilícitos.

6.-  El presunto infractor retirar o no los contendidos así como presentar alegaciones.

7.- Si el infractor no retira el contenido en esas 48 horas, el proceso entra en la fase final: dos días para alcanzar una propuesta de resolución y cinco días para que las partes presenten sus conclusiones.

8.- La resolución final se dictará «en el plazo máximo de los tres días siguientes» a esas conclusiones.

9.-  El infractor debe entonces retirar los contenidos o dejar de facilitarlos en un plazo de un día, y de no hacerlo se requerirá a los proveedores de acceso a Internet que corten el servicio a la web.

10.-  Dicho requerimiento deberá contar de nuevo con una autorización del mismo juzgado, que tendrá cinco días para dictar este segundo auto.

11.-  Las operadoras cuentan entonces con tres días para aplicar la medida. De no hacerlo, supondría una infracción «muy grave», penada con multas que van de los 150.000 euros a los 600.000, tal y como recoge la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, de 2002.

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Alteración de la jornada por el empresario


TrabajadorEl Tribunal Supremo respalda que la compañía reduzca de forma muy flexible el horario de un grupo de trabajadores de la misma categoría. La doctrina se aplica a las empresas cuyo régimen de jornada se encuentra regulado fuera del convenio.

Las empresas han recibido un aval del Tribunal Supremo para reducir de forma unilateral la jornada de todos los empleados de una misma categoría. Una sentencia (Rº 144/2011, de 7 de octubre), a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, abre una puerta interesante en plena crisis al reconocer la posibilidad de adaptar la actividad al descenso de la producción.

El caso estudiado por el Supremo surgió por la decisión de la empresa de servicios Eulen de reducir la jornada de un grupo de trabajadores de la misma categoría –limpiadoras– porque en la empresa donde realizaban el trabajo, Fagor, sufrió una importante disminución de la actividad productiva. Su jornada alcanzaba las 35 horas semanales y con la rebaja se quedó en 22 horas.

Por este motivo, recurrieron la decisión con un argumento principal: para convertir un contrato de trabajo a tiempo completo en otro de tipo parcial es necesaria la “voluntariedad” o el consentimiento del trabajador.

La sentencia ha dado la razón a la empresa y ha justificado que se puede adoptar este tipo de decisiones por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, sin contar para ello con la opinión del empleado afectado. El Supremo entiende que la mera reducción de jornada hasta situarla en valores inferiores a los que corresponden a la jornada a tiempo completo comparable no basta para calificar, cuando no existe la conformidad del trabajador, la nueva situación resultante de contrato a tiempo parcial”.

Carácter temporal

Precisamente, son las causas económicas u organizativas las que justifican tal decisión. Pero el Supremo va más allá y apunta que “la decisión empresarial y la ausencia de conformidad de las trabajadoras no determinaban la transformación del contrato a tiempo completo en otro a tiempo parcial, máxime cuando la medida adoptada tenía el carácter de temporal, aunque ciertamente no se identificase el tiempo durante el que había de producir efectos”.

Según explica Manuel Luque, catedrático de Derecho del Trabajo, a EXPANSIÓN, “lo importante de esta sentencia es que afirma la posibilidad de reducir de manera temporal o permanente la jornada a tiempo completo de todos los trabajadores comparables o de una misma categoría, vía artículo 41”.

Por otra parte, la sentencia ha respaldado el procedimiento previsto en el Estatuto de los Trabajadores para llevar a cabo este tipo de medidas, el expediente suspensivo o de reducción.

Ello ha provocado que interprete un apartado de la reforma laboral de 2010. Así lo explica: “Actualmente, tras la entrada en vigor el día 19 de diciembre de 2010 de la Ley 35/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, norma que no resulta aplicable al caso por evidentes razones temporales, se admite en la nueva redacción del artículo 47.2 que la jornada se puede reducir por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”.

Para poderlo llevar a cabo, explica, se regula el procedimiento (artículo 47.1) “a través del expediente que se siga por el cauce del artículo 51, pero con la particularidad, entre otras, de que ese procedimiento habrá de seguirse cualquiera que sea el número de empleados de la empresa o de trabajadores afectados”.

Este párrafo ha creado debate entre los expertos. Para Manuel Luque, significa que “con la reforma, el procedimiento para las reducciones temporales es el previsto en el artículo 47, independientemente del número de trabajadores afectados”.

Luque precisa que “siempre hemos interpretado que el artículo 47 era así de estricto y que con un solo trabajador afectado ya era aplicable”.

Este experto delimita el alcance de esta doctrina, que sería aplicable a las empresas cuya jornada no se encuentra en el convenio colectivo o que, incluyéndose en él, la empresa la haya modificado o mejorado. Esto significa que el empresario tiene que negociar la medida pero no necesariamente conseguir un acuerdo.

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El Rey Baltasar denunciado por lesiones


Un Juzgado de Huelva ha desestimado una denuncia interpuesta por un particular contra el Rey Mago Baltasar, por unas lesiones oculares, sufridas como consecuencia del lanzamiento de caramelos, con excesivo ímpetu, durante la cabalgata del año 2010.

        En el Auto de archivo de tres folios, cargados de cómica ironía, el magistrado onubense se  declara incompetente para encausar al mago  de Oriente por tratarse de una persona extranjera, a la vez que se reconoce fiel seguidor de Su Majestad. De este modo, el magistrado señala que desde que tiene uso de razón, el rey Baltasar, en concurso con Melchor  y Gaspar,  “le han venido ofreciendo anhelados presentes cada día 6 de enero”, y continúa; “Considera esta parte que la persona denunciada no sea en realidad el propio rey Baltasar, sino otra, pues alguna duda puede suscitar a este respecto la denuncia cuando, tras resaltar en letra de gran tamaño y negrita que se dirige la acción penal contra el rey mago Baltasar, indica que se refiere a la persona que representa a la misma en la cabalgata del día 5 de enero”.

      En lo relativo a la jurisdicción, expone; “Si verdaderamente fuera el rey Baltasar la persona denunciada, podríamos encontrarnos ante uno de los supuestos de inmunidad de jurisdicción que impedirían la acción de los tribunales españoles”; “De este modo, solo conociendo su nacionalidad, aplicando las reglas del Derecho Internacional Público, podría dilucidarse a qué jurisdicción y a qué órgano judicial, dentro de la misma, correspondería instruir”, continuando con la polémica sobre la nacionalidad del Rey, ya que tras dos mil años, sigue sin conocerse “su verdadero país de origen”.

       Finalmente, y para disgusto de los lectores, el magistrado justifica el Auto explicando la teoría  del “riesgo permitido” por los participantes de cierto tipo de eventos, excluyendo cualquier responsabilidad penal, dado que “supone el consentimiento o la aceptación de los riesgos, mayores o menores, que esa participación conlleva”. Así, por ejemplo, “Si una persona participa en un partido de fútbol, asume el riesgo de que otro jugador, accidentalmente le lesione; si un corredor hace la carrera en las Fiestas de San Fermín, asume voluntariamente el riesgo, real y conocido, de que el toro le alcance”.

       Concluye el Auto, resaltando que “No es concebible una cabalgata de Reyes Magos sin que en la misma se arrojen caramelos a los espectadores desde cada una de las carrozas, del mismo modo que no se puede concebir una fiesta de carnaval sin disfraces. Podríamos decir que va de suyo“, y recomendando a la demandante acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, al ser el Ayuntamiento el organizador de la Cabalgata.

Rey Baltasar


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Ley de Medidas de Agilización Procesal


El próximo día 31 de Octubre entrará en vigor la Ley de Medidas de Agilización Procesal, 37/2011 de 10 de Octubre, con el objetivo de dotar a nuestra justicia de medios modernos y eficientes.

Los datos estadísticos más recientes sobre entrada de asuntos en nuestros tribunales acreditan que en los últimos tiempos se ha producido una subida exponencial de la litigiosidad. Así, el número de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones durante el año 2009 ha tenido un crecimiento cercano al 33 % con relación al número de asuntos ingresados 10 años antes. En algunos órdenes jurisdiccionales el volumen de entrada ha sido especialmente intenso, como en el civil, que ha doblado la entrada de asuntos en esa misma década.

El sobrevenido aumento de la litigiosidad es indicativo de la confianza cada vez mayor que los ciudadanos depositan en nuestra Administración de Justicia como medio para resolver sus conflictos y pretensiones, pero al propio tiempo ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir profundas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de calidad. Este fue también el objetivo último que determinó la promulgación de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley 13/2009, de la misma fecha, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.

La Ley que ahora se presenta continúa la línea de reformas procesales iniciada con las reformas que se acaban de mencionar, tratando ahora de introducir en la legislación procesal mejoras que permitan agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías para el justiciable.

El objeto de la Ley es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo que obedecen al propósito común de suministrar a nuestros tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal. Tales medidas son de distinto signo. Unas están encaminadas a garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, como ocurre en el caso del orden penal, otras a optimizar los procedimientos, a suprimir trámites procesales innecesarios o a sustituirlos por otros más breves, y otras, en cambio, están orientadas a limitar el uso abusivo de instancias judiciales

Sus principales aspectos son:

– PROCESO CIVIL

Desahucio: Se incluye el monitorio como medio de procedimiento para el desahucio por falta de pago y se modifica el art. 440 LEC (Enervación y requerimiento)

Monitorio: Se suprime el límite de cuantía.

Tercería de dominio y mejor derecho: A partir de la entrada en vigor de la reforma se sustanciarán por los trámites del juicio verbal.

Recursos:

Apelación en el Juicio Verbal: Se excluye por cuantía hasta 3000 euros.
Desaparece la preparación de los recursos devolutivos (apelación y casación)
Recurso de Casación: Se aumenta la cuantía hasta 600.000 Euros.

Costas: Se incluye en la LEC el importe de las tasas judiciales.

– PROCESO PENAL

Se modifican preceptos de la LECRIM, respecto al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. (Competencia, derecho de defensa, juicio oral, conformidad y rebeldía).

PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO


Se reducen trámites en cuanto a la prueba.
Se limita las vistas en el procedimiento abreviado.
Los asuntos por cuantía en el procedimiento abreviado se elevan a 30.000 euros.
Se regulan las medidas cautelarísimas.
Se incluye el criterio del vencimiento en materia de costas en procedimientos en primera o única instancia.

– TASAS JUDICIALES

Se modifican las tasas del monitorio que exceda de 3000 Euros (50 euros, antes 90) y las de ejecuciones en general a ejecución extrajudiciales (se mantiene los 150 euros).

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Ley de la Jurisdicción Social


El pasado día 11 de Octubre del 2011, apareció publicada en el BOE la  Ley de la Jurisdicción Social, 36/2011, de 10 de Octubre.

    Según señala el Preámbulo de la norma, el ordenamiento laboral regula un ámbito fundamental de las relaciones sociales, esencial para el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad. La naturaleza singular de las relaciones laborales y sus específicas necesidades de tutela explican y justifican la especial configuración de la tradicionalmente conocida como rama social del Derecho. La articulación de las relaciones laborales a partir de desiguales posiciones negociadoras influidas por el contexto socioeconómico, la multiplicidad de formas en las que se sustancian esas relaciones o la importancia de la negociación colectiva constituyen peculiaridades sobresalientes con trascendencia en el terreno normativo, tanto sustantivo como procesal.

    La configuración de los mecanismos de solución de los conflictos y reclamaciones en el ámbito laboral, en particular la determinación de las reglas específicas de procedimiento, integran esa especialidad del Derecho del Trabajo, reconocida en nuestro país desde antiguo, a través de las normas de procedimiento laboral, caracterizadas por su agilidad, flexibilidad y capacidad de adaptación, y también por posibilitar una más rápida y eficaz resolución de conflictos, así como por las amplias potestades del juez o tribunal de dirección del proceso y la proximidad e inmediación de aquéllos respecto de las partes y del objeto litigioso, normas que han inspirado en uno u otro grado la mayoría de las reformas procesales adoptadas en otros órdenes jurisdiccionales a partir de la Constitución. La nueva Ley reguladora de la jurisdicción social desarrolla los mandatos constitucionales de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica para reforzarlos y adaptarlos a las particularidades de esta esfera del derecho. Toda disposición ritual está estrechamente vinculada con el derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. Su aplicación efectiva en el orden jurisdiccional laboral es la razón de ser de esta Ley.

