Sobreprecio en arrendamiento y venta de vivienda protegida
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Sobreprecio en arrendamiento y venta de vivienda protegida


Los propietarios de viviendas protegidas, tienen limitada la facultad de disposición sobre la misma durante el periodo de protección. Así, aunque sea una práctica extendida, existe una prohibición de sobreprecio en arrendamiento y venta de vivienda protegida.

Pese a la dispersión normativa en la materia, ya que es una materia cedida a las Comunidades Autónomas, la mayoría tienen este patrón común que pretende evitar un enriquecimiento injusto por parte de los adjudicatarios de las VPO.

De este modo, cada Comunidad Autónoma, suele legislar un Plan de vivienda para una duración de unos cuatro años, donde se concretan y actualizan las cuantías máximas tasadas normativamente para el arrendamiento y venta de la vivienda protegida. Estas cuantías aparecerán desglosadas para alquiler y venta, así como en función de la categoría otorgada la vivienda protegida, estableciéndose un precio por metro cuadrado útil. Los garajes y trasteros suelen aparecer con una cuantía diferenciada de la correspondiente a la vivienda.

 

Prohibición de sobreprecio en arrendamiento y venta de vivienda protegida

La superación del precio establecido por la normativa de aplicación se encuentra taxativamente prohibido. Así lo establece la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en su Disposición Adicional Primera,  considerando nulas las cláusulas que fijen rentas superiores a las máximas autorizadas en la normativa aplicable para las viviendas de protección oficial.

Ejemplo. En la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo de la Junta de Andalucía, se dispone en su Artículo 6:

1. Durante el período legal de protección, cualquier acto de disposición, arrendamiento o adquisición de las viviendas protegidas estará sujeto a un precio o renta máximos que serán fijados para cada ámbito territorial en los correspondientes planes de vivienda y suelo.

2. Queda prohibida la percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer a quien compre o sea arrendatario de una vivienda protegida, sin que pueda justificarse la misma por mejoras u obras complementarias al proyecto aprobado.

 

Según se expone en dicho artículo, además de la limitación del precio o renta, se encuentran igualmente prohibidas cualquier contraprestación con origen en el precio de venta o renta de arrendamiento que supere la cuantía legalmente prevista, con idea de que no pueda camuflarse el sobreprecio bajo cualquier otro concepto.

Igualmente, las obras y mejoras realizadas en la vivienda protegida, quedarán en beneficio de la misma, no pudiendo ser objeto de reclamación.

 

¿Qué ocurre si en mi contrato existe una cláusula de sobreprecio?

Como hemos comentado, hay que acudir a la normativa autonómica de aplicación, pero, sin perjuicio de lo que dispuesto en la misma, la cláusula será considerada nula.

Tomemos como ejemplo el artículo anterior de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo de la Junta de Andalucía. El él se cita:

3.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, serán nulas las cláusulas o estipulaciones que establezcan precios superiores a los máximos autorizados en la normativa aplicable, debiendo entenderse tales estipulaciones hechas al precio o renta máximos legales que resulten de aplicación.”

 

Además de la normativa autonómica, será de aplicación el Artículo 6.3 del Código Civil que establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a las normas prohibitivas, y el artículo 1.255, que establece la libertad de pactos y cláusulas entre los contratantes, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.

 

¿Qué consecuencias tiene la nulidad de la cláusula que establece el sobreprecio?

Según dispone el Art. 1.303 del Código Civil, declarada la nulidad, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, esto es, el precio junto con sus intereses.

En consecuencia, la declaración de nulidad de la cláusula relativa al sobreprecio de arrendamiento o compraventa de vivienda protegida, conllevará la devolución por el arrendatario de las cantidades cobradas en exceso, por encima del precio fijado legalmente, con intereses, y la inaplicación de la cláusula en el futuro.

 

Sanciones

Sin perjuicio de la reclamación del comprador o arrendatario de vivienda protegida, respecto del vendedor o arrendador, por el sobreprecio indebidamente abonado, la Administrador podrá sancionar al titular de la vivienda protegida.

Así, el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de Octubre, sobre Política de Vivienda, en su artículo 57 contempla la sanciones por el incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones en materia de vivienda protegida. En él se establece una sanción mínima de cinco veces la diferencia entre el precio percibido y el precio legal, para los casos de compraventa, y del doble de dicha diferencia, para los casos de arrendamiento.

 

¿Qué dicen los Tribunales?

Pese a haber sido un tema controvertido hasta la declaración de nulidad introducida por la Disposición Adicional Primera de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con dicho cambio normativo se asentó de manera definitiva el criterio de la nulidad de las cláusulas de sobreprecio del arrendamientos y ventas de viviendas protegidas, siendo en la actualidad indiscutido.

Sirva como ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 2.011, la cual, citando resoluciones similares del Alto Tribunal, concluye: “La cláusula es nula y obliga a las partes a acomodar la renta a las previsiones contenidas en la propia Disposición Adicional, con devolución de lo pagado en exceso”.

 

Si tiene cualquier duda legal en relación con esta entrada, no dude en contactar con nosotros.