    En definitiva, la norma aspira tanto a ofrecer una mayor y mejor protección a los trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad Social, fortaleciendo la tutela judicial en un espacio vertebrador de la vida social y económica. Al mismo tiempo se refuerza la seguridad jurídica del marco de encuentro entre los operadores sociales y económicos, así como en la actuación de las entidades u organismos gestores o colaboradores de las referidas prestaciones sociales. La presente Ley persigue dotar a los órganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolución de controversias, eviten abusos equilibrando la protección y tutela de los distintos intereses en conflicto, protejan mejor a los trabajadores frente a los accidentes laborales y proporcionen mayor seguridad jurídica al mercado laboral. Esta Ley presenta, en definitiva, una respuesta más eficaz y ágil a los litigios que se puedan suscitar en las relaciones de trabajo y seguridad social, y ofrece un tratamiento unitario a la diversidad de elementos incluidos en el ámbito laboral para una mejor protección de los derechos.

    La nueva norma de la jurisdicción social entrará en vigor a los dos meses de su publicación.

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Sentencia sobre la custodia compartida del perro


¿Cómo gestionar el disfrute de nuestra mascota tras la ruptura de la pareja? ¿Puede establecerse una custodia compartida del perro?

Os mostramos una curiosa Sentencia sobre la custodia compartida del perro de una pareja. En ella, se establece un régimen de visitas para el disfrute de la mascota tras la ruptura de la pareja.Sentencia sobre la custodia compartida del perro

La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº  2 de Badajoz,  de 7 de Octubre de 2010, resuelve la demanda de uno de los dueños del perro, quien tras la ruptura con su pareja, también propietaria del mismo, interesa la tenencia compartida de la mascota mediante un sistema de turnos iguales para ambos dueños.

El Tribunal declara como hechos probados que la pareja había estado conviviendo juntos de 1996 a 2005, compartiendo un perro abandonado, cuando tras la ruptura de la misma en 2009, él se quedó con la posesión exclusiva de la mascota.

  FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La propiedad de los animales.
Los animales son bienes semovientes y, en nuestra tradición jurídica, las referencias legislativas son abundantes. El Código Civil los incluye dentro de la categoría de «cosas».
Así, el artículo 333 proclama que todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles. Los animales entonces son cosas que pueden ser objeto de apropiación y tienen la naturaleza de bienes muebles, sin más salvedad que la contemplada en el artículo 334 del Código Civil con relación a los viveros, palomares, colmenas, etcétera.
Es entonces la ocupación una de las formas de adquirir la propiedad de los animales. El artículo 610 recoge que se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño. Y el artículo 612.3 prevé que el propietario de animales amansados podrá reclamarlos dentro de veinte días, a contar desde su ocupación por otro, y pasado dicho término pertenecerán al que lo haya cogido y conservado. La ocupación, según la doctrina, es un medio originario de adquirir la propiedad que consiste en la aprehensión de una cosa corporal que no tiene dueño, con ánimo de adquirir la propiedad.
Y en cuanto a la posesión, el artículo 465 establece que los animales fieros sólo se poseen mientras se hallen en nuestro poder, los domesticados o amansados se asimilan a los mansos o domésticos si conservan la costumbre de volver a la casa del poseedor.

SEGUNDO. Régimen jurídico de las parejas de hecho.
En primer lugar, como recoge la sentencia Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010, conviene recordar que la unión de hecho, matrimonio de hecho o convivencia «more uxorio» es la convivencia con análoga afectividad a la matrimonial, sin la celebración formal del matrimonio, que no es antijurídica, sino extrajurídica y produce o puede producir efectos personales, económicos o de filiación.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas la sentencia de 19 de octubre de 2006, ha rechazado la posibilidad de aplicar normas que están fundadas sobre el matrimonio a situaciones de convivencia «more uxorio», no apreciando analogía entre una y otra situación por cuanto en el matrimonio existe una relación jurídica entre ambos cónyuges que efectivamente los vincula con recíprocos derechos y obligaciones, y por el contrario ninguna obligación pesa sobre los convivientes que en uso de su libertad optaron por ese tipo de unión, no sujetándose a los variados y numerosos derechos y deberes que configuran el estado civil de los casados ligados por los efectos de su propio consentimiento manifestado públicamente ante la sociedad con las formalidades y requisitos que la Ley exige y previene en el momento de contraer matrimonio.
Sí es cierto que, en vez de la aplicación de la normativa sobre el matrimonio, se ha aceptado la apreciación de una comunidad de bienes, pero, eso sí, siempre que se deduzca de la voluntad de los convivientes y persiga la protección a la parte más débil de la relación evitando injustos perjuicios. Y es que, según el Alto Tribunal, no cabe la posibilidad de considerar que toda unión paramatrimonial por el mero y exclusivo hecho de iniciarse lleve aparejado el surgimiento automático de un régimen de comunidad de bienes, llámense gananciales, sociedad universal de ganancias, condominio ordinario o cualquier otra forma, sino que habrán de ser los convivientes interesados los que por pacto expreso o por sus «facta concludentia», aportación continuada y duradera de sus ganancias o de su trabajo al acervo común, los que evidencien que su inequívoca voluntad fue la de hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos durante la duración de la unión de hecho.
Las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de mayo y 30 de octubre 2008, así como las de 22 de febrero y de 19 de octubre de 2006, para admitir la naturaleza común del patrimonio, exigen la concurrencia de «facta concludentia», hechos que evidencien la inequívoca voluntad de los convivientes de formar un patrimonio común, pues los bienes adquiridos durante la convivencia no se hacen, por ese mero hecho, comunes a los convivientes, sino que pertenecen a quien los ha adquirido, salvo que, de forma expresa o por medio de hechos concluyentes se evidencie el carácter común de los mismos.

TERCERO. Existencia de interés jurídico.
Según una leyenda de los indios norteamericanos, el Dios Nagaicho creó el mundo. Primero puso cuatro columnas para sostener el cielo en alto y separarlo de la tierra. Luego, se fue a pasear por el mundo, e iba creando cosas para llenarlo. La leyenda especifica cómo hizo al hombre y a la mujer, cómo creó los ríos y cómo fue creando a los animales, uno por uno. Todos los animales, excepto el perro. En ninguna parte de la leyenda se muestra al Dios creando al perro. Y es que cuando Nagaicho se fue a pasear, ya llevaba un perro con él. El Dios ya tenía un perro. Por lo visto, la idea de que alguien fuese paseando sin un perro al lado, era impensable: el perro siempre había estado ahí.
Leyendas aparte, lo cierto es que el perro probablemente haya sido el primer animal domesticado. Gracias a los hallazgos arqueológicos que se han producido, se ha verificado que el lobo, como antecedente del perro, comenzó a domesticarlo el hombre ya en la Prehistoria. Y desde entonces, los perros han estado al lado de los humanos, ayudándolos en la caza, el pastoreo, la vigilancia del hogar y otras tareas. Se ha dicho incluso que nuestra relación con el perro es, además de por intereses prácticos, fundamentalmente una relación «parental». Según se dice, la morfología de los cachorros desencadena inevitablemente el comportamiento «parental» en el hombre, ya que su aspecto desvalido, lloriqueos y gemidos nos provocan la necesidad de proporcionarles cuidado y protección. De hecho, aunque el hombre primitivo lo utilizara para vigilar el poblado o para la caza, existen hoy en día tribus africanas que tienen condiciones de vida similares a las de los primeros pobladores y que, sin embargo, conviven con perros sin que éstos desempeñen labor aparente.
Sea como fuere, en la actualidad, el perro sigue cazando para nosotros, vigila nuestros rebaños y propiedades, nos sirve de alimento, de sujeto experimental, trabaja en múltiples tareas como la detección de explosivos o drogas, en salvamento, ayuda a personas con minusvalías, etcétera. Y por encima de todo, tal vez por esa especial relación innata, el principal papel del perro es hacernos compañía, sobre todo en las sociedades urbanas.
Y de esa compañía, como consecuencia lógica, nacen grandes y sentidos afectos. En el mundo de las nuevas tecnologías, en la red de redes, en Internet, el buscador Google para la palabra «perro», da más de veinte millones de resultados. Y en ese océano de páginas, encontramos comentarios como el siguiente: «yo sinceramente no podría vivir el día a día sin mis perros, son unas de las principales cosas primordiales en mi vida que me hacen feliz y olvidarme de mis problemas junto a ellos, ya que me dan la alegría y la felicidad que ninguna otra persona o animal me puede transmitir». O como este otro: «quiero más a mi perro que a nadie, así suene tonto, lo quiero así porque para mí es fiel, amoroso, leal, mi compañero, mi motivo de sonreír, mi motivo de levantarme de buen humor todos los días y la razón por la que vivo».
Estas líneas acerca del perro vienen a cuento para confirmar que el objeto del presente procedimiento sí es acreedor de la tutela jurisdiccional en los términos del artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Aunque la parte demandada, con buen criterio, no ha puesto en cuestión que la pretensión hoy deducida tenga interés jurídico, no está demás dejar aquí expresa constancia de esta circunstancia y, ello, porque, puntualmente, cierta jurisprudencia se ha resistido a reconocer que este tipo de reclamaciones puedan ser llevadas ante los tribunales.
Que sí deben tener acceso jurisdiccional los conflictos que puedan suscitarse por razón de la tenencia de un animal compartido, es conclusión, por otra parte, que se alcanza con solo advertir que no dejan de ser bienes apropiables y, por ende, objeto de derechos. Y todo ello sin necesidad de acudir aquí a esas tesis filosóficas que, yendo más allá y con buena dosis de razón, buscan convencernos de que los animales son seres sensibles e independientes, no simples objetos cuya existencia se reduce a satisfacer nuestros intereses humanos.

CUARTO. Solución del caso.
Por doña […] se propugna la posesión compartida de un perro y su expareja opone que se trata de un bien privativo. La demanda debe prosperar.

Ciertamente, en principio los bienes adquiridos durante la convivencia no se convierten en comunes, sino que pertenecen a quien los ha adquirido.
Ahora bien, opera aquí en toda su dimensión la doctrina jurisprudencial, según la cual existe un régimen de comunidad de bienes cuando fue voluntad de los convivientes hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos durante la duración de la unión de hecho.
Los llamados «hechos concluyentes», demostrativos de esa voluntad, han quedado básicamente acreditados con la aportación de la sentencia de 4 de febrero de 2009 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número cinco de Badajoz. Dicha sentencia hace prueba en los términos del artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, como documento público. Como recuerda el Tribunal Supremo (por todas, la sentencia de 12 de junio de 2009), el artículo 317.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cataloga como documentos públicos, a efectos de prueba en el proceso, a las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales. El carácter público del documento se produce, en ese caso, por la intervención en los mismos de funcionarios públicos, que ostentan legalmente el atributo de la «fe pública», concretamente la «fe pública judicial», cuales son los Secretarios Judiciales, que les confiere el poder de acreditar con su firma la autenticidad del documento que intervengan. Y como quiera que, según el artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los documentos públicos tienen un valor tasado, es decir, hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, no puede sino concluirse que los elementos de juicio proporcionados por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Badajoz son determinantes aquí. Concretamente, en dicha sentencia ya se hizo constar que la hoy actora y el demandado fueron pareja de hecho durante nueve años y que no sólo tenían una comunidad de vida sino también otra de bienes. Es más, en dicha sentencia se llegó a la conclusión de que lejos de distinguirse claramente sus patrimonios, tenían una confusión de los mismos.
Con estos antecedentes, en la medida en que el perro objeto del litigio fue encontrado en 2001, constante la convivencia, ha de entenderse que ese perro pasó a ser de los dos. Y buena prueba de la titularidad compartida son la existencia de dos cartillas veterinarias, una a nombre de ella y otra a nombre de él. Esta duplicidad de cartillas, como ha corroborado en juicio la veterinaria doña […] (testigo, no se olvide, llamada a propuesta del propio demandado) es factible.
También las fotografías aportadas con la demanda ponen de manifiesto la posesión compartida del perro. Y esta última circunstancia no es irrelevante, puesto que, conforme al ya citado artículo 612.3 del Código Civil, el propietario de animales amansados podrá reclamarlos dentro de veinte días, a contar desde su ocupación por otro, y pasado dicho término pertenecerán al que los haya cogido y conservado. Conservación en la que indudablemente participó doña […], sin que, por lo demás, ni siquiera se haya probado en juicio que fuera don […] la persona que supuestamente en Mérida se encontró abandonado al perro. Pero es que, aun cuando esta última hipótesis fuera cierta, nada cambiaría las cosas, pues, como ya se ha expuesto, fue voluntad inequívoca de los hoy litigante la de hacer comunes los bienes adquiridos durante la duración de su unión de hecho.