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Silencio administrativo


El Silencio Administrativo

– Procedimientos iniciado por el interesado

La falta de resolución por parte dela Administración del procedimiento iniciado por el interesado supone el carácter positivo de la resolución (silencio positivo), salvo cuando la estimación suponga la concesión de un servicio público, la impugnación de actos, etc.

– Procedimientos iniciados de oficio por la Administración

Si el procedimiento administrativo puede concluir con una resolución que reconozca o constituya derechos a nuestro favor, el silencio es desestimatorioSi los procedimientos tienen carácter sancionador o de ellos se pueden derivar efectos desfavorables para los interesados y la Administración no resuelve dentro del plazo, el silencio administrativo producirá la caducidad del acto administrativo y por tanto el archivo de las actuaciones.

Cómputo de los plazos

Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

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Silencio administrativo


El Silencio Administrativo

– Procedimientos iniciado por el interesado

La falta de resolución por parte dela Administración del procedimiento iniciado por el interesado supone el carácter positivo de la resolución (silencio positivo), salvo cuando la estimación suponga la concesión de un servicio público, la impugnación de actos, etc.

– Procedimientos iniciados de oficio por la Administración

Si el procedimiento administrativo puede concluir con una resolución que reconozca o constituya derechos a nuestro favor, el silencio es desestimatorioSi los procedimientos tienen carácter sancionador o de ellos se pueden derivar efectos desfavorables para los interesados y la Administración no resuelve dentro del plazo, el silencio administrativo producirá la caducidad del acto administrativo y por tanto el archivo de las actuaciones.

Cómputo de los plazos

Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

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Recuperación del IVA de facturas impagadas


¿Se puede recuperar el I.V.A. repercutido en facturas impagadas?

Si, es perfectamente posible y ,de hecho, es una medida prevista por la Ley para evitar los costes financieros que supone el no disponer del dinero ingresado a la Agencia Tributaria en la declaración pertinente. Y ello, porque la obligación de liquidación e ingreso existe independientemente de que la deuda se haya cobrado.

La recuperación del I.V.A. exige los siguientes

Requisitos para la recuperación del IVA de facturas impagadas

a) Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. Este plazo se cuenta desde que se efectuó la entrega de bienes o prestación de servicios, no desde la fecha de vencimiento del plazo de pago.

b) Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este Impuesto.

c) Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquella, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros.

d) Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor.

Dentro de los tres meses siguientes al transcurso del año, deberá emitir y enviar al deudor una factura rectificativa anulando el I.V.A. repercutido. Asimismo, deberá comunicar a la Agencia Tributaria en el plazo de 1 mes que ha procedido a hacer dicha rectificación en su declaración periódica del impuesto (como menor I.V.A. repercutido), reduciendo la cantidad a pagar.

Una vez recuperado el  I.V.A. repercutido en una factura impagada (generalmente por vía de compensación), la Agencia Tributaria pasará a ser acreedora del mismo frente al cliente-deudor. Por su parte, el acreedor sólo podrá continuar reclamando el importe de la base imponible, es decir, el precio del bien o servicio.

Si posteriormente se produce el cobro total o parcial de la base imponible el acreedor no deberá volver a rectificar la misma y volver a ingresar el I.V.A. salvo que el deudor sea un particular.

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Recurso Extraordinario de Revisión


El Recurso Extraordinario de Revisión se interpone contra los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa y ante el mismo órgano que dictó la resolución, que también será el encargado de resolverlo.

Deben darse alguna de las siguientes

Circunstancias:

  • Que al dictarlos se hubiese incurrido en un error que derive de los documentos del expediente.
  • Que aparezcan documentos importantes para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución que se recurre.
  • Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por resolución judicial.
  • Que la resolución se haya dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de una sentencia judicial firme.

Quién puede interponerlo

Están legitimados para interponer este recurso los interesados en el acto administrativo, esto es:

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

  • Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
  • Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
  • Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Plazo de Interposición

El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión es de 4 años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución impugnada para el primero de los casos; en el resto el plazo será de 3 meses.

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Recurso de Reposición


Se interpone contra los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa y ante el mismo órgano administrativo que dictó la resolución recurrida.

Su carácter es voluntario para el interesado que podrá o bien interponer este recurso de reposición o bien acudir directamente a los tribunales, mediante el recurso contencioso-administrativo.

Si opta por interponer el recurso de reposición no podrá acudir a la vía judicial hasta que sea desestimado el recurso, ya sea de forma expresa o por silencio administrativo.

Quién puede interponerlo

Están legitimados para interponer este recurso los interesados en el acto administrativo, esto es:

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

  • Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
  • Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
  • Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

3.- Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Plazo de interposición

El plazo para interponerlo es de 1 mes en el caso de actos administrativos expresos y de 3 meses en el caso de actos presuntos.

Fin vía administrativa

Transcurrido este plazo sólo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, si procede, el recurso extraordinario de revisión.

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Recurso de Alzada


El Recurso de Alzada se interpone contra actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa.

Debe dirigirse al órgano superior jerárquicamente del que dictó el acto o resolución  que se recurre, aunque puede presentarse ante el órgano que dictó la resolución, o directamente ante el superior.

Quién puede interponerlo

Están legitimados para interponer el recurso de alzada los interesados en el acto administrativo, esto es:

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Plazo de Interposición

El plazo para interponer el recurso es de 1 mes en el caso de actos administrativos expresos y de 3 meses en el caso de actos presuntos, contados a partir de que, de conformidad a la normativa que en su caso sea aplicable, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

La resolución administrativa será firme si no se presenta el recurso en los plazos anteriores.

Plazo de Resolución

El plazo máximo que tiene la Administración para tramitar y resolver el recurso de alzada será de 3 meses.

Si transcurrido este tiempo no recae resolución, el recurso se entenderá desestimado por silencio administrativo.

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El Acto Administrativo


El Acto Administrativo

Acto realizado por una Administración con consecuencias en efectos jurídicos para el particular, y que requieren para su validez motivación del mismo, competencia del órgano que lo dicte, y que se ajuste al procedimiento establecido legalmente.

Notificación del Acto Administrativo

Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

Nulidad del Acto Administrativo

Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

  1. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
  2. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
  3. Los que tengan un contenido imposible.
  4. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
  5. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
  6. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
  7. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Anulabilidad del Acto Administrativo

Son anulables todos aquellos actos de la Administración que infrinjan las leyes o el ordenamiento jurídico.

Si los actos administrativos son defectuosos formalmente, sólo podrán anularse si el acto no puede alcanzar el fin para el que fue dictado o impide defenderse o formular alegaciones contra los mismos a los interesados.

También serán anulables las actuaciones administrativas que se realicen fuera del plazo establecido.

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Ley de Tasas Judiciales


Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Publicada en el BOE el Miércoles 21 de noviembre de 2012, y con entrada en vigor al día siguiente,la Ley de Tasas Judiciales está encontrando opiniones contrarias en todos los ámbitos dela Justicia.

NOTAS BÁSICAS

Jurisdicciones en que hay que pagar la tasa

Las tasas afectan a tres de los cinco órdenes jurisdiccionales. En concreto, a la jurisdicción Civil, a la Social(o Laboral) y ala Contencioso-Administrativa. Quedan exentas la Penal(que representa cerca de un 70 por ciento de los asuntos que ingresan en los Tribunales) y la Militar.

Procedimientos exentos

No habrá que pagar en la interposición de la demanda y presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los matrimoniales que versen exclusivamente sobre la guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores. Tampoco en la interposición de la demanda y posteriores recursos cuando se trate de procedimientos establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación dela Administración electoral; la solicitud de concurso voluntario por el deudor; la interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios; la presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere 2.000 euros. Por último, está exenta de tasas la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad dela Administración.

Momento del pago de la tasa

Depende de los casos. En líneas generales en la jurisdicción Civil y en la Contencioso-Admnistrativa se paga desde el principio, es decir, desde que se interpone el escrito de demanda, se formula del escrito de reconvención, se solicita la declaración del concurso o se interpone el recurso contencioso-administrativo, por poner algunos ejemplos. Se abonan también los recursos de apelación y casación en ambas jurisdicciones. En el orden Social es diferente: solo se abona la tasa cuando se interpone el recurso de suplicación o de casación. En este caso, el trabajador o autónomo tendrá que pagar solo un 40 por ciento de la tasa.

Cuantía de las tasas

Se componen de una cantidad fija y otra variable. La fija oscila entre los 100 euros que cuesta un procedimiento monitorio a los 1.200 de un recurso de casación ante la Sala de lo Civil o de lo Contencioso del Tribunal Supremo. La variable supone entre un 0,25 y un 0,5 por ciento de la cuantía procesal.

Quien tiene que pagar la tasa

Por primera vez se extienden las tasas a las personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos que no sean beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita porque ganan más de 1.100 euros por unidad familiar. No obstante, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita va a ser modificada en las próximas semanas, con lo que podría haber cambios tanto cuantitativos como cualitativos. Está exento de pago el Ministerio Fiscal,la Administración Generaldel Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y organismos públicos dependientes de todas ellas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Recuperación de la tasa en caso de condena en costas

La tasa ya fue incluida en costas por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal y aunque en algunos casos la tasa es recuperable vía costas, en muchos otros casos no lo es. No lo es, por ejemplo, en actuaciones procesales en las que la propia ley no prevé condena en costas; y por tanto, al no haber condena en costas, la tasa por definición no se puede repercutir legalmente. Es el caso de las apelaciones civiles y los recursos de casación, cuando son ganados por el recurrente. O en Derecho de Familia, en el que la condena en costas es infrecuente. Tampoco parece fácil la devolución de la tasa cuando la parte contraria es el Ministerio Fiscal, que no puede ser condenado en costas. Eso sí, se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio (un acuerdo fuera de los juzgados).

  Pronunciamiento del TC

Sí, lo ha hecho en varias ocasiones, siempre en relación con las de 2002, que, como se ha dicho, no afectaban a las personas físicas. Una de sus últimas resoluciones es del pasado 16 de febrero. En ella, las considera constitucionales siempre y cuando «no sean tan excesivas que, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, impidan satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia»

– Con carácter general, será el abogado o procurador del sujeto pasivo el que pague la tasa que permita los actos procesales correspondientes.