Llegados a este punto, siendo entonces doña […] y don […] copropietarios del perro en litigio, la solución propugnada de la tenencia compartida es correcta. Estamos ante un bien, el perro, indudable y esencialmente indivisible (artículo 401 del Código Civil). Las opciones entonces serían la adjudicación del perro a uno de los dueños, con deber de indemnizar al otro (artículo 404 del Código Civil), o el disfrute compartido (artículo 394 del Código Civil). Como quiera que aquí no se ha instado por ninguno de los condueños del perro la primera posibilidad, es decir, la extinción de la comunidad mediante la entrega del animal a uno de ellos y la consiguiente compensación al otro, sólo cabe la alternativa de regular el disfrute del animal.
Pues bien, como ese disfrute, por razones obvias, no puede ser conjunto, lo procedente es establecer una tenencia temporal del perro. Períodos de tiempo que han de ser iguales para doña […] y don […]. De forma ponderada, se acuerda entonces fijar que el perro esté cada seis meses en poder de cada uno, comenzándose el primer plazo de disfrute por doña […] habida cuenta de que es quien se ha visto últimamente privada de la tenencia.

El Fallo de la Sentencia resuelve la custodia compartida del perro admitiendo la demanda, y acordando que la tenencia compartida del perro copropiedad de doña […] y don […], estableciendo que dicho perro permanezca en compañía de uno y otro durante períodos sucesivos de seis meses, iniciando doña […] el primer plazo de disfrute.

 

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Reforma constitucional del Artículo 135


Constitución españolaEl pasado Martes 27 de Septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la reforma constitucional del Artículo 135, quedando redactado del siguiente modo:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más de treinta años después de la entrada en vigor de la Constitución, formando parte España de la Unión Económica y Monetaria Europea, que consolida y proyecta sus competencias en el marco de una creciente gobernanza común, y siendo cada vez más evidentes las repercusiones de la globalización económica y financiera, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado Social que proclama el artículo 1.1 de la propia Ley Fundamental y, en definitiva, de la prosperidad presente y futura de los ciudadanos. Un valor, pues, que justifica su consagración constitucional, con el efecto de limitar y orientar, con el mayor rango normativo, la actuación de los poderes públicos.

Para llegar hasta aquí, la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria ya supuso un instrumento imprescindible para lograr la consolidación fiscal que nos permitió acceder a la Unión Económica y Monetaria y fue posteriormente recogida en normas de rango legislativo.

En el mismo sentido, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene como finalidad prevenir la aparición de un déficit presupuestario excesivo en la zona euro, dando así confianza en la estabilidad económica de dicha zona y garantizando una convergencia sostenida y duradera de las economías de los Estados Miembros.

La actual situación económica y financiera, marcada por una profunda y prolongada crisis, no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución, al objeto de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española a medio y largo plazo.

La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española persigue, por tanto, garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país.

Artículo único

El artículo 135 de la Constitución Española queda redactado como sigue:

«1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.»

Disposición adicional única

1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes del 30 de junio de 2012.

2. Dicha Ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3 de la Constitución Española.

3. Los límites de déficit estructural establecidos en el artículo 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.

Disposición final única


La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el «Boletín Oficial del Estado». Se publicará también en las demás lenguas de España.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Reforma de la Constitución como norma fundamental del Estado.

Madrid, 27 de septiembre de 2011.

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Presunción de laboralidad


Presunción de la existencia del contrato de trabajo y del carácter laboral de la relación

El Art. 8.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, dispone: “El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél.”

De este modo, el dicho artículo se compone de una triple presunción. En primer lugar, la presunción de prestación del consentimiento, el contrato puede perfeccionarse por escrito, de palabra o a través de cualquier conducta de las partes que desarrollen las obligaciones propias de una relación laboral. La segunda, es la presunción del carácter laboral del contrato, pretendiendo evitar conductas empresariales fraudulentas a través de entramados ficticios de relaciones con profesionales autónomos. Y por último, una presunción de identificación de la persona del empleador, para supuestos de cesión ilegal de trabajadores, etc.

Esta presunción de relación laboral, debe confirmarse en la práctica identificando los elementos que basan la misma en virtud del Art. 1 ET, esto es la voluntariedad, retribución, ajenidad y organización y dirección del empresario (subordinación).

Es constante y pacífica la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo a este respecto. Así, se arranca de un criterio objetivo, con independencia de la calificación del contrato por las partes.

A este respecto, la STS de 25 de Enero de 2000 (Ar: 1312) señala, “Es doctrina tópica que la naturaleza de los contratos no se determina por la denominación que le otorgan las partes sino por la realidad de las funciones que en su virtud tengan lugar, por ello si estas funciones entran dentro de lo previsto en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores el contrato tendrá índole laboral cualquiera que sea el nombre que los contratos le dieran. Las funciones o requisitos del contrato son la prestación voluntaria de servicios por cuenta ajena mediante una retribución y dentro de la organización y dirección del empresario”.

En similar sentido se pronuncia la STS de 10 de Julio de 2000 (Ar: 8326), al indicar:

“Por lo expuesto, la relación de servicios que unía a las partes debe configurarse como laboral (art. 1 ET), en términos análogos a lo que se efectuó, entre otras, en la STS/Social 6-6-1983 ( RJ 1983, 2971) , pues:

a) Concurren las esenciales notas de «ajenidad» y «dependencia», entendida en sentido amplio en función del tipo de servicios prestados, y al modo interpretado por la jurisprudencia de esta Sala, entre otras, en la STS/Social 2-4-1996 ( RJ 1996, 3334) (recurso 2613/1995), en la que se afirma que «es que no sólo el seguimiento de unas determinadas directrices uniformadoras en la realización del trabajo encomendado sino, también y fundamentalmente, el ulterior control de dicho trabajo, la prestación del mismo, siempre, a través de la empresa recurrente, la penalización en el retraso de su conclusión y la asignación de zonas geográficas para su desarrollo constituyen datos reveladores de una sujeción al poder directivo de la empresa que encomienda la realización de los servicios, todo lo que pone de relieve una innegable situación de dependencia propia del contrato de trabajo» o en la STS/IV 31-3-1997 (RJ 1997, 3578) (recurso 3555/1996), en la que se establece que «no nos encontramos en el caso ante un colaborador libre, que presta servicios esporádicamente o por actos o acontecimientos singulares, sino ante un reportero gráfico … incorporado plenamente y con continuidad a la organización del trabajo de la empresa informativa, que programa diariamente el trabajo a realizar y que encarga incluso en ocasiones trabajos o reportajes imprevistos».

b) No concurre ninguno de los más característicos indicadores inequívocos de que la prestación de los servicios profesionales se efectuara en régimen de autonomía, pues el perito tasador demandante no tenía la facultad de rechazar las peritaciones ofrecidas, no fijaba ni tenía participación trascendente en la determinación de sus honorarios, contaba con muy escaso margen en la realización de su actividad debiendo ceñirse esencialmente a las instrucciones recibidas, y realizaba directa y personalmente las peritaciones sin valerse de colaboradores a su servicio.

c) No cabe, por tanto, entender que la prestación del demandante «se limitaba a la práctica de tasaciones sin sujeción ninguna a jornada, vacaciones, practicando su trabajo con entera libertad» ( STS/Social 12-7-1988 [ RJ 1988, 5798) ] o que realizaba «su trabajo con independencia, salvo las limitaciones accesorias» ( STS/Social 1-3-1990 ( RJ 1990, 1743) ), como esta Sala ha exigido cuando ha declarado que existía arrendamiento de servicios y no una relación laboral.”

De esta manera, la jurisprudencia ha atenuado la rigidez absoluta de la subordinación, admitiendo como determinante para calificar la relación de laboral un poder de mando de la empresa y un correlativo deber de obediencia del trabajador. Así, ante la falta de apreciación en ocasiones de los caracteres de la relación laboral, la doctrina ha tomado como elementos indiciarios de la existencia de la misma entre otros: instrucciones sobre la forma de realización del trabajo, el control sobre el trabajo realizado, la ejecución personal de la prestación de servicio, la asistenta regular al lugar de trabajo, la titularidad o no de herramientas o local de trabajo, sujeción o no a horarios, incardinación dentro de la estructura organizativa de la empresa, etc. (STS de 10 de Julio de 2000).

También relativa a la irrelevancia de la calificación otorgada por las partes, la STSJ de Cataluña de 30 de Enero de 2.008 (AS 2008/1182) reza:

“La línea divisoria entre el contrato de trabajo y otras relaciones afines viene marcada por el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , con arreglo al cual dicha Ley es de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. Recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1999 ( Recurso 1093/99 [ RJ 2000, 1427] ), que es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que declara la irrelevancia de la calificación que las partes otorguen a un contrato, señalando que la naturaleza jurídica de un ente contractual viene determinada por el conjunto de derechos y obligaciones que se pactan y las que realmente se ejercitan (entre otras muchas, SSTS/IV 20-IX-1995 – recurso 1463/1994 [ RJ 1995, 6784] -, 15-VI-1998 – recurso 2220/1997 [ RJ 1998, 5260] -, 20-VII-1999 – recurso 4040/1998 [ RJ 1999, 6839] ), y que la dependencia -entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni intensa, a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y la ajenidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contrato (entre otras, SSTS/IV 14-II-1994 – recurso 123/1992 [ RJ 1994, 1035] -, 27-V-1992 – recurso 1421/1991 [ RJ 1992, 3678] -, 10-IV-1995 – recurso 2060/1994 [ RJ 1995, 3040] -, 20-IX-1995 – recurso 1463/1994 [ RJ 1995, 6784] -, 22-IV-1996 – recurso 2613/1995 [ RJ 1996, 3334] -, 20-X-1998 – recurso 4062/1997 [ RJ 1998, 9296] -, Sala General); si bien el requisito de dependencia no concurre cuando el contratado actúa con plena autonomía (entre otras, STS/IV 7-III-1994 – recurso 615/1993 [ RJ 1994, 2210] -). Esta doctrina es reiterada en sentencias posteriores del Tribunal Supremo como la de 3 de mayo de 2005 ( RJ 2005, 5786) .”

Y más recientemente, la STSJ de Galicia de 19 de Febrero de 2009 (AS 2009/2607):

En el presente caso, concurren las tres notas definidoras de la relación laboral. Concurre la nota de ajeneidad de los resultados. Por cuanto, el fruto del trabajo que el actor realizaba, repercutía en quien lo percibía, es decir, en su empleador -la empresa constructora-, sin que el demandante percibiese lucro alguno como beneficio propio derivado de su actividad, lo que determina, claramente, la nota de ajeneidad de la relación.