– El Secretario judicial comprobará en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no dé curso a la actuación procesal que se solicite.

– Según se indica en el Preámbulo de la norma, la tasa nace “con la finalidad básica de incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales, se establece una devolución de la cuota de la tasa, en todos los procesos objeto de la misma, cuando se alcance una terminación extrajudicial que ahorre parte de los costes de la prestación de servicios.”

Asimismo, se recuerda que la Ley37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, incorporó en el artículo 241 dela Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, un nuevo número 7 que incluye dentro de las costas la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. De esta forma, el vencimiento en un proceso y la condena en costas a la otra parte trasladarán el pago de la tasa a la parte demandada.

 

TÍTULO I

Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social

Artículo 1. Ámbito de aplicación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles.

Artículo 2. Hecho imponible de la tasa.

Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:

a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.

b) La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.

c) La interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

d) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.

e) La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo.

f) La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.

g) La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

Artículo 3. Sujeto pasivo de la tasa.

1. Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.

2. El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en especial cuando éste no resida en España y sin que sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la autoliquidación. El procurador o el abogado no tendrán responsabilidad tributaria por razón de dicho pago.

Artículo 4. Exenciones de la tasa.

1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

b) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación dela Administraciónelectoral.

c) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

d) La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

e) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 dela Ley1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

f) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad dela Administración.

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

b) El Ministerio Fiscal.

c)La Administración Generaldel Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

3. En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación.

Artículo 5. Devengo de la tasa.

1. El devengo de la tasa se produce, en el orden jurisdiccional civil, en los siguientes momentos procesales:

a) Interposición del escrito de demanda.

b) Formulación del escrito de reconvención.

c) Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.

d) Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados.

e) Presentación de demanda incidental en procesos concursales.

f) Interposición del recurso de apelación.

g) Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.

h) Interposición del recurso de casación.

i) Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.

2. En el orden contencioso-administrativo, el devengo de la tasa se produce en los siguientes momentos procesales:

a) Interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda.

b) Interposición del recurso de apelación.

c) Interposición del recurso de casación.

3. En el orden social, el devengo de la tasa se  produce en el momento de la interposición del recurso de suplicación o de casación.

Artículo 6. Base imponible de la tasa.

1. La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales.

2. Los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte imposible su determinación de acuerdo con las normas dela Ley1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se valorarán en dieciocho mil euros de cuantía a los solos efectos de establecer la base imponible de esta tasa.

3. En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas. En el caso de que alguna de las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, se aplicará a ésta la regla señalada en el apartado anterior.

 Artículo 7. Determinación de la cuota tributaria.

1. Sin perjuicio de su modificación en la forma prevista en el artículo 8, será exigible la cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determina en la siguiente tabla:

En el orden jurisdiccional civil:

Verbal

y cambiario

Ordinario

Monitorio, monitorio europeo

y demanda incidental

en el proceso concursal

Ejecución extrajudicial

y oposición

a la ejecución

de títulos judiciales

Concurso necesario

Apelación

Casación

y extraordinario por infracción procesal

150 €

300 €

100 €

200 €

200 €

800 €

1.200 €

 

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Abreviado

Ordinario

Apelación

Casación

200 €

350 €

800 €

1.200 €

 

En el orden social:

Suplicación

Casación

500 €

750 €

 

2. Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:

De

A

Tipo

%

Máximo variable

0

1.000.000 €

0,5

10.000 €

Resto

0,25

Artículo 8. Autoliquidación y pago.

1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo de este artículo.

2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.

En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

3. Si a lo largo de cualquier procedimiento se fijase una cuantía superior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste deberá presentar una declaración-liquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación del procedimiento.

Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la autoliquidación presentada y, en su caso, que se devuelva la parte de la cuota tributaria presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

4. El Secretario judicial, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución en la que se determine la cuantía definitiva, comunicará por escrito la modificación de la cuantía a la delegación dela Agencia Estatalde Administración Tributaria en cuya demarcación radique la sede del órgano judicial, a los efectos oportunos.

5. Se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de esta tasa, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, se alcance una solución extrajudicial del litigio. Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación.

6. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 20 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora.

Artículo 9. Gestión de la tasa.

1. La gestión de la tasa regulada en este artículo corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa.

Artículo 10. Bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos.

Se establece una bonificación del 10 por ciento sobre la tasa por actividad judicial para los supuestos en que se utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos que originan la exigencia de la misma y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y tribunales en los términos que establezca la ley que regula las mismas.

Artículo 11. Vinculación de la tasa.

La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones dela Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Le yde Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

 

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La expropiación forzosa


La expropiación forzosa es un mecanismo consistente en la transferencia coactiva de la propiedad de un particular a la Administración Pública, o a otro particular, por razón del interés público y previo pago de una indemnización.

SUJETOS

Expropiante: titular de la potestad expropiatoria y que, según la Ley de Expropiación Forzosa, sólo corresponde al Estado, Provincia, Municipio, y a las Comunidades Autónomas.

Expropiado: titular de las cosas, derechos o intereses objeto de la expropiación. La característica más importante es que el status de expropiado no lo adquiere en virtud de ninguna cualidad ni circunstancia personal, sino como consecuencia de su relación con las cosas objeto de la expropiación.

Beneficiario: adquirente inmediato de la transmisión forzosa que se efectúa o el que, dicho de otro modo, se beneficia directamente del contenido del acto  expropiatorio cuando éste no se concreta en una transmisión de propiedad. El Reglamento lo define diciendo que es el sujeto que representa el interés público o social, para cuya realización está interesado a instar a la Administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria y que adquiere el bien o derecho expropiado.

OBJETO

Derechos e intereses patrimoniales legítimos

CAUSA

Utilidad pública o bien el interés social.

FASES

– Necesidad de ocupación de los bienes y derechos que han de ser objeto de expropiación.

– Información Pública, que se abrirá durante un plazo de 15 días, a cuyo fin cuando se trate de expropiaciones del Estado, aquella relación habrá de publicarse en el BOE y en el Boletín Oficial de la Provincia respectiva, así como en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, comunicándose, además, a los Ayuntamientos en cuyos términos radique la cosa expropiable, para que la fijen en el tablón de anuncios.

– Finalizada la información pública, se abre otro período de 29 días durante el cual la Administración examine y califica los escritos de oposición presentados e incorpora las certificaciones y documentos extendidos por el Registro de la propiedad y otras dependencias.

– La fase final, termina con el acuerdo del órgano competente, de necesidad de ocupación. Este acuerdo se ha de publicar y, además notificarse individualmente a todos los interesados en el expediente.

EL JUSTIPRECIO

El justiprecio es el importe final fijado como indemnización por la expropiación del bien o derecho.

No existe un único criterio para determinar el valor real de la cosa expropiada, que es sobre el que debe girar la indemnización final.

Si bien el valor de venta o de mercado puede considerarse el más cercano al valor real del bien o derecho expropiado, no es el único criterio que se tiene en cuenta para la determinación del importe final del justiprecio.

La capitalización de rentas reales, el valor fiscal del bien, el precio de bienes análogos o el de expropiaciones anteriores pueden ser otros de los criterios utilizados.

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Responsabilidad Patrimonial de la Administración


Responsabilidad Patrimonial de la Administración

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Elementos objetivos para la responsabilidad patrimonial de la administración

– Funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

– Producción de un daño.

– Relación de causalidad entre la acción u omisión administrativa y el perjuicio causado.

Indemnización

Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

Iniciación

Los procedimientos de responsabilidad patrimonial contra la Administración pueden iniciarse “de oficio” o por reclamación de los interesados.

Prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial de la administración

El derecho a reclamar prescribe al año contado desde que se produce el acto que da lugar a la indemnización, o desde que se manifiesten los efectos lesivos del mismo.

Resolución

La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa por lo que contra la misma es posible interponer Recurso de Reposición, o Recurso Contencioso-Administrativo. Si no recae resolución expresa, la solicitud de indemnización debe entenderse desestimada por silencio administrativo.

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Recursos administrativos


6-segurosLos recursos administrativos suponen una garantía para el ciudadano, permitiéndosele a través de los mismos alegar o discutir la validez u oportunidad de un acto o conducta administrativa ante la propia Administración autora de ese acto. Así mismo,  los recursos administrativos tienen una finalidad garantista, esto es, el recurso administrativo aparece como un privilegio de la Administración, pues con este filtro puede retrasar en su favor el enjuiciamiento por los Tribunales de sus actos y conductas.

– Actos que ponen fin  a la vía administrativa

  • Las resoluciones de los recursos de alzada.
  • Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que por ley se establezca lo contrario.
  • Las demás resoluciones cuando así se establezca por ley.
  • Los acuerdos, pactos o convenios cuando por ley se considere que ponen fin al procedimiento administrativo.

– Interposición de recursos administrativos

El escrito de interposición del recurso debe contener:

  • El nombre, apellidos del recurrente, así como del lugar que se designa a efectos de notificaciones.
  • El órgano administrativo contra el que se dirige el recurso así como el tipo de recurso que se interpone.
  • El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
  • El lugar, la fecha y la firma del recurrente.

Si el interesado se equivoca a la hora de identificar el recurso, se tramitará siempre que de su contenido se deduzca el tipo de recurso que ha querido interponer.

Tipos de Recursos

Recurso de Alzada

Recurso de Reposición

–  Recurso Extraordinario de Revisión


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El procedimiento administrativo


El Procedimiento Administrativo

Es el que regula las relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública en sus actuaciones y garantiza el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Administración.

Fases

Iniciación

– De oficio por Administración por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

– A solicitud del interesado que contenga nombre y apellidos del interesado o de su representante así como del lugar que se designa a efectos de notificaciones, hechos, razones y petición que se formula en la solicitud, el lugar y fecha, firma del solicitante y el órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

Diez días para subsanación, sino se considerará desistido.