En cuanto a la nota de dependencia, es otro de los elementos que caracteriza esencialmente el contrato de trabajo, y que se aprecia en el caso enjuiciado de un modo evidente. Según la doctrina jurisprudencial, por “dependencia” o “subordinación”, debe entenderse el hecho de encontrase el trabajador dentro de la esfera organicista, rectora y disciplinaria de aquél por cuya cuenta se realiza su labor, lo cual se exterioriza en determinados datos o signos, como el encuadramiento o inserción dentro del esquema jerárquico de la empresa, debiendo acatar sus órdenes, mandatos y directrices, la subordinación a la persona o personas que en aquélla tengan facultades de dirección o mando, el sometimiento a las normas disciplinarias correspondientes, la realización del trabajo normalmente en los centros o dependencias de la empresa y la sujeción a una jornada y horario determinados, etc, y aunque no sea necesario que concurran todas las circunstancias enumeradas, bastando con las que revelen la existencia de ese elemento, sin embargo, en el supuesto enjuiciado, puede afirmarse que concurren todas y cada una de las circunstancias citadas.

Dándose todas las condiciones y circunstancias que se dejan expuestas, resulta indiscutible que el actor se encontraba inserto en el círculo rector y organicista del empleador demandado, ya que venía realizando una prestación de servicios retribuidos, por cuenta ajena, y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona (la empleadora), cumpliéndose así todos los requisitos exigidos por el artículo 1.1 del E.T.. A lo anterior debe añadirse la presunción que contiene el artículo 8 del mismo Texto Estatutario, a favor de la laboralidad de cualquier relación contractual que vincula a quien presta un servicio de las características expuestas y al que lo recibe a cambio de satisfacer una contraprestación retributiva.”

Por lo completo de su desarrollo, cabe mencionar, la STS de 29 de Diciembre de 1.999 (RJ 2000/1427), en la que además de la equiparación a la relación laboral que realiza, contiene diversas reseñas a otras sentencias en diversos elementos, como son;

Irrelevancia de la calificación otorgada por las partes: STS de 20 de Septiembre de 1995 (RJ 1995/ 6784), STS de 15 de Junio de 1998 (RJ 1998/ 5260) ó STS de 20 de Julio de 1999 (RJ 1999/ 6839).

Dependencia y ajeneidad: STS de 14 de Febrero de 1994 (RJ 1994/ 1035), STS de 27 de Mayo de 1992 (RJ 1992/ 3678), STS de 10 de Abril de 1995 (RJ 1995/ 3040), STS de 20 de Septiembre de 1995 (RJ 1995/ 6784), STS de 22 de Abril de 1996 (RJ 1996/ 3334) ó 20 de Octubre de 1998 (RJ 1998/ 9296).

La afiliación al RETA no desvirtúa el carácter laboral: STS de 10 de Abril de 1995 (RJ 1995/ 3040).

Dependencia o sujeción al poder directivo: STS de 22 de Abril de 1996 (RJ 3334) ó STS de 15 de Junio de 1998 (RJ 1998/ 5260).

En el ámbito local, destaca la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de Sevilla) de 3 de Mayo de 2007 (AS 2007/3574), cuyo tenor literal es:

“es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que declara la irrelevancia de la calificación que las partes otorguen a un contrato, señalando que la naturaleza jurídica de un ente contractual viene determinado por el conjunto de derechos y obligaciones que se pactan y las que realmente se ejercitan”, SS. 20 de septiembre 1995 ( RJ 1995, 6784) , 15 de junio 1998 ( RJ 1998, 5260) , 20 de julio 1999 ( RJ 1999, 6839) y que “la dependencia -entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, ni intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y la ajenidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contrato”, SS. 14 de febrero 1994 ( RJ 1994, 1035) , 10 de abril 1995 ( RJ 1995, 3040) , 22 de abril 1996 ( RJ 1996, 3334) , 20 de octubre 1998 ( RJ 1998, 9296) , Sala General, “si bien el requisito de dependencia no concurre cuando el contratado actúa con plena autonomía”, SS. 7 de marzo 1994 ( RJ 1994, 2210) y las que en ella se citan, pues si bien, el art. 8. 1 del ET ( RCL 1995, 997) , dispone que el contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra y se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución, tal presunción o presunciones, cuando existan, pueden destruirse por prueba en contrario de quien niegue la existencia del mencionado vínculo y por ello, cuando nos encontremos en presencia de una prestación de servicios en provecho de otro, con las condiciones antedichas, prestar un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, debemos presumir la presencia de una relación de trabajo, pudiendo tan solo destruirse, cuando se acredite de forma clara y contundente que tal relación reúne los requisitos de una relación distinta, civil, mercantil o administrativa.

El TS Sala 4ª, S 3 de mayo 2005, rec. 2606/2004 ( RJ 2005, 5786) , declara que aparte de la presunción “iuris tantum” de laboralidad que el art. 8.1 del ET ( RCL 1995, 997) atribuye a la relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, el propio Estatuto, en su art. 1.1, delimita, desde el punto de vista positivo, la relación laboral, calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia (por todas, Sentencia de esta Sala de 19 de julio de 2002, Recurso 2869/01 [ RJ 2002, 9518] ), cuales son, “la ajenidad en los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los servicios”.”

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Aforismos y latinazgos


A

A contrario sensu.- Interpretación en sentido contrario.

A fortiori.- Argumento por razón del más fuerte, con mayor motivo, con mayor razón.

A limine litis.- Expresión latina que significa la inadmisión de una demanda por carecer de los requisitos legales o adolecer de defectos formales.

A maiori ad minus.- Argumento de mayor a menor.

A minori ad maius.-Argumento de menor a mayor.

A non domino.-Argumento del que no es propietario.

A pari.- Argumento fundado en razones de semejanza e igualdad, a la par.

A posteriori.- Argumento según las consecuencias.

A priori.- Argumento de lo que precede.

A quo.- De quien, del cual; designase al juez o tribunal contra cuya sentencia se ha interpuesto un recurso.

Ab absurdus.- Por lo absurdo.

Ab contraris.- Por los contrarios.

Ab extra.- De fuera, desde fuera.

Ab initio.- Desde el principio.

Ab intestato.- Sin haber hecho testamento. 2.-Sucesión hereditaria regulada por la ley cuando una persona fallece sin testamento válido. 3.- Procedimiento para distribuir los bienes de esa persona.

Ab origine.- Desde el origen.
Ab ovo.- Desde el huevo.

Ab uno disce omnes.- Por uno solo conoce a los demás.

Ab utraque parte.-De una parte y de la otra.

Aberratio ictus.- Cuando lo ocurrido no concuerda con lo pensado.

Absentia longa et mors a equi parantur.- La ausencia prolongada y la muerte se equiparan.

Abusus non tollit usum..– El abuso no quita el uso.

Abusus non usus, sed corruptela.- El abuso no es uso, es corruptela.

Accesorium resinditur, rescisso principali.- Una vez rescindido lo principal se rescinde lo accesorio.

Accesorium sequitur principale.- Lo accesorio depende de lo principal y sigue la suerte de éste. Domoitius Ulpianus (Ulpiano): Digesto, 34, 2, 19, 13; que define a las cosas accesorias como aquéllas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa, de la cual dependen, o a la cual están adheridas.

Accipiens.- Sujeto que recibe el pago.

Acta publica probanti se ipsa.- Los instrumentos (actas)  públicos se prueban por sí mismos, aforismos que se aplica al caso de los instrumentos públicos que hacen plena fe.

Actio ad exhibendum.-  Facultad que tiene todo el que pretende entablar demanda sobre una cosa mueble, de pedir a su poseedor que se la muestre con el fin de identificarla debidamente.

Actio aestimatoria.-La que corresponde al comprador para exigir del vendedor una rebaja del precio cuando la cosa vendida adolece de vicios o defectos ocultos.

Actio aquae pluviae arcendae. Acción por la que el que varió el curso natural de las aguas, causando daño al demandante, ha de volver éstas a su curso normal.

Actio bonae fidei.- Acción de buena fe.

Actio damni infecti.-Acción por daños y perjuicios.

Actio de in rem verso.-Acción de enriquecimiento sin causa.

Actio in personam.-Acción personal.

Actio in rem scripta.-Acción real.

Actio liberae in causa.- Acción libre en su causa.

Actio nondum natae non praescribitur.- La acción que todavía no ha nacido no prescribe.

Actio semel extincta non reviviscit.- La acción extinguida no revive.

Actio.- Medio jurídico utilizado por el particular para poder entrar en un proceso determinado con el fin de proteger sus intereses.

Actore non probante, reus absolvitur.- Si el actor no prueba, el reo es absuelto.

Actori incumbis onus probandi.- El actor tiene la carga de la prueba.

Actus amissa forma legis corruit.- La omisión de las formas legales anula los actos.

Ad calenda graecas.- Plazo que nunca ha de cumplirse.

Ad cautelam.- Por cautela, por precaución.

Ad efesios.- Totalmente fuera del asunto.

Ad effectum vivendi.-A los efectos de ser visto.

Ad hoc.- Argumento referido al caso que se considera, para esto.

Ad huc sub judice lis est.- La causa está aún en poder del juez, que no está resuelta.

Ad imposibilia nemo tenetur.-  Nadie está obligado a lo imposible.

Ad libitum.- A gusto.

Ad litem.- Para la litis, para el pleito, para el proceso.

Ad litteram (pedem).- Al pie de la letra.

Ad nutum.- A voluntad.

Ad quem.- Hacia quien (Traducción literal) En la práctica se refiere al Magistrado (que conoce de la apelación).

Ad referéndum.-A condición de ser aprobado por otro sujeto.

Ad solemnitatem.-Solemnidad exigida para la validez del acto.

Ad valorem.- Al valor.

Addenda.- Adiciones a una obra escrita.

Adhuc sub judice lis est.- El pleito está todavía con el juez.

Adventitio lucro.-  En caso dudoso es mejor favorecer al que reclama lo suyo que al que intenta lucrar.

Aequitas praefertur rigori.- Es preferible la equidad al rigor.

Aequitatem ante ocultos habere debet iudex. -El juez debe tener la equidad ante sus ojos.

Affectio maritalis.- Requisito esencial para la existencia del matrimonio romano, caracterizado de la intención continua de los contrayentes de vivir como marido y mujer.

Affectio societatis.- Intención de constituir sociedad.

Affirmanti incumbit probatio.- A quien afirma, incumbe la prueba.

Agere non valenti non currit praescriptio.- No corre la prescripción contra quien no tiene virtud (está legitimado) para actuar.

Alieni iuris.- Estar sometido al poder de otro.

Animus confidenti.-Voluntad de confesar.

Animus domini.- Intención de ser propietario.

Animus donandi.- Intención de realizar una donación, una liberalidad a título gratuito.

Animus laedendi.- Intención de lesionar.

Animus necandi.- Intención de matar, de quitar la vida.

Animus nocendi.- Propósito de engañar o perjudicar.

Animus nullius.- Intención de anular.

Animus rem sibi habendi.- Intención de tener la cosa para sí.

Apud acta.- Mediante acta: se aplica a las actas realizadas en un expediente judicial.

Apud.- Apoyado por, citado o basado en.

Argumentum a contrario.-  Argumento en contrario, sentido opuesto.

Argumentum a majori ad minus.- Argumentación de lo más a lo menos.

Argumentum a minori ad maius.- Argumento de lo menos a lo más.

Argumentum a pari.Argumento a la par, argumento fundado en razones de semejanza y de igualdad entre el hecho propuesto y el que de él se concluye.

Argumenntum simili.-  Argumento similar, por analogía o semejanza.

Argumentum ad absurdum.- Argumento absurdo; consiste en demostrar que una afirmación es válida, porque la interpretación contraria resultaría absurda.

Audi alteram partem.- Escúchese a las partes. Principio procesal mediante el cual se formula que para juzgar con imparcialidad es preciso escuchar a ambas partes.