Tramitación

Es impulsado de oficio por la Administración. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación del correspondiente acto.

Instrucción del Procedimiento

El órgano que instruya puede cuantos actos considere necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.

El interesado puede formular alegaciones y presentar los documentos que estime oportunos.

Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. Sólo podrán rechazarse las pruebas propuestas por los interesados que sean improcedentes o innecesarias y siempre mediante resolución motivada.

La Administración debe comunicar a los interesados el lugar, la fecha y la hora en que se practicará la prueba, con la indicación de que el interesado puede nombrar a técnicos que le asistan durante su realización.

Trámite de Audiencia

Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados.

Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Terminación del Procedimiento Administrativo

Modos de terminación:

– Por acuerdo entre las partes

– Por Resolución motivada, congruente con las peticiones formuladas, que contemple todas las cuestiones planteadas, y que señale los recursos de que es susceptible.

–          Por desistimiento del interesado

–          Por caducidad del procedimiento.

Ejecución

Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos.

Si el interesado no lo hace, la Administración puede proceder a la ejecución forzosa a través de diversos mecanismos.

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Derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública


Administraciones Públicas

Las Administraciones Públicas son: • La Administración General del Estado. • Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. • Las Entidades que integran la Administración Local. • Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia que dependan de cualquiera de las Administraciones Públicas también serán consideradas como Administración Pública.

Derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública

Los ciudadanos ante la Administración tenemos, entre otros, los siguientes derechos:

  • Podemos conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de nuestro procedimiento, y obtener copias de los documentos que contenga el expediente administrativo.
  • Podemos solicitar que los funcionarios responsables de la tramitación de su procedimiento que se identifiquen y exigir ser tratados con respeto.
  • Podemos obtener una copia sellada de todos los documentos que presenten e incluso solicitar la devolución de los mismos.
  • En la tramitación de los procedimientos, podemos utilizar las lenguas que sean oficiales en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma.
  • Podemos formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
  • Estos documentos y alegaciones deben ser tenidos en cuenta por el órgano administrativo al redactar la resolución.
  • Podemos obtener información y orientación sobre los requisitos de las solicitudes que deseemos formular así como acceder a los registros y archivos de las Administraciones Públicas.
  • Podemos exigir responsabilidades a las Administración Pública y a sus funcionarios.

Colaboración de los ciudadanos

Los ciudadanos están obligados a facilitar ala Administración informes, inspecciones y otros actos de investigación sólo en los casos previstos por la Ley.

Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos ala Administración actuante.

La Obligación de resolver de la Administración

La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo máximo en el que la Administración debe comunicar la resolución, viene determinado en cada caso concreto, sin que se pueda superar los 6 meses. Si no se regula el plazo máximo de resolución, éste será de 3 meses.

Prescripción de Infracciones y Sanciones

Plazos de prescripción:

–          Infracciones Leves a6 meses

–          Infracciones Graves a 2 años

–          Infracciones Muy Graves a 3 años

–          Sanciones Leves a 1 año

–          Sanciones Graves a 2 años

–          Sanciones Muy Graves a 3 años

El cómputo del plazo de prescripción se reanuda si el expediente se paraliza durante más de un mes por causa de la que no sea responsable el interesado.

El plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse a partir del día siguiente en el que adquiera firmeza la resolución administrativa que impone la sanción.

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Ley de Medidas de Agilización Procesal


El próximo día 31 de Octubre entrará en vigor la Ley de Medidas de Agilización Procesal, 37/2011 de 10 de Octubre, con el objetivo de dotar a nuestra justicia de medios modernos y eficientes.

Los datos estadísticos más recientes sobre entrada de asuntos en nuestros tribunales acreditan que en los últimos tiempos se ha producido una subida exponencial de la litigiosidad. Así, el número de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones durante el año 2009 ha tenido un crecimiento cercano al 33 % con relación al número de asuntos ingresados 10 años antes. En algunos órdenes jurisdiccionales el volumen de entrada ha sido especialmente intenso, como en el civil, que ha doblado la entrada de asuntos en esa misma década.

El sobrevenido aumento de la litigiosidad es indicativo de la confianza cada vez mayor que los ciudadanos depositan en nuestra Administración de Justicia como medio para resolver sus conflictos y pretensiones, pero al propio tiempo ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir profundas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de calidad. Este fue también el objetivo último que determinó la promulgación de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley 13/2009, de la misma fecha, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.

La Ley que ahora se presenta continúa la línea de reformas procesales iniciada con las reformas que se acaban de mencionar, tratando ahora de introducir en la legislación procesal mejoras que permitan agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías para el justiciable.

El objeto de la Ley es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo que obedecen al propósito común de suministrar a nuestros tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal. Tales medidas son de distinto signo. Unas están encaminadas a garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, como ocurre en el caso del orden penal, otras a optimizar los procedimientos, a suprimir trámites procesales innecesarios o a sustituirlos por otros más breves, y otras, en cambio, están orientadas a limitar el uso abusivo de instancias judiciales

Sus principales aspectos son:

– PROCESO CIVIL

Desahucio: Se incluye el monitorio como medio de procedimiento para el desahucio por falta de pago y se modifica el art. 440 LEC (Enervación y requerimiento)

Monitorio: Se suprime el límite de cuantía.

Tercería de dominio y mejor derecho: A partir de la entrada en vigor de la reforma se sustanciarán por los trámites del juicio verbal.

Recursos:

Apelación en el Juicio Verbal: Se excluye por cuantía hasta 3000 euros.
Desaparece la preparación de los recursos devolutivos (apelación y casación)
Recurso de Casación: Se aumenta la cuantía hasta 600.000 Euros.

Costas: Se incluye en la LEC el importe de las tasas judiciales.

– PROCESO PENAL

Se modifican preceptos de la LECRIM, respecto al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. (Competencia, derecho de defensa, juicio oral, conformidad y rebeldía).

PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO


Se reducen trámites en cuanto a la prueba.
Se limita las vistas en el procedimiento abreviado.
Los asuntos por cuantía en el procedimiento abreviado se elevan a 30.000 euros.
Se regulan las medidas cautelarísimas.
Se incluye el criterio del vencimiento en materia de costas en procedimientos en primera o única instancia.

– TASAS JUDICIALES

Se modifican las tasas del monitorio que exceda de 3000 Euros (50 euros, antes 90) y las de ejecuciones en general a ejecución extrajudiciales (se mantiene los 150 euros).

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Cancelación de antecedentes penales


Si usted ha sido condenado por Sentencia firme y extinguido su responsabilidad penal, tiene derecho a la cancelación de antecedentes penales, previo informe del Juez o Tribunal sentenciador.

1.- Requisitos.

a) Tener satisfechas las responsabilidades civiles aparejadas a la sanción, salvo insolvencia declarada por el Juez o Tribunal.

b) Transcurso de tiempo sin delinquir, desde el día siguiente al de extinción de la pena, de los siguientes plazos:

• 6 meses para las penas leves.

• 2 años para las menos graves que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes.

• 3 años para las restantes penas menos graves.

• 5 años para las penas graves.

El cómputo de estos plazos se verá interrumpido por la comisión de nuevos delitos durante su transcurso. Las anotaciones de las medidas de seguridad serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva medida.

2.- Solicitud de Cancelación de antecedentes penales

La solicitud de cancelación deberá contener los siguientes datos:

• nombre y apellidos, filiación, localidad, provincia y fecha de nacimiento, documento acreditativo de su identidad y domicilio que designan a efectos de notificación.

Para mayor brevedad en la tramitación conviene adjuntar certificad original o copia compulsada, expedido por el Juzgado o Tribunal competente que acredite el cumplimiento y extinción de las penas impuestas.

3.- Acreditación del solicitante.

Dado que las inscripciones del Registro Central de Penados no son públicas, el solicitante titular de los antecedentes cuya cancelación se pretenda deberá acreditar su identidad con la correspondiente documentación en vigor, ya sea mediante personación, por correo o mediante representante debidamente acreditado.

• Documentación a aportar:

Titular español o comunitario:

  • DNI en vigor, original o fotocopia debidamente compulsada
  • Tarjeta comunitaria en vigor o pasaporte en vigor, originales o fotocopias de los mismos debidamente compulsadas.

Titular extranjero no comunitario:

  • Tarjeta de residencia en vigor o pasaporte en vigor con visado suficiente, originales o fotocopias de los mismos debidamente compulsadas.

4.- Representación.

Caso de actuar mediante representante, tanto representante como solicitante deberán acreditar su identidad, documentándose la representación mediante poder notarial, declaración en comparecencia personal del interesado, o cualquier medio suficiente en derecho que deje constancia fidedigna de tal representación.

5.- Plazo.

El plazo para la tramitación y resolución de los expedientes de cancelación de antecedentes penales iniciados a instancia de parte es de 3 meses, según se estipula en el Real Decreto 1879/1994, de 15 de septiembre, y en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero.

La resolución le será notificada por correo a la dirección indicada en la solicitud. Transcurrido el plazo sin resolución expresa, la cancelación deberá entndere estimada.

6.- Posibles de inconvenientes derivados de la existencia de antecedentes penales.

– Impedimentos para obtener o renovar el permiso de trabajo o de residencia.

– Impedimentos para obtener o renovar el permiso de armas.

– Impedimentos para la concesión o renovación del permiso de residencia.

– Impedimentos para la realización de pruebas de acceso al empleo público.

– Impedimentos para el acceso a cualquier tipo de empleo.

* SI ESTÁ USTED INTERESADO EN QUE INICIEMOS EL PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIÓN DE SUS ANTECEDENTES PENALES CONTACTE CON NOSOTROS 

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Cancelación de Antecedentes Policiales


Si alguna vez ha sido usted detenido o identificado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la presunta comisión de una falta, delito o infracción administrativa, es posible que sus datos aparezcan en una base de datos policial y que por lo tanto usted tenga antecedentes policiales.

El derecho de acceso, información, rectificación y cancelación de estos datos, son derechos personalísimos recogidos en el Art. 104 CE y  en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de carácter persona, y desarrollados por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre.