Audiatur altera pars.-  Óigase a la otra parte; el principio de igualdad domina el proceso, porque oír a la otra parte es la expresión de la denominada bilateralidad de la audiencia.

 

B

Bis de eadem re ne sit actio.- No se repita la acción por un mismo asunto.

Bona fide.- Buena fe.

Bonae fidei possessor suos facit fructus consumptos.- El poseedor de buena fe hace suyos los frutos consumidos

 

C

Caeteris paribus.- Si las circunstancias no cambian.

Calumniare est falsa crimina intendere.- Calumniar es imputar falsos delitos.

Capitis diminutio.Disminución de la capacidad.

Casu.- El que se emplea en cosa ilícita responde hasta del caso fortuito.

Casus belli.- Caso de guerra.

Casus fortuitus a mora excusant. El caso fortuito excusa la demora.

Casus fortuitus in nullo contracto  praestut.- En ningún caso se responde del caso fortuito.

Causa causae causa causati.- La causa de la causa es causa del mal causado.

Causa criminalis non praeiudicat civile.- La causa criminal no prejuzga a la civil.

Causa judicati individua est.- La cosa juzgada es indivisible.

Causa petendi.- Hechos alegados como fundamento de la pretensión.

Cessante ratione legis, lex ipsa cessat.- Cesando el motivo de la ley, cesa la ley misma.

Ceteris paribus. Lo demás, lo que resta, lo que falta.

Circa.- Cerca de, alrededor de.

Citra petitum.- Dejar de resolver cuestiones planteadas.

Cogitationis poenam nemo patitur.- El pensamiento no delinque.

Communis opinio.- Opinión general o común.

Compensatio lucri cum damno.- El lucro obtenido por el damnificado se compensa con el daño.

Concilium fraudis.- Concierto fraudulento.

Condicio causa data causa non secuta.  El pago de lo indebido, fuente del enriquecimiento sin causa.

Condicio per quam.- Condición por la cual.

Condicio turpe.- Condición inmoral.

Condictio sine qua non.- Condición necesaria, inexcusable.

Conductor rei.- Arrendatario.

Confessio dividi non debet.- La confesión es indivisible.

Confessio in iudicio.- Confesión practicada por el demandante ante el juez.

Confirmata sunt.- Lo que está prohibido por la naturaleza de las cosas no puede confirmarse por ley alguna.

Consuetudo es optima legum interpres.- La costumbre es el mejor intérprete de las leyes.

Contra legem.– Contrariamente a la ley.

Corpus delicti.- Cuerpo del delito.

Crimen morte rei extinguitur.- El crimen se extingue por la muerte del reo.

Culpa in contrahendo.- Omisión de diligencia en el momento de la celebración del contrato, que tiene como consecuencia que le falte alguno de sus requisitos esenciales o concurre algún defecto que lo invalide.

Culpa in eligendo.- Infracción del deber de diligencia en la elección de una persona, que obliga al que la contrató a asumir la responsabilidad de los daños que ésta cause a terceros.

Culpa in vigilando.- Omisión del deber de vigilancia que sirve de fundamento a la responsabilidad por el daño causado por otro, obligando a indemnizar al que incumple su deber de vigilancia a quien sufrió el daño.

Cum laude.- Con alabanza; se aplica a la calificación de una tesis doctoral.

 

D

Da mihi factum, dabo tibi ius.- Dame el hecho y te daré el derecho.

Datio in solutum.- Dación en pago; entrega por el deudor al acreedor, a título de pago de su deuda, de una cosa distinta del objeto debido, el cual es aceptado por el acreedor como pago.

De auditu.- De oídas.

De facto.- De hecho.

De iure.- De derecho.

De lege ferenda.- De una ley a dictarse.

De lege lata.- De una ley vigente.

De motu proprio.- Por propia iniciativa.

De visu et de audito.- Por haberlas visto y oído.

Debitur sui ipsius nemo asse potest.-Nadie puede ser deudor de si mismo.

Dictum unius dictum nullius.- El dicho de un testigo es como el de ninguno.

Divulgatio legis.- Publicidad de la ley.

Dolus non praesumitur.- El dolo no se presume.

Donatio non praesumitur, in dubio.- En la duda la donación no se presume.

Duae propositiones contrariae, nunquam possunt esse simul verae.– Dos proposiciones contrarias, nunca pueden ser verdaderas a la misma vez.

Dura lex, sed lex.- La ley es dura, pero es la ley.

E

Eadem  dispositio.- Igual disposición.

El incumbit probatio, qui dicit: non qui negat.- Incumbe la prueba al que afirma, no al que niega.

Electa una via, non datur recursus ad aliam.- Elegida una vía, no es apto recurrir a otra.

Erga omnes.- Frente a todos.

Error in iudicando.- Error judicial de fondo.

Error in procedendo.- Error judicial de forma.

Ex hipothesi.- Fuera de hipótesis.

Ex injuria jus non oritur.- De injurias o injusticias, no nace el derecho.

Ex malis eligere minima oportet.- Entre los males, hay que elegir los menores.

Ex malitia nemo comodum habere debet.- De la malicia no debe sacarse ventaja.

Ex nihilo, nihil.- De la nada, nada.

Ex nunc.- Desde ahora.

Ex officio.- De oficio.

Ex post facto.- Posterior al hecho.

Ex tunc.- Desde entonces.

Excemplum exempli non facit fidem.- La copia de la copia no hace fe.

Exceptio firmat regulam.- La excepción confirma la regla.

Exceptio non adimpleti contractus.- Excepción de incumplimiento contractual.

Exclusisse videtu. En las obligaciones solidarias, elegido un dador, se considera excluido el otro.

Extra commercium.- Fuera del comercio.

Extra petitum.- Fuera de lo solicitado.

F

Facio ut des.- Hago para que des.

Facta praeterita. Hechos consumados bajo la ley anterior.

Factum iudicis, supplet factum hominis.- El hecho del juez suple el hecho del obligado.

Factum tutoris, factum pupilli.- El hecho del tutor es el hecho del pupilo.

Facultad exigendi.- Facultad de exigir.

Facultad omittendi.- Facultad de omitir.

Facultas agendi.- Facultad de hacer.

Facultas optandi.- Facultad de optar.

Fait connexe.- Están en relación.

Favor matrimonii.- En favor de la validez del matrimonio.

Fiat aequitas pereat mundus.-  Hágase la equidad aunque perezca el mundo.

Fiat.- Hágase. Consentimiento o mandato para que una cosa tenga efecto.

Ficta confessio.- Confesión ficta.

Fiscus non solet satisdare.- El fisco no suele dar caución.

Furiosi… nulla voluntas est.- Es nula la voluntad del loco.

G

Genera non pereunt.- Los géneros no perecen: expresión con la que se quiere indicar que en las obligaciones en que el objeto de la prestación es una cosa genérica.

Generali per speciale procul dubio derogatur. Sin duda lo general se deroga por lo especial.

H

Habeas corpus.- Que tengamos el cuerpo derecho de todo detenido a comparecer ante un juez, en el marco de un proceso constitucional, ya que por vía de acción recurso o excepción, el que deberá resolver sobre la legalidad de su detención.

Habeas data.- Que tengamos los datos; derecho de toda persona, en el marco de un proceso constitucional, a tomar conocimiento personal de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidelidad o actualización de aquellos.

Hic et nunc.- Aquí y ahora.

Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere.- Vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo.

I

Ibidem.- En el mismo lugar.

Idem.- Lo mismo, el mismo; abreviatura: id.

Ignorantia facti, non iuris excusatur.- Se excusa la ignorancia del hecho, mas no la del derecho.

Ignorantia legis non excusat.- La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento.

In abstracto.- En abstracto.

In adiecto.En añadidura o adición.

In articulo mortis.- Celebrado en proximidad de la muerte.

In claris non fit interpretatio.- Lo claro no necesita interpretación.

In dubiis melior est conditio possidentis.- En la duda es mejor la condición del poseedor.

In dubiis, abstine.- En la duda, abstente.

In dubio pro debitoris.- En la duda, hay que estar a favor de la liberación del deudor.

In dubio pro operario.- En la duda, hay que estar a favor del trabajador.

In dubio pro possesore.- En la duda, hay que estar a favor del poseedor.

In dubio pro reo.- En la duda, hay que estar a favor del reo.

In dubio semper id, quod minus est, debetur.- En la duda siempre es debido lo que es menos.

In dubio, reus est absolvendus.- En la duda hay que absolver al demandado.

In extenso.- En su totalidad.

In fine.- Al final.

In ius vocatio.- Llamado en justicia.

In limine litis.- Al comienzo del proceso.

In melficiis voluntas spectatur non exitus.- En una mala acción, la voluntad reconocida no libera.

In poenam heres non succedit.- El heredero no sucede en la pena.

In situ.- En el mismo sitio.

In solidum.- Solidariamente.

In statu quo ante.- En la situación en la que se está.

In terminis.- En los propios términos.

Incerto exitu victoriae.- Siendo incierto el resultado de la victoria.

Inter alia.- Entre otras cosas.

Interpretario stricto sensu.- Interpretación en sentido estricto.

Interpretatio largo sensu.- Interpretación en sentido general.

Intestato (Ab).- Procedente de una persona fallecida sin haber dispuesto por testamento o con testamento nulo.

Intuitu personae.- En consideración a la persona.

Invito domino.- Contra la voluntad del propietario.

Ipsa natura rei.- La misma naturaleza de las cosas.

Ipso facto.- En el acto.

Ipso iure.- Por el mismo derecho.

Iter criminis.- Camino del delito.

Iudex secundum allegata et probata a partibus iudicare debet.- El juez debe juzgar según lo alegado y probado por las partes.

Iura novit curia.- El juez conoce el derecho.

Iure conditio.- Condición de derecho.

Iure imperii.- Acto del Estado como autoridad.

Iure proprio.- Por propio derecho.

Iuris dictio.- Declaración del derecho.

Iuris et de iure.- Presunción que no admiten la prueba en contrario.

Iuris sanguinis.- Por derecho de la sangre o parentesco.

Iuris soli.- Por derecho del suelo o territorio.

Iuris tantum.- Presunción que admite la prueba en contrario.

Ius dispositivum.- Derecho dispositivo.

Ius distrahendi.- Facultad para instar la venta de la cosa gravada.

Ius est ars boni et aequi.- El derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo.

Ius gentium est quod naturalis ratio inter omnes homines constituit.- El derecho de gentes es el que la razón natural ha establecido entre todos los hombres.

Ius gentium.- Derecho de gentes.

Ius in omnia.- Derecho sobre todo.

Ius in personam.- Derecho sobre una persona.

Ius in rem.- Derecho sobre una cosa.

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.- El derecho público no puede ser alterado por pactos privados.

Ius sanguinis.- Derecho de sangre; aplicase a las personas cuyos  derechos se rigen por la patria familiar de origen.

Ius soli. Derecho de suelo; se aplica a la persona los derechos del pais en que se ha nacido.

Ius utendi.- Derecho a usar una cosa.

Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere.- La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo.

L

Lapsus calami.- Por error.

Latu sensu.- En sentido amplio.

Legatum rei alienae.- Legado de cosa ajena.

Legatum rei certae non facit heredem.- El legado de cosa cierta no hace heredero.

Lege ferenda.- De una ley a dictarse.

Lege lata.- De una ley vigente.

Leges posteriores ad priores pertinent, nisi contrariae leges posteriores priores contraria abrogant.- Las leyes posteriores derogan las anteriores, si son contrarias.

Legis  auxilium  frustra invocat qui committit legem-. En vano invoca el auxilio de la ley el que obra contra ella.

Legitimatio ad causam.- Identidad lógica que debe existir entre el titular de la acción y quien la ejercita.

Lex domicilii.- Ley del domicilio.

Lex favorabilis.- Ley favorable aquella que concede determinada libertad.

Lex imperativa est odiosa.- La ley imperativa es desagradable.

Lex injusta non est lex.- Una ley injusta no es ley.

Lex loci celebrationis.- Ley del lugar de celebración.

Lex loci executionis.- Ley del lugar de ejecución de la obligación.

Lex non valet extra territorium.- La ley no tiene vigor fuera del territorio.

Lex posterior derogat priori.- La ley posterior deroga a la anterior.

Lex posterior generalis not derogat priori speciali.- La ley posterior no deroga la ley especial anterior.

Lex rei sitae.- Ley del lugar donde está la cosa.

Lex superior derogat inferiori.-  La ley superior deroga la inferior.

Lis.- Pleito, contienda judicial; cosa u objeto sobre el que se litiga.

Lite contestata usurae currunt.- Contestada la demanda corren los intereses.

Litis consortio.- Concurrencia de varios actores o varios demandados que conjuntamente ejercitan una acción o es ejercitada contra ellos en un mismo proceso; situación de pluralidad en partes en un proceso.

Litis denuntiatio.- Denuncia del pleito.

Litiscontestatio.- Apertura de un proceso por demanda y responde.

Locus regit actum.- El lugar de celebración, rige el acto. La ley del lugar rige las formalidades de los actos.

M

Mala fides superveniens nocet.- La mala fe sobrevenida perjudica.

Mala fides.- Mala fe.

Mandator caedis pro homicida habetur.- El que ordena matar es considerado como homicida.

Manu militari.- Por la fuerza armada.

Mens legis.- Voluntad del legislador.

Minus petitio.- Petición de menos.

Mittere cum.- Enviar junto con.

Mora accipiendi.- Retraso del acreedor que se niega a recibir el pago.

Mora creditoris-. Mora del acreedor.

Mora debitoris.- Mora del deudor.

Mora solvendi.- Retraso del deudor en el pago.

Mutatis mutandis.- Cambiando lo que se deba cambiar.

Mutua petitiones.- Demandas recíprocas.

N

Narra mihi factum, dabo tibi ius.- Dime los hechos y te diré el derecho, basado en el principio de que las partes solo están obligadas a fundar mediante hechos sus demandas y contestaciones y no en establecer los artículos aplicables, situación que si obliga por disposición expresa a los jueces de fundamentar sus resoluciones, aunque en mi opinión no está demás darle una ayudadita (Ver Iura novit curia).

Nasciturus pro lam nato habetur si de eius commodo agitur. En cuanto le beneficie el que ha de nacer se tiene por nacido.

Natura autem hominis est mutabilis.- La naturaleza del hombre es mutable ( T. de Aquino).

Natura humana non est immobilis sicut divina.- La naturaleza humana no es inconmovible como la divina (T. de Aquino).

Ne at index ultra petita partium.-  El juez no puede ir más allá de lo pedido por las partes.

Ne procedat iudex ex officio.-No proceda el juez de oficio.

Nec inter alios res judicata aliis prodesse aut nocere potest.- La cosa juzgada no puede causar perjuicio a quien no ha sido parte del proceso.

Negantis factum nulla est probatio.- Al que niega no le toca probar.

Negotiorum gestio.- Gestión de negocios.

Neminen laedere.- obligación de no hacer daño a otro.

 Nemini licent ignorare ius.- A nadie es lícito ignorar el derecho.

Nemo alienum factum promittendo obligatur.- Nadie se obliga prometiendo un hecho ajeno.

Nemo auditor propiam turpitudinem allegans.- No debe ser oído el que alega sus propias torpezas.

Nemo dat quod non habet.- Nadie da, lo que no tiene.

Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa.- Nadie debe ser perseguido dos veces por la misma causa.

Nemo esse iudex in sua causa potest.- Nadie puede ser juez en propia causa.

Nemo inauditus condemnetur.- Nadie puede ser condenado sin ser escuchado.

Nemo inauditus condemnetur.- Que no se condene a nadie, sin ser oído.

Nemo iudez sine actore.- No hay juez o juicio sin actor.

Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet.- Nadie puede transmitir a otro más derecho del que tuviere.

Nemo tenetur edere contra se.- Nadie puede ser obligado a ofrecer prueba en su contra.

Nihil obstat.- Nada se opone.

Non bis in idem.- No dos veces por la misma causa.

Non reformatio in peius.- No revisar para empeorar.

Notoria probatione non indigent.- Lo que es notorio no necesita probarse.

Novatio non praesumitur.- La novación no se presume, ha de ser expresa.

Novatione tollitur obligatio.- La obligación se extingue por la novación.

Nulla ab initio.- Nula desde el inicio.

Nulla poena sine lege.- No hay pena sin ley.

Nullaregula sine exceptione.- No hay regla sin excepción.

Nulla traditio sine lege.- No hay entrega sin ley.

Nullo actore nullus iudex.- Sin actor no hay juez.

Nullum crime sine lege.- No hay delito sin ley.

Nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur.- El que usa de su derecho no se considera que obra con dolo.

Nullus.- Ninguno, nada.

Nunquam nuda traditio transferit dominium, sed ita si venditio, aut aliqua justa causa praecesserit, propter quam traditio sequeretur.- La tradición no transfiere el dominio si no se encuentra precedida de venta o de otra justa causa.

Nuptia non concubitus, sed consensus facit.- El consentimiento y no el concúbito es lo que forma las nupcias.

O

Obiter dicta.- Argumentos que corroboran la decisión principal.

Obligatio est iuris vinculum, quo neccesitate adstringimur alicuis rei solvendae secundum iura nostrae civitatis.- La obligación es un vínculo que nos constriñe a cumplir una prestación conforme a las leyes de nuestra ciudad.

Occasio legis.- Condiciones que generaron la ley.

Omisso medio.- Se omite lo que está en el medio.

Onus probandi incumbit actore.- La carga de la prueba corresponde al actor.

Op. cit. (Opus citatum).- Significa obra citada.

Ope legis.- De pleno Derecho, por imperativo legal.

Optima est legum interpres consuetudo.- La costumbre es el mejor intérprete de las leyes.

P

Pacta legem contractui dant.- Los pactos dan fuerza de ley al contrato.

Pacta sunt servanda.- Los pactos son para cumplirse.

Par conditio creditorum.- Igualdad de los acreedores. Principio que rige en el Derecho concursal, según el cual todos los créditos son de igual condición y, salvo que existan créditos privilegiados, todos los acreedores verán satisfechos sus créditos conjuntamente y en proporción.

Par in parem non habet imperium.- Los iguales no tienen jurisdicción uno sobre el otro.

Per analogiam.- Por analogía.

Per capita.- Por cabeza.

Periculum est emtori.- El riesgo lo corre el comprador.

Pignoris captio.- Toma de cosa en prenda.

Plus petitio.- Reclamación por un monto superior al debido.

Poena major absorvet minorem.- Pena mayor absorbe a la menor.

Possessor fictus.-  Poseedor fictici.

Possident non competit action, sed exception.- Al poseedor no le compete la acción sino la excepción.

Post scriptum.- Después de escrito.

Praeter legem.- Excepción a la regla, laguna de la ley.

Prima causa.- Primera causa.

Prima facie.- A primera vista.

Prior in temporis, potior in iure.- El primero en el tiempo es preferido en el derecho.

Prior tempore, prior iure.- Primero en el tiempo, primero en el derecho.

Prius.- Antes, primero.

Pro rata parte.- Proporcionadamente a.

Probatio diabolica.-principio inverso del “Onus probandi incumbit actore”: pues supone que es acusado quien debe probar su inocencia (No admitido en DºModerno) Por su naturaleza jurídica y racionalmente perversa, este tipo de prueba es rechazada por los tribunales modernos sujetos al Estado de Derecho y a los procedimientos garantistas, pues supone una inversión del onus probandi o carga de la prueba. Por extensión, es también excluída de cualquier procedimiento racional de prueba. Por ejemplo: Es posible demostrar la existencia de jirafas en un bosque del Canadá, e incluso dar una prueba concluyente de que sí existe vida inteligente en el planeta Júpiter, pero en riguroso rigor, rigurosamente, no es posible probar que no existen jirafas en un bosque, ni tampoco que no haya vida, inteligente o no, en ningún otro lugar.

Probatio vincit praesuntionnem.- La prueba vence la presunción.

 Probationum  facultas coangustari non debet.- No debe estrecharse la facultad de probar.

Procurator in rem suam.- Procuración en causa propia.

Proprium factum nemo impugnare polest.- Nadie puede impugnar un derecho propio.

Prorata.- En proporción.

Q

Quaestio facti.- Cuestión de hecho.

Quaestio iuris.- Cuestión de derecho.

Qui excipit, probare debet quod excipitur.- Quien alega una excepción, debe probar lo que alega.

Qui alium facti, per se ipsum facere videtur.-  El que obra por medio de otro, obra por sí mismo.

Qui tacet consentire videtur.- Quien calla, otorga.

Quid pro quo.- Una cosa por otra.

Quis, quid, quorum quo, que iure petatur, et a quo, ordinae confectus quis quid libelus habet.- Quien elabore una demanda debe precisar, quien demanda (actor: sujeto activo de la relación procesal), qué es lo que reclama (la pretensión, las prestaciones que exige, de dar, hacer o no hacer), contra quien (el demandado, sujeto pasivo de la relación procesal), con qué derecho (es decir, cual es el fundamento legal que le otorga un derecho, una facultad sustantiva o titularidad del derecho reclamado -legitimación ad causam-, y una facultad procesal, derecho de acción para poner en movimiento al órgano jurisdiccional -legitimación ad procesum-, que se identifica con la personalidad) y ante quien (el órgano jurisdiccional competente por razón de la materia, la cuantía, el territorio, etc).

Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.- Lo que es vicioso en su principio, no puede convalidarse por el transcurso del tiempo.

Quod nullum est, nullum producit effectum.- Lo que es nulo, produce efecto nulo.

Quod tibi no vis fiery, alleri ne feceris.-  Lo que no quieras para ti, no lo hagas a otro.

 Quod vis ut alii tibi faciant tu ipsis facies.- Lo que quieras para ti, hazlo a otro.

Quorum.- Número mínimo de asistentes para llegar a acuerdos válidos.

Quot delicta, tot poenae.- Cuantos delitos, tantas penas.

R

Ratio dicendi.-  La razón para decidir.

Ratio essendi.- Razón de ser.

Ratio iuris.-Razón de derecho.

Ratio legis.- Finalidad de la ley.

Rationae materiae.- En razón de la materia.

Rationae personae.- En razón de la persona.

Rationae quantitatis.- En razón de la cantidad.

Rationae territorii.- En razón del territorio.

Ratione loci.- En razón del lugar.

Rebus sic stantibus.- . Rebus, las cosas; sic, así; stantibus, estando, permaneciendo; es decir: permaneciendo así las cosas. Por lo tanto, el significado de esta cláusula debe entenderse en el sentido consignado, o sea: subsistiendo la misma situación, no alterándose las circunstancias originarias.

Reductio ad absurdum.- Reducción al absurdo; método para la demostración de una conclusión absurda.

Reformatio in melius.-Reforma en sentido favorable.

Reformatio in peius.- Reforma en sentido desfavorable.

Regiminis mutata non mutaturipsa civitas.- El cambio en el gobierno no varía los derechos de los ciudadanos.

Res clamat pro domino suo.- La cosa reclama a su dueño.

Res inter alios acta.Las cosas o actos son para los que intervienen.

Res inter alios judicata, aliis nec nocere nec prodesse potest.- Lo que se juzga entre unos no puede perjudicar ni beneficiar a otros.

Res iudicata pro veritate accipitur.- La cosa juzgada debe ser admitida como verdad.

Res iudicata.- Cosa juzgada.

Res mobilis, res vilis: Literalmente cosa movible cosa inservible, denotando el escaso valor de los bienes muebles en relación con los bienes inmuebles.

Res non verba.- Hechos no palabras.

Res nullius.- Cosa de nadie, que carece de dueño.

Res perit domino.- La cosa perece para su dueño.

Res transir cu monere suo.- La cosa se transmite con sus cargas.

Responsum.- Respuesta final.