Por tanto, el primer paso será;

1.- Averiguar si usted tiene Antecedentes Policiales.  

Para ello deberá obtener el acceso a los ficheros PERPOL (Personas de Interés Policial) y/o INTPOL (Cuerpo de la Guardia Civil).

Concedido el acceso, y por el plazo de 10 días, podrá realizar su consulta mediante visualización en pantalla; escrito, copia o fotocopia remitida por correo; telecopia o cualquier otro procedimiento adecuado a la configuración del fichero.

2.- Plazo para resolver.

La solicitud deberá ser resuelta en el plazo de un mes desde la solicitud, entendiéndose desestimada transcurrido el mismo sin respuesta, en virtud del Art. 18.1 de la LOPD. Cuando las causas de denegación de acceso sean las recogidas en los apartados 2,3 y 4 del Art. 22 de la LOPD, (peligro para la seguridad pública, infracciones penales, etc.), cabrá el recurso indirecto recogido en el Art. 23.3 ante la Agencia de Protección de Datos.

3.- Requisitos formales para el acceso.

– Solicitud dirigida al responsable del fichero en la que consten los datos personales del solicitante. (Paso 1)

– Domicilio a efectos de notificación.

– Fotocopia de DNI/ NIE o pasaporte en vigor, salvo que se haya prestado consentimiento para verificar los datos de identidad. Para los extranjeros que carezcan de NIE, fotocopia del Pasaporte en vigor.

– En caso de actuar a través de representante legal, poder de representación específico para el ejercicio del derecho de acceso.

4.- Derechos de cancelación y rectificación.

Puede ejercitar la rectificación si sus datos de carácter personal obrantes en el fichero son inexactos o incompletos.  En la solicitud del derecho de rectificación deberá indicar qué datos son erróneos y la corrección que deberá efectuarse con la documentación justificativa. Puede solicitar la cancelación por haber pasado el tiempo de prescripción o hubiera sobreseimiento de la causa, etc., o estuviese la cancelación motivada por los mismos supuestos que la rectificación. en este caso también deberá acompañar la documentación justificativa de los datos que pretende cancelar.

5.- Cuándo instar la Cancelación de Antecedentes Policiales.

Si tras su identificación o detención por la Policía por la presunta comisión de un delito falta fue dictada Sentencia absolutoria o se archivó el asunto, puede solicitarlo desde la firmeza de la Sentencia o desde el Auto de archivo. Caso de Sentencia condenatoria, podrá instarse la cancelación transcurridos 5 años desde la remisión de la pena impuesta, sin que se hayan incorporados datos desfavorables al expediente del solicitante.

Si se inició contra usted un expediente sancionador, podrá solicitar la cancelación tras cumplir la sanción o tras la prescripción de la fracción administrativa.

Si, por contra, usted fue condenado por la comisión de  un delito, podrá interesarlo cuando ya no tenga Antecedentes Penales.

6.- Quién puede cancelar los Antecedentes Policiales.

– Cancelación de oficio: teniendo en cuenta los plazos de prescripción de responsabilidad penal establecidos en el Código Penal. Es poco frecuente.

– Cancelación a instancia de parte: previa cancelación de los antecedentes penales derivados de dicha Sentencia condenatoria, en el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.

– Anulación: en todos los casos en los que la resolución adoptada por la Autoridad Judicial sea de absolución, sobreseimiento o archivo, o tras el transcurso de 5 años de la remisión definitiva de la pena impuesta.

7.- Solicitud de cancelación.

8.- Documentación a acompañar.

– Instancia de solicitud en la que se hagan constar los datos de filiación completos, el domicilio actual y en el caso de que se pretenda una cancelación y/o anulación parciales, el antecedente concreto a que se refiera la solicitud.

– Fotocopia de DNI/NIE o pasaporte en vigor, salvo que se haya prestado consentimiento para verificar los datos de identidad. Para los extranjeros que carezcan de NIE, fotocopia del Pasaporte en vigor.

– Certificado de las Autoridades Judiciales correspondientes, acreditando la resolución adoptada respecto al antecedente o antecedentes que se desean cancelar y/o anular.

– En el caso de sanciones administrativas, certificación que acredite el pago efectivo de la multa o estar exento de responsabilidad por los hechos que motivaron los antecedentes.

– En caso de actuar a través de representante legal, poder de representación específico para el ejercicio del derecho de cancelación.

– Autorización para obtener el certificado de antecedentes penales en el Registro de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.

9.- Motivos de denegación de la cancelación.

– Por estar pendiente de juicio.

– Por constar Antecedentes Penales.

– Por estar cumpliendo la suspensión de la condena de prisión impuesta.

– Por tener otras responsabilidades judiciales o administrativas pendientes.

– Por peligro para el  Estado y la seguridad pública.

 En la comunicación al interesado, se hará constar los motivos por los que se le deniega, recursos y plazos que le asisten según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

* SI ESTÁ USTED INTERESADO EN QUE INICIEMOS EL PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIÓN DE SUS ANTECEDENTES POLICIALES CONTACTE CON NOSOTROS 

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Abogados Babi Calzado, S. C.

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