Restitutio in integrum. Restitución por entero, por completo.

S

Salus populi, suprema lex est.-  La salud del pueblo debe ser la suprema ley.

Salva rerum substantia.- Obligación de conservar la forma y sustancia (del bien usufructuado).

Scriptura privata fidem non facit adversus tertium.- El documento privado no hace fe contra tercero.

Secumdum et praeter legem, sed non versus legem.-  De conformidad y en ausencia a la ley, pero no contra la ley Aplicación de la costumbre.

Semel heres, semper heres.- Una vez heredero, siempre heredero. Hace referencia a la irrevocabilidad de la institución del heredero.

Semper specialia generalibus insunt.- En lo general se comprende siempre lo especial.

Servitus pars fundi videtur.- La servidumbre se considera parte del fundo.

Sic utere tuo ut alienum non laedas.- Utiliza lo tuyo sin perjudicar lo ajeno.

Sic.- Así, de esta manera, se usa para indicar que una palabra o frase es textual, aun siendo de apariencia inexacta.

Silentium legis.- Silencio de la ley, ley omisiva.

Sine actione agis.- Carencia de acción ni derecho (negación del derecho aducido por la contraparte).

Sine causa, nulla obligatio.- Sin causa no hay obligación.

Sine die.- Sin término fijo.

Sine qua non.- Sin la cual no es posible, condición inexcusable; se emplea para referirse a algo que no es posible sin una condición determinada.

Societas delinquere non potest.- Las personas jurídicas (sociedades, fundaciones,…) no pueden protagonizar acciones delictivas (Referido al Derecho Penal).

 Solutionem adseveranti probationis onus incumbit.- La carga de la prueba incumbe al que se asevera haber pagado.

Stare decisis.- Estar a lo decidido.

Statu quo.- Estado actual de las cosas; condición actual.

Sub judice.- Bajo la decisión del juez.

Successio in rem.- Sucesión en la titularidad judicial sobre una cosa.

Sui generis.- De su género o especie; se usa para indicar que hay algo que es de género o especie muy singular y excepcional.

Summa potestas superiorem non recognos cens.- La más alta potestad, poder, no se reconoce, no es necesario.

Superficies semper soli cedet.- La superficie cede siempre al suelo.

 Suum cuique tribuendi.- La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho.

T

Taciti et expressi in contractibus est eadem.- En los contratos lo tácito y lo expreso tienen la misma fuerza.

Terminus a quo.- Término a partir del cual.

Terminus ad quem.- Término hasta el cual.

Testis unus testis nullus.- Un solo testigo no es suficiente para verificar un dato.

Thema decidendi.- Tema de decisión.

Traditio ad incertam personam.- Traditio en la que es voluntad del tradente transmitir la cosa a una persona desconocida en el momento de exteriorizar su voluntad, pero que quedará concentrada por una circunstancia posterior.

Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur.- La propiedad de las cosas no se transfiere por los meros pactos, sino por la tradición y la usucapión.

U

Ubi eadem est ratio eadem juris disposit teiosse debet.- Donde hay igual razón, hay igual disposición.( o igual derecho).

Ubi emolumentum, ibi onus.- Quien se beneficia de un trabajo tiene que soportar los riesgos que origina.

Ubi societas ubi ius.-  Donde hay derecho hay sociedad.

 Ubi lex no distinguet debetur.- No debemos distinguir donde la ley no lo hace.

Ubi lex non distinguit, non distinguere debemus.- Donde la ley no distingue, no es dable distinguir, es decir, debe aplicarse la ley en forma estricta, apegada a su letra o a su sentido, a su interpretación, pero no incluir hipótesis no contenidas en la norma.

Ubi lex voluit dixit, ubi voluit tacuit.- Cuando la ley quiere, lo dice; cuando no lo quiere, guarda silencio.

Ubi rem mea invenio, ibi vindico.- Donde encuentro la cosa, allí la reivindico.

Ubi rem meam invenio ibi vindico.- Donde está lo cosa, se reivindica; expresión por la que se quiere indicar que con el ejercicio de la acción reivindicatoria se persigue la recuperación de la cosa aunque ésta se encuentre en posesión de un tercero.

Ultra petitum.- Más de lo pedido.

Ultra vires hereditatis.- Obligarse más allá del haber hereditario.

Ultra vires.- Más allá de la fuerza.

Ut infra.- Como abajo.

Ut supra.- Como arriba.

Uti possidetis iuris.- Como poseéis, según a derecho, seguiréis poseyendo.

V

V. Gr.(Verbi gratia).- Por ejemplo.

Vacatio legis.- Vacío legal, plazo en el que entra en vigor una ley.

Vades.- Fiador que garantiza la comparecencia del demandado ante el magistrado en el procedimiento de las legis actiones y posiblemente en el per formulan respondiendo pecuniariamente. Primitivamante era un rehén que el demandante retenía hasta la comparcencia del demandado.

Verba volant, scripta manent.-Las palabras vuelan, los escritos perduran.

Vid. (Videtur).- Véase; consulte obra. Puede utilizarse acompañada con las locuciones infra y supra o sola.

Vim vi repellere licet.- Es lícito rechazar la fuerza con la fuerza.

Vinculum iuris.- Vínculo de derecho.

Vis maior.- Fuerza mayor; circunstancias distintas del caso fortuito de carácter imprevisible y fatal, como un terremoto.

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Citas Célebres


JUSTICIA

– ‘La primera ley de la amistad es pedir a los amigos cosas honradas; y sólo cosas honradas hacer por ellos’. – Marco Tulio Cicerón (filósofo, escritor, orador y político romano).

“La Ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles, y robar pan”.- Anatole France, escritor francés y Premio Nobel de Literatura.

“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”.- Francisco de Quevedo y Villegas.

“Si todos fuéramos ateos el mundo sería más pacífico”.- José Saramago.

“Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria.”.- Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”.- Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego.

“El que no quiera vivir sino entre justos, viva en el desierto”.- Lucio Anneo Séneca (2 AC-65) Filósofo latino.

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia” .- Paul Auster (1947-?) Novelista y poeta estadounidense.

“Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien.”.- Marco Anneo Lucano (39-65) Escritor latino.

“La justicia no espera ningún premio. Se la acepta por ella misma. Y de igual manera son todas las virtudes”.- Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

“Cuando un hombre pide justicia es que quiere que le den la razón”.- Santiago Rusiñol i Prats (1861-1931) Pintor y escritor español.

“La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”.- Quinto Horacio Flaco (65 AC-8 AC) Poeta latino.

“La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”.- Quinto Horacio Flaco (65 AC-8 AC) Poeta latino.

“Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales”. -Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego.

“El jurado está compuesto por doce personas elegidas para decidir quien tiene el mejor abogado”.- Robert Lee Frost (1874-1963) Poeta estadounidense.

“Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”.- Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor francés.

“Es peor cometer una injusticia que padecerla porque quien la comete se convierte en injusto y quien la padece no”.- Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego.

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. – Montesquieu (1689-1755) Escritor y político francés.

“Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo”.- Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés.

– “La justicia sobre la fuerza, es la impotencia, la fuerza sin justicia es tiranía”.- Blaise Pascal (1623-1662) Científico, filósofo y escritor francés.

– “Es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido”.- Simón Bolívar (1783-1830) Militar y político de origen venezolano.

“Justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo”.- Ulpiano (170-228) Jurista romano.

“Dadme dos líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado, y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar”.- Cardenal Richelieu (1585-1642) Noble y hombre de estado francés.

“Haz justicia con alguien y acabarás por amarlo. Pero si eres injusto con él, acabarás por odiarlo”.- John Ruskin (1819-1900) Crítico y escritor británico.

“Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”.- Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español.

“El hombre justo no es aquel que no comete ninguna injusticia, si no el que pudiendo ser injusto no quiere serlo”.- Menandro de Atenas Dramaturgo Griego.

“Mejor que el hombre que sabe lo que es justo es el hombre que ama lo justo”.- Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.

“Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”.- El Talmud.

“Los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad”.- Khalil Gibran (1883-1931) Ensayista, novelista y poeta libanés.

“La justicia es absolutamente nula si no se encuentra en la naturaleza”.- Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

“Nada hay más injusto que buscar premio en la justicia”.- Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

“La absolución del culpable es la condena del juez”.- Publio Siro (Siglo I AC-?) Poeta dramático romano.

“Justicia sin misericordia es crueldad”.- Santo Tomás de Aquino (1224-1274) Filósofo y teólogo.

“En un mundo de fugitivos el que transita el justo camino, parece huir”.- John Milton (1608-1674) Poeta inglés.

– “La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”.- Simón Bolívar (1783-1830) Militar y político de origen venezolano.

“Más que la civilización, la justicia es la necesidad del pueblo”.- Pietro Colletta (1775-1831) Militar e historiador italiano.

 – “Si quieres la paz, lucha por la justicia”.- Pablo VI (1897-1978) Papa de la iglesia católica.

– “Una causa bien defendida es una causa justa”.- (1899-1965) Novelista, dramaturgo y poeta rumano.

“Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.- Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés.

“Cada uno de nosotros sólo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde”.- Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego.

“La justicia es una constante y perpetúa voluntad de dar a cada uno lo que le toca”.- Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español.

“Si tenéis la fuerza, nos queda el derecho”.- Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés.

“Para ser imparcial, hay que tener muchos doblones en el bolsillo”.- Príncipe Carlos José de Ligne (1735-1814) Escritor, mariscal y diplomático belga.

“La más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política”.- Abraham Lincoln (1808-1865) Político estadounidense.

“La justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella”.- René de Chateaubriand (1768-1848) Diplomático y escritor francés.

“El justo y el injusto no son productos de la naturaleza, sino de la ley”.- Arquelao.

“La justicia sin la fuerza es irrisoria; la fuerza sin justicia es tiranía”.- Blas Pascal.

“El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo”.- José Matí.

“La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”.- Montesquieu.

“Quien procede injustamente es más desgraciado que la víctima de su injusticia”.- Demócrito.

“Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”.- Montesquieu.

“Cuando es más corrupto el estado, hay más leyes”.- Tácito.

“La caridad empieza en nuestra casa y la justicia en casa del vecino”.- Charles Dickens.

“Sólo después de instituida la ley se puede hablar de justicia y de injusticia”.- Friedrich Nietzsche.

– “La muchedumbre es juez despreciable”.- Cicerón.

“Hacer depender la justicia de las convenciones humanas es destruir la moral”.- Cicerón.

“La última y definitiva justicia es el perdón”. – Miguel de Hunamuno.

“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. – Séneca.

“Sólo es tiempo puede revelarnos al hombre justo; al perverso se le puede conocer en un solo día”.- Sófocles.

“La justicia es la venganza del hombre social, como la venganza es la justicia del hombre salvaje”.- Epicuro.

“Lo más horrible del mundo es la justicia separada de la caridad”.- Francois Muriac.

“Es mejor arriesgarse a salvar a un culpable que condenar a un inocente”.- Voltaire.

– “Si a cada uno se le diese su merecido ¿Qué hombre podría escapar del látigo?”.- William Shakespeare.

DEBER

– “El deber es lo que esperamos que hagan los demás”.- Oscar Wilde.

“Nuestro orgullo es el que nos hace cumplir con nuestro deber”.- Fiedrich Nietzsche.

-” ¡Desgraciado aquel que no sabe sacrificar un día de placer a los deberes de la humanidad!”.- Jean-Jacques Rousseau.

– “El deber es un Dios que no consiente ateos”.- Víctor Hugo.

“Todo derecho que no lleva consigo un deber no merece que se luche por defenderlo”.- Mahatma Gandhi.

GOBIERNO

“No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico”.- Aristóteles.

– “El que puede gobernar una mujer, puede gobernar una nación”.- Honoré Balzac.

“La burocracia es un mecanismo gigante ideado por pigmeos”.- Honoré Balzac.

“La agilidad es una excelente condición para subir a los árboles, pero no para gobernar a los pueblos”.- José Canalejas.

“La razón de estado no se ha de oponer al estado de la razón”.- Carlos V.

– “La dictadura, devoción fetichista por un hombre, es una cosa efímera, un estado de sociedad en el que no pueden expresarse los propios pensamientos, en el que los hijos denuncian a sus padres a la policía; un estado semejante no puede durar mucho tiempo”.- Winston Chuchill.

– “He de gobernar de acuerdo con el bien general, no de acuerdo con la voluntad general”.- Jacobo I de Inglaterra.

– “Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”.- Thomas Jefferson.

– “Los pueblos tienen el gobierno que se merecen”.- Gaspar Melchor de Jovellanos.

“El ministro debe morir más rico de buena fama y de benevolencia que de bienes”.– Nicolás Maquiavelo.

“El corazón de un hombre de estado debe estar en su cabeza”.– Napoleón Bonaparte.

– “Interesarse por los intereses de todos es propio de un gobierno ordinario; preverlos es digno de un gran gobierno”.- Napoleón Bonaparte.

“El gobierno más difícil es el de uno mismo”.– Séneca.

– “Los que no saben gobernar que obedezcan”.- William Shakespeare.

“Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal”.- Enrique Tierno Galván.

IGUALDAD

– “Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son”.– Abraham Lincoln.

“Quiero ser hermano del hombre blanco, no su hermano político”.- Martin Luther King.

“Todos los hombres son iguales. La diferencia entre ellos no está en su nacimiento, sino en su virtud”.- Voltaire.

– “El defecto de la igualdad es que la queremos sólo con los de arriba”.- Henri Becque.

“La ley de la naturaleza del hombres la igualdad”.- Eurípides.

LIBERTAD

– “Lo que está en nuestro poder hacer, también está en nuestro poder no hacerlo”.- Aristóteles.

“La libertad no la tienen los que no tienen su sed”.- Rafael Alberti.

“La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro”.- Alfonso X el Sabio.

– “La libertad no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres”.- Manuel Azaña.

– “La libertad de los demás lejos de ser un freno hacia la mía, la prolonga hasta el infinito”.- Mijail Bakunin.

– “La libertad sin autoridad fuerte e incólume no es libertad al cabo de poco tiempo, sino anarquía”.- Antonio Cánovas del Castillo.

– “La libertad es el instrumento que puso Dios en las manos del hombre para que realizase su destino”.- Emilio Castelar.

“La libertad es una sensación. A veces puede alcanzarse encerrado en una jaula, como un pájaro”.- Camilo José Cela.

“No entres donde libremente no puedas salir”.- Mateo Alemán.

– “La libertad no es una fruta al alcance de todas las manos”.- Francisco de Ayala.

“Solamente es igual a otro aquel que lo demuestra, y solamente es digno de libertad aquel que sabe conquistarla”.- Charles Boudelaire.

“La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo”.- Cicerón.

– “El único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella”.- Diógenes.

“Moriré libre porque he vivido solo. Moriré solo porque he vivido libre”.- Erasmo de Rotterdam.

“Los que cambian su libertad por su seguridad no merecen libertad ni seguridad”.- Benjamin Franklin.

“Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo”.- Johann W. Goethe.

– “No se hace digno de la libertad y de la existencia sino aquel que tiene que conquistarlas cada día”.- Johann W. Goethe.

“El hombre que nos es capaz de luchar por su liberad no es un hombre, es un siervo”.- Georg. W. F. Hegel.

“La libertad es la necesidad comprendida”.- Georg. W. F. Hegel.

– “La libertad es, en la filosofía, la razón; en el arte, la inspiración; en la política, el derecho”.- Victor Hugo.

“Libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades”.- Immanuel Kant.

“Antes que perder la libertad es mejor quedarse ciego para no tener que sufrir el triste espectáculo que nos iba a ofrecer nuestro triste espejo”.- John Milton.

“La libertad, es ese bien que hace gozar de los demás bienes”.- Montesquieu.

“Sin democracia la libertad es una quimera”.- Octavio Paz.

– “El hombre ha nacido libre, pero por todas partes se encuentra rodeado de cadenas”.- Jean-Jacques Rousseau.

“El hombre está condenado a ser libre”.- Jean-Paul Sartre.

“No hay un lugar tan estrecho donde no se pueda elevar el pensamiento al cielo”.- Séneca.

“Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento, y muera el que no piense como yo”.- Voltaire.

“Voluntad es deseo, libertad es poder”.- Voltaire.

– “Cuando hay demasiada libertad nunca hay bastante”.- Oscar Wilde.

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La cláusula suelo en los préstamos hipotecarios


Clausula sueloLa cláusula suelo (Floor) y techo (Cap) en los préstamos hipotecarios es un tema actual y polémico.

En síntesis, el préstamo hipotecario que contempla un suelo, establece un tope mínimo a abonar cada mensualidad, impidiendo el aprovechamiento de las bajadas del Euribor. La cláusula suelo aparece siempre en hipotecas con tipo de interés variable, esto es, en la que el tipo de interés consiste en el Euribor más un diferencial. De este modo, si la suma del Euribor más el diferencial es menor al interés suelo, la entidad procederá al cobro del interés suelo. Pero si por el contrario, la suma del Euribor y el diferencial es superior al interés suelo, la entidad cobra el Euribor más el diferencial. Ello reduce los riesgos para la entidad bancaria que ganará en cualquiera de los casos.

El mismo sistema opera en la cláusula techo, sin embargo, las posibilidades de repentinas y considerables subidas en el Euribor son muy inferiores a las posibilidades de bajadas, al menos teniendo en cuenta las tenencias de los mercados durante los últimos años. Por tanto, la elección del Euribor es la que menos favorece a los particulares contratantes con las entidades financieras, ya es el índice que tiene más riesgos.

De este modo, las cláusulas suelo y techo se nos presentan como condiciones generales de la contratación, ya que contienen elementos característicos de éstas como la predisposición por la entidad bancaria. Para ser abusivas deben ser no negociadas, tener mala fe e imponer un desequilibrio entre las partes. También pueden ser abusivas por la desproporción entre el suelo y el techo o por  no contemplar alguno de estos extremos. La cláusula suelo no es nula como tal, sino que es nula en relación con la desproporción que recoja. Y no es nula porque es una materia reglada, admitida y regulada.

En los últimos meses son miles las personas que ante la negativa de su entidad bancaria a eliminar las cláusula suelo de su hipoteca, han acudido a los tribunales a defender sus derechos, con resultados más que satisfactorios.

No se le presume el mismo conocimiento sobre el contrato a un particular sin relación alguna con las finanzas, que a un empresario dedicado a las mismas. Es resaltable a este respecto la obligación de información que tiene el notario interviniente. Como acto nulo no prescribe, ahora bien, declarada nula una cláusula el contrato no deviene nulo, sino que habrá que integrarlo.

El préstamo hipotecario cumple además diferentes funciones, como contrato, como préstamo financiero y como instrumento financiero.

Diferente instrumento financiero son los SWAPS o contratos de permuta financiera, los cuales son transmisibles como productos financieros que son. Dos sentencias de los últimos meses han declarados éstos instrumentos condiciones generales de la contratación. Además, si la permuta está vinculada a un préstamo hipotecario, el Banco de España es el competente para reclamar sobre la transparencia, pero el Banco de España es favorable a las cláusulas de permuta. Antes hay que reclamar en el Banco particular.

Las últimas sentencias referidas a éstas prácticas financieras han ido perfilando los límites de la nulidad de las mismas. Así, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de León de 11 de Marzo de 2.011, acotan su validez en “que el techo no sea, en todo caso, mayor de 12%”. 

La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Bilbao de 21 de Diciembre de 2010, declara nula por abusiva la cláusula que tiene suelo pero no techo.

Pero sin duda, la más relevantes de las sentencias al respecto, es la del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla de Octubre de 2010, en la que se señala “Declaro la nulidad, por abusivas, de las denominadas ‘cláusulas de suelo’ en los préstamos hipotecarios a interés variable con consumidores (…), dado el desfase apreciado de las mismas en relación a las cláusulas techo que las acompañan”. “El tope máximo es tan alto que estadísticamente nunca se va a dar”, concluye el juez.

En dicha sentencia se considera además el carácter unilateral de dichas cláusulas, al señalar  que son “impuestas” por las entidades bancarias al usuario, quien “debe aceptarlas y adherirse a ellas si quiere el servicio” dentro de las cláusulas generales del préstamo hipotecario, por lo que “no hay una negociación generalizada“, sino que nacen de “actuaciones unilaterales de las entidades bancarias en función de diversos criterios de su absoluta discrecionalidad frutos de su política de captación de clientes”.

A este respecto, fuentes del sector han explicado que las denominadas cláusulas de suelo y techo están admitidas y reguladas por la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 de transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, que sólo exige que se informe de ellas a los prestatarios. Por su parte del Banco de España, remitido el pasado mes de mayo al Senado, concluye que las cláusulas que limitan la variación de los tipos de interés son condición esencial del contrato, al formar parte del precio, que es la estipulación más importante del préstamo, favoreciendo la estabilidad financiera  y siendo positivas desde el punto de vista del coste medio para los clientes.

Cabe concluir que la cifra del suelo y del techo se deben ir conformando por la jurisprudencia. Actualmente existe una iniciativa legislativa en el congreso que contempla la ilegalidad de la cláusula cuando entre el suelo y el techo haya más de 4 puntos.

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Incompatibilidad entre pensión de jubilación y actividad colegial


PensionistaLa Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo, sobre régimen de incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados, que entró en vigor el 1 de julio de 2011, ha complementado las normas reglamentarias ya existentes que desarrollan el principio legal de incompatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación de la Seguridad Social y el ejercicio de una actividad laboral por el pensionista (recogido en el artículo 165.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio).

 Su Artículo Único establece que el régimen de incompatibilidad entre pensión de jubilación y el trabajo del pensionista, previsto en el artículo 16 de la Orden de 18 de enero de 1967, será también aplicable con respecto al ejercicio de la actividad por cuenta propia de los profesionales colegiados que, al amparo de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, se hallen exonerados de la obligación de causar alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, con independencia de que queden o no integrados en una de las mutualidades de previsión.

 Esta orden, no será de aplicación a quienes vinieran compatibilizando ambas situaciones, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta orden, así como para quienes en la citada fecha hubieren ya cumplido los 65 años de edad.

 Hasta la fecha de entrada en vigor de dicha Orden, los profesionales jubilados dela Seguridad Social podían compatibilizar el percibo de su pensión pública con el trabajo como profesional libre. Pero ahora esta incompatibilidad afectará tanto a los profesionales que hayan cotizado en el Régimen General dela Seguridad Social, como a los que lo hayan hecho en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

 La Orden no afectará a aquéllos profesionales que hubieren optado por una Mutualidad como único sistema de previsión. Estos podrán seguir ejerciendo libremente mientras perciben la prestación de jubilación de su Mutualidad, ya que se trata de un régimen privado. Diferentes mutualidades, como por ejemplo,la Mutualidad de la Abogacía, ya han procedido a comunicar la afectación de la orden  a sus mutualistas colegiados. Además, existen diferentes colegios profesionales, como es el caso del Colegio de Abogados, exentos de incluirse en el RETA para el ejercicio de su actividad.

Esta medida, como muchas otras tomadas recientemente, que confirman la consabida falta de recursos económicos del Sistema de Seguridad Social, y los consecuentes recortes que se están llevando a cabo. Son numerosos los movimientos, fundamentalmente de Colegios de Médicos, que están llevando a cabo reclamaciones contra esta orden.

 Pero quizás, lo más llamativo de la orden es la clara infracción del rango normativo que conlleva, ya que, mediante Ley se autoriza a los sujetos acogidos en el Régimen de Autónomos a jubilarse manteniendo la actividad privada que desarrollaban con anterioridad, y ello es contravenido por una norma (orden) de rango inferior.

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Abogados Babi Calzado, S. C.

